El BID y el sistema financiero latinoamericano

Artículo creado por Carolina Villalba.

El sector bancario está cambiando en todo el mundo por la transnacionalización de las finanzas, los cambios en las tecnologías de la información y la creciente flexibilidad en las normas de regulación. La competencia entre los bancos aumenta; en algunos casos, los márgenes de ganancia se reducen, y en otros, crece la fusión entre las empresas. América Latina no escapa a esos cambios.

 

La importancia del sector bancario se mantiene. Puede constituir tanto una opción para fortalecer la inversión doméstica como una vía para la fuga de capitales; puede servir para apoyar actividades como el acceso a la vivienda o la reconversión industrial, pero también pueden ser meros agentes de especulación financiera. En este contexto, un reciente informe anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Desencadenar el Crédito. Cómo ampliar y estabilizar la banca, presenta el sector bancario como elemento central y aborda cuestiones como el costo, la estabilidad del crédito bancario y sus determinantes así como los riesgos subyacentes característicos de la actividad bancaria. Por lo tanto es importante revisar la situación de los bancos y abordar algunas cuestiones clave que el BID ha olvidado.
El sector bancario de América Latina continúa concentrándose, la presencia de los bancos estatales se reduce y aumenta la de empresas privadas, en especial de origen extranjero. Esta última ha aumentado sustancialmente, especialmente debido a que las reformas económicas llevadas a cabo en América Latina permitieron la apertura de la economía y sobre todo del sector financiero.

Por ejemplo, entre los diez primeros puestos de la lista de los 250 bancos más grandes de América Latina se observa que tan sólo dos son estatales; en cambio, ocho son privados, de los cuales cuatro son de origen nacional y cuatro de origen extranjeros. Según datos del BID, el 65% de los préstamos totales en moneda nacional son otorgados por filiales de bancos extranjeros.

A pesar de ello, la banca estatal sigue teniendo una presencia destacada en Latinoamérica, aunque su importancia se haya visto reducida. Los bancos públicos desarrollan en muchos casos una actividad de mayor compromiso social, ya que participan en proyectos públicos de financiamiento de sectores prioritarios de la economía -como el agro, la vivienda y el comercio exterior- en los que la banca privada se muestra más reacia a otorgar créditos. Pero desde la perspectiva ortodoxa empresarial, el eje de las evaluaciones está en las tasas de retorno y los intereses devengados, y variables como la generación del empleo pueden ser irrelevantes o incluso negativas si aumentan los costos de producción. Este problema justificaría intervenciones contrarias a las actuales, ya que se debería potenciar el crédito hacia proyectos que pueden resultar restringidos en el mercado.

A pesar de estos y otros aspectos positivos de los bancos estatales, el informe del BID ofrece una evaluación crítica. Según su análisis, los bancos estatales no desempeñan un papel útil en la expansión del crédito ni en su canalización hacia empresas pequeñas o sectores más necesitados. El BID llega a afirmar que no existen pruebas sólidas que indiquen que la presencia de los bancos estatales aumenta el crédito, a pesar de que su propio informe muestra datos de que las tasas de interés de los bancos públicos son más bajas que las de los bancos privados nacionales. Es más, luego de las crisis que han asolado a la región, se observa que la banca pública logró recomponer sus depósitos más rápidamente que los bancos privados, con lo cual se convirtió en un factor clave de recuperación. En muchos casos la gente se ha visto defraudada en esas situaciones cuando el sector bancario extranjero no respondió tal como se esperaba, sino que, la mayoría de las veces, simplemente abandonó un país cerrando sus oficinas.

Otra paradoja reveladora en el informe del BID es su crítica a medidas que ahora considera deficientes para el sector bancario, pero que antes había apoyado. Entre las medidas ahora criticadas se encuentran la dolarización financiera, la alta inflación, la excesiva toma de riesgos y las políticas comerciales restrictivas.
En la medida en que los bancos tienen las llaves de los créditos que se otorgan para los más diversos proyectos, sus decisiones tienen enormes efectos potenciales en el terreno social y ambiental. Por ejemplo, un banco puede otorgar préstamos para un emprendimiento de alto impacto ambiental si le asegura una buena rentabilidad, o puede negar fondos para una iniciativa social por el temor a que el retorno no sea el adecuado. En América Latina se han sucedido muchos ejemplos de financiamiento de emprendimientos de alto impacto social y ambiental donde los bancos que otorgaban los fondos no incorporaron ningún análisis de esos efectos. Las posturas más modernas reconocen que las evaluaciones ambientales y sociales deben ser incorporadas al estudiar un posible préstamo. La experiencia indica, incluso, que un impacto ambiental genera costos económicos que pueden poner en riesgo los emprendimientos y por lo tanto la recuperación del préstamo en sí mismo.

Varias iniciativas promueven compromisos ambientales y sociales entre los bancos, buscando determinar cuales son los “mejores proyectos” para proveer préstamos. Un ejemplo de ello son los “Principios Ecuador”, la declaración de instituciones financieras acerca del ambiente y desarrollo sostenible del PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), y la “Declaración de Collevecchio” que refleja la posición de organizaciones de la sociedad civil. Poco a poco esta visión aparece en la región; por ejemplo, los “Principios Ecuador” han sido incorporados voluntariamente por 31 bancos en todo el mundo, de los cuales 14 se desempeñan en Latinoamérica. Pero el BID no considera en su informe ninguno de estos aspectos.

Aparentemente el BID no ha estimado necesario dedicar un espacio a cuestiones como la evaluación social y ambiental de los proyectos. Tampoco apunta a establecer compromisos o códigos de conducta similares a los ya existentes, y ni siquiera manifiesta su apoyo a ninguna de las iniciativas actualmente en marcha. Por estas razones, el informe del BID no refleja adecuadamente ni la importancia ni las opciones de reforma del sector bancario para América Latina.