CODIGO PENAL

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS

CODIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS

LIBRO PRIMERO

TITULO PRELIMINAR

DE LA APLICACION DE ESTE CODIGO

ARTICULO 1o. Este Código se aplicará en el Estado de Chiapas por los delitos que se cometan en su

territorio.

De acuerdo con la competencia del órgano jurisdiccional se aplicará asimismo cuando los hechos:

I. Se preparen, inicien o ejecuten fuera del Estado, cuando produzcan efectos en éste o se pretenda que los

tengan;

II. Sean continuos, cometidos fuera del Estado, y se sigan cometiendo en esta Entidad.

Cuando entre la perpetración de delito y la extinción de la pena o medida de seguridad se pusieren en vigor

una o varias leyes aplicables al caso las autoridades competentes, de oficio estarán a lo previsto por la Ley más

favorable al reo.

ARTICULO 2o. Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en otra Ley especial, se

aplicará ésta, observando las disposiciones conducentes de este Código.

Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones. La especial prevalecerá sobre la

general, la de mayor alcance absorberá a la de menor amplitud y la principal excluirá a la subsidiaria.

TITULO PRIMERO

RESPONSABILIDAD PENAL

CAPITULO I.

REGLAS GENERALES SOBRE LOS DELITOS Y

RESPONSABILIDAD

ARTICULO 3o. Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales.

En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo,

si este tenía el deber jurídico de evitarlo; en estos casos se considerará que el resultado es consecuencia de una

conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de una

Ley, de un contrato o de su propio actuar precedente.

El delito es:

I. Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos sus

elementos constitutivos;

II. Permanente o continuo cuando la consumación se prolonga en el tiempo, y

III. Continuado, cuando con unidad de propósito delictivo y pluralidad de conductas se viola el mismo precepto

legal.

ARTICULO 4o. Las acciones u omisiones delictivas solo pueden realizarse dolosa o culposamente.

Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado

típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley, o cuando el resultado es consecuencia necesaria de la

acción u omisión realizada.

Obra culposamente el que produce, el resultado típico, que previo y confió en que no se produciría o que no

previo siendo previsible, incumpliendo un deber de cuidado que las circunstancias y condiciones personales le imponen.

ARTICULO 5o. La responsabilidad penal se limita al sujeto activo. La reparación del daño podrá trascender a

sus bienes o a los bienes de otro, según está previsto en las Leyes.

ARTICULO 6o. No es punible la impericia de quien sin profesar el arte o ciencia que es necesario conocer para

obrar, lo hace apremiado por la urgencia y gravedad del caso.

ARTICULO 7o. Todo acusado será considerado inocente mientras no se pruebe la existencia del delito que se

le imputa y que él lo cometió.

ARTICULO 8o. Cuando alguno o algunos miembros o representantes de una persona jurídica, sea una

sociedad, corporación, empresa o institución de cualquier naturaleza, cometan un delito con los medios que para tal

objeto les proporcionen las mismas entidades, se aplicarán las siguientes disposiciones:

I.- El Juez podrá decretar en la sentencia, la suspensión hasta por un año, de una o más personas jurídicas o

su disolución cuando lo estime necesario para la seguridad pública.

II.- Lo dispuesto en la fracción anterior, se aplicará cuando el delito resulte cometido a nombre o bajo el amparo

de la persona jurídica, o en beneficio de ella, e independientemente de la responsabilidad que recaiga sobre cada uno de

los que tomen parte en el hecho delictuoso; y

III.- Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo las dependencias e instituciones del estado.

ARTICULO 9o. El perdón y el consentimiento del sujeto pasivo no impiden la aplicación de las sanciones que

correspondan, salvo que se trate de delitos que solo pueden perseguirse previa querella.

CAPITULO II

PERSONAS RESPONSABLES DE LOS DELITOS

ARTICULO 10. Los delitos son imputables a los que hayan cumplido dieciocho años de edad, capaces

naturalmente para comprender el carácter ilícito de su conducta, salvo lo dispuesto en el Título Sexto, Capítulo Unico de

este Código.

ARTICULO 11. Son autores o participes del delito:

I.- Los que acuerden o preparen su realización;

II.- Los que lo realicen por sí;

III.- Los que lo realicen conjuntamente;

IV.- Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro;

V.- Los que obliguen o induzcan dolosamente a otro a cometerlo;

VI.- Los que dolosamente presten ayuda o auxilio a otro para cometerlo;

VII.- Los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente en cumplimiento de una promesa

anterior al delito; y

VIII.- Los que intervengan con otros en su comisión, aunque no conste quien de ellos produjo el resultado.

Los autores o partícipes a que se refieren el presente artículo, responderán cada uno en la medida de su

propia culpabilidad.

A los individuos a que se refieren las fracciones VI, VII y VIII, se les aplicará la punibilidad dispuesta por el

párrafo segundo del artículo 54 de éste Código.

ARTICULO 12. Si varios individuos toman parte en la comisión de un delito determinado y alguno de ellos

comete uno distinto, sin previo acuerdo con los otros, todos serán responsables de la comisión del nuevo delito, salvo

que concurran los supuestos siguientes:

I. Que el nuevo delito no sirva de medio adecuado para cometer el concertado;

II. Que aquel no sea una consecuencia necesaria o natural de este, o de los medios concertados para

cometerlo;

III. Que no hayan sabido antes que se iba a cometer el nuevo delito; y

IV. Que no hayan estado presentes en la comisión del nuevo delito, o que habiéndolo estado, hubieren hecho

cuanto estaba de su parte para impedirlo.

CAPITULO III

CAUSAS DE EXCLUSION DEL DELITO

ARTICULO 13. El delito se excluye cuando:

I.- El hecho se realice en ausencia de la voluntad del agente;

II.-

Falte alguno de los elementos del tipo penal del delito de que se trate;

III.-

Se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o

ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie

provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende.

Se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de causar daño a

quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar del agente, al de su familia, a sus

dependencias, o a los de cualquier persona que tenga la obligación de defender al sitio donde se

encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación; o bien, lo encuentre

en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de una agresión; o

cuando se cause un daño a quien forma parte de un grupo de tres o más personas cuya actitud demuestre

la inminencia de una agresión grave.

IV.-

Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de una peligro grave, real, actual

e inminente no ocasionado dolosamente por el agente, lesionando otro bien de igual o menor valor que el

salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviere el deber

jurídico de afrontarlo;

V.-

Se obre en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio legítimo de un derecho, siempre que exista

necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho, y que este último no se

realice con el solo propósito de perjudicar a otro;

VI.-

Se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado, siempre que se llenen los siguientes

requisitos:

A).- Que el bien jurídico sea disponible;

B).- Que el titular del bien tenga capacidad jurídica para disponer libremente del mismo; y

C).- Que el consentimiento sea expreso o tá cito y sin que medie ningún vicio; o bien, que el hecho se

realice en circunstancias tales que permitan fundadamente presumir que, de haberse consultado

al titular, este hubiese otorgado el mismo.

VII.- El agente, al momento de realizar el hecho típico no tuviera la capacidad de comprender el carácter ilícito

del hecho o de conducirse de acuerdo con esa comprensión en virtud de padecer trastorno mental o

desarrollo intelectual retardado, con excepción de aquellos casos en que el sujeto activo haya provocado

dolosa o culposamente dicho estado, en cuyo caso responderá por el resultado típico siempre y cuando lo

haya previsto o le fuera previsible;

VIII.-

Se realice el hecho bajo un error invencible:

A).- Respecto de alguno de los elementos objetivos esenciales que integran el tipo penal; o

B).- Respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley

o el alcance de la misma, o porque crea que está justificada su conducta.

Si el error es vencible se estará a lo dispuesto en el artículo 58 de este Código.

IX.- Atentas las circunstancias que concurren en la realización de una conducta ilícita, no sea racionalmente

exigible al agente una conducta diversa a la que realizó en virtud de no haberse podido determinar

conforme a derecho;

X.-

Se produzca un daño en la práctica de un deporte autorizado por el estado, siempre que se hayan

observado las reglas del mismo; o

XI.-

Se produzca un resultado típico por caso fortuito.

ARTICULO 14. Al que se exceda en los casos de defensa legítima, estado de necesidad, cumplimiento de un

deber o ejercicio de un derecho a que se refieren las fracciones III, IV y VI del artículo 13 se le impondrá hasta una

tercera parte de la sanción que corresponda al delito de que se trate, salvo que a favor del sujeto opere alguna otra

causa que excluya el delito.

ARTICULO 15. Las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte,

en cualquier estado del procedimiento.

TITULO SEGUNDO

PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

CAPITULO I

REGLAS GENERALES

ARTICULO 16. El órgano jurisdiccional podrá aplicar como penas y medidas de seguridad las siguientes:

I.- Prisión;

II.- Confinamiento;

III.- Prohibición de ir a determinado lugar, o de residir en él;

IV.- Sanción pecuniaria;

V.- Pérdida de los Instrumentos y objetos del delito, decomiso o destrucción de cosas peligrosas o nocivas;

VI.- Suspensión y privación de derechos y funciones;

VII.- Inhabilitación, destitución o suspensión de cargos o empleos públicos o ejercicio de profesiones,

actividades técnicas u oficios;

VIII.- Suspensión o disolución de personas jurídicas.

IX.- Amonestación;

X:- Apercibimiento;

XI.- Caución de no ofender;

XII.- Publicación especial de sentencia;

XIII.- Vigilancia de la policía;

XIV.- Tratamiento en libertad;

XV.- Semilibertad;

XVI.- Trabajo en favor de la comunidad;

XVII.- Tratamiento de inimputables permanentes y de quienes tengan el hábito de consumir estupefacientes,

psicotrópicos, bebidas embriagantes o cualquier otra sustancia (sic) tóxica;

XVIII.- Decomiso de bienes que provengan de enriquecimiento ilícito; y

XIX.- Las demás que establezcan las leyes.

ARTICULO 17. La aplicación de las penas y medidas de seguridad prescritas por este Código tienen por objeto

la ejecución en términos del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ajustándose a la

resolución judicial respectiva.

CAPITULO II

P R I S I O N

ARTICULO 18. La prisión consiste en la privación de la libertad personal. Será de tres días a cuarenta años y

se extinguirá en los lugares o establecimientos que señale el ejecutivo del Estado.

La prisión suspende e interrumpe los derechos políticos y de tutela, la curatela, apoderado, defensor, albacea,

perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebra, arbitro, arbitrador o representantes de ausentes,

en todo caso, una vez que cause ejecutoria la sentencia el órgano jurisdiccional comunicará al Registro Nacional de

Electores, la suspensión de derechos políticos impuesta al reo.

Los procesados sujetos a prisión preventiva serán recluidos en establecimientos especiales.

CAPITULO III

CONFINAMIENTO

ARTICULO 19. El confinamiento consiste en la obligación de residir en determinado lugar y no salir de él. El

Ejecutivo hará la designación del lugar, tomando en cuenta las exigencias de la tranquilidad pública, así como la salud y

las necesidades del condenado.

CAPITULO IV

PROHIBICION DE IR A DETERMINADO

LUGAR O DE RESIDIR EN EL.

ARTICULO 20. La prohibición de ir a determinado lugar o de residir en el se extenderá únicamente a aquellos

lugares en los que el sentenciado haya cometido el delito o en donde residiere el sujeto pasivo o sus familiares. El

órgano jurisdiccional fijará el tiempo que deba durar la medida, teniendo en cuenta las prevenciones del artículo anterior

en cuanto sean aplicables.

CAPITULO V

SANCION PECUNIARIA

ARTICULO 21. La sanción pecuniaria comprende la reparación del daño y la multa.

La reparación del daño que deba ser hecha por el sujeto activo, tiene carácter de sanción pública; pero cuando

la misma reparación deba exigirse a terceros, tendrá el carácter de responsabilidad civil y se tramitará conforme a las

disposiciones del Código de Procedimientos Penales.

La multa consiste en el pago al estado, de una cantidad de dinero, la cual no podrá exceder de 500 días multa,

salvo los casos que la propia ley señale. El día multa equivale a la percepción neta diaria del sentenciado en el momento

de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos.

Si el sentenciado se negare sin causa justificada a cubrir el importe de la multa, el estado le exigirá mediante el

procedimiento económico- coactivo.

ARTICULO 22. La reparación del daño comprende:

I.- La restitución de la cosa obtenida por la comisión del delito, así como de sus frutos o, en defecto de

aquella y de éstos, el pago del precio correspondiente; y

II.

La indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos curativos

que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima; y

III.-

El resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

ARTICULO 23. La reparación será fijada por el órgano jurisdiccional, según el daño que sea preciso reparar y

los perjuicios que deban resarcirse de acuerdo con las pruebas obtenidas en el proceso.

En todo proceso penal el Ministerio Público estará obligado a solicitar, en su caso, la condena en lo relativo a la

reparación del daño y el Juez a resolver lo conducente.

El incumplimiento de esta disposición será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Protección para

las Víctimas de los Delitos.

ARTICULO 24. Está n obligados a reparar el daño en los términos del párrafo segundo del artículo 22:

I. Los ascendientes por los delitos de sus descendientes que se hallaren bajo su patria potestad;

II.

Los tutores y los custodios por los delitos de los incapacitados que se hallen bajo su autoridad;

III.

Los directores de internados, colegios o talleres, que reciban en sus establecimientos discípulos o

aprendices menores de 18 años, por los delitos que cometan estos durante el tiempo que se hallen bajo

su cuidado;

IV.

Los propietarios y encargados de empresas, negociaciones o establecimientos mercantiles de cualquier

especie, por los delitos que cometan sus obreros, jornaleros, empleados domésticos o artesanos, con

motivo y en el desempeño de su servicio;

V.

Las sociedades o agrupaciones, por los delitos de sus socios, gerentes o directores, cuando actúen en

representación de éstas en los mismos términos en que conforme a las leyes que rijan aquellas

instituciones sean responsables.

Se exceptúa de esta regla a la sociedad conyugal, pues en todo caso el cónyuge responsable responderá

con los bienes a que tenga derecho en la misma, por la reparación del daño que cause;

VI.

Los propietarios o poseedores de mecanismos, instrumentos, aparatos, vehículos o sustancias peligrosas,

por la comisión de los delitos que con motivo de su tenencia, custodia o uso cometan las personas que los

manejan o tiene a su cargo:

VII.

Los propietarios o poseedores de ganado mayor, que permitan el tránsito de los semovientes en el asfalto,

terracería, calles o carreteras ubicadas en el estado, si con motivo de ello se ocasionare daños; y

VIII.

El Estado y los municipios por los delitos que sus funcionarios o empleados cometan con motivo o en el

desempeño de su servicio.

ARTICULO 25. Tienen derecho a la reparación del daño en el siguiente orden:

I.- El ofendido;

II.- En caso de fallecimiento del ofendido, el cónyuge superstite o el concubino o concubina, y los hijos

menores de edad; y

III.- A falta de éstos, los demás descendientes y ascendientes que dependieran económicamente del ofendido

al momento del fallecimiento.

ARTICULO 26. La obligación de pagar la sanción pecuniaria es preferente con respecto a cualesquiera otras

contraidas con posterioridad al delito, a excepción de las referentes a alimentos y relaciones laborales.

Cuando la reparación del daño proveniente de delito deba exigirse a terceros, tendrá el caracter de

responsabilidad civil y se tramitará en forma de incidente, en los términos que fije el propio Código de Procedimientos

Penales.

Quien se considere con derecho a la reparación del daño, que no pueda obtener ante el Juez Penal, en virtud

del no ejercicio de la acción por parte del Ministerio Público, sobreseimiento o sentencia absolutoria, podrá recurrir a la

vía civil en los términos de la legislación correspondiente.

ARTICULO 27. Cuando varias personas cometan el delito, el Juez fijará la multa para cada una de ellas, según

su participación en el hecho delictuoso y sus condiciones económicas; y en cuanto a la reparación del daño, la obligación

se considerará como mancomunada y solidaria.

ARTICULO 28. El importe de la multa se aplicará al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia; para

establecer la cuantía, el órgano jurisdiccional deberá tomar en consideración la capacidad económica del sujeto activo;

en caso de que no pudiere pagar la multa impuesta o solamente pudiera pagar una parte, la autoridad judicial podrá

sustituirla, total o parcialmente por prestación de trabajo en favor de la comunidad; el órgano ejecutor de sanciones

designará el lugar en que el sentenciado realizará las jornadas de trabajo. Cada jornada saldará un día multa y se

llevarán a cabo en los términos, condiciones y limitaciones que para la jornada extraordinaria de trabajo establece la ley

laboral. En caso de imposibilidad física justificada para efectuar algún trabajo, no se le exigirá el pago de la multa,

mientras dure tal imposibilidad.

ARTICULO 29. El pago de las sanciones pecuniarias deberá hacerse efectivo en la forma que determine la Ley

de la materia, debiendo cubrirse la reparación del daño, y se aplicará en el orden de preferencia a que se refiere el

artículo 26 de este Código. Si los beneficiarios renunciaren a la reparación, el importe se destinará al Fondo Auxiliar para

la Administración de Justicia.

ARTICULO 30. El importe de los depósitos, fianzas o cauciones que garanticen la libertad provisional se

aplicará al pago de la reparación del daño cuando el sujeto activo se sustraiga a la acción de la justicia o, en su defecto,

al hacerse efectivas, se aplicarán al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.

Cuando los artículos correspondientes se refieran a salarios, se entenderá que es el mínimo general vigente en la capital

del Estado al cometerce (sic) el delito.

CAPITULO VI

PERDIDA DE LOS INSTRUMENTOS Y OBJETOS

DEL DELITO, DECOMISO O DESTRUCCION DE

COSAS PELIGROSAS O NOCIVAS.

ARTICULO 31. El decomiso consiste en la pérdida de la propiedad o posesión de los instrumentos del delito y

de las cosas que sean objeto o productos del mismo, y procederá siempre, si aquellos son de uso prohibido, aún cuando

la sentencia fuere absolutoria.

Si son de uso lícito, se decomisarán solo cuando el delito sea doloso y el sujeto activo sea condenado.

Si pertenecen a tercera persona, el decomiso procederá cuando hayan sido utilizados para la comisión del

delito con conocimiento de su propietario o poseedor, o sean de uso prohibido, pero si el tercero no tuvo ese

conocimiento o se ignora a quien corresponden y no son de uso prohibido, al radicarse la causa penal se fijarán avisos

en los estrados del Juzgado, en los que se hará saber que quedan a disposición de la persona que tenga derecho a

reclamarlos, y solo tratándose de vehículos, los avisos se harán además en alguno medio de información nacional, los

que quedarán bajo la custodia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el almacén oficial que para su guarda se

destine.

En uno u otro caso y en los que el sujeto activo se encuentre sustraido de la acción de la justicia se ordenarán

el aseguramiento, pero si pasados seis meses contados a partir del aviso no se hiciere la reclamación o no se logra la

aprehensión, aquellos se asignarán al Supremo Tribunal de Justicia del Estado para el mejoramiento de los servicios de

la administración de justicia en el estado.

ARTICULO 32. Si los instrumentos o cosas a que se refiere la primera parte del artículo anterior, solo sirven

para comisión de hechos ilícitos, se procederá a su destrucción cuando cause ejecutoria la sentencia.

Si se tratare de substancias nocivas o peligrosas se destruirán a juicio de la autoridad que esté conociendo, la

que, cuando lo estime conveniente, podrá determinar su conservación para fines de docencia o investigación, la

autoridad podrá disponer aún antes de declararse su decomiso, estas medidas de precaución, incluyendo su destrucción

si fuere indispensable.

Fuera de este caso, si los instrumentos, cosas, objetos o productos del delito, no puedan conservarse o sean

de costoso mantenimiento, se procederá a su venta inmediata y el producto se dejará a disposición de quien acredite

tener derecho al mismo por un plazo de seis meses a partir de la notificación que se haga en los estrados del Juzgado o

en un periódico de circulación diaria, a juicio del Juez, transcurrido el cual, se aplicará definitivamente al fondo auxiliar

para la administración de justicia.

Cuando se debe devolver un bien o entregar el producto de su venta, la autoridad deducirá los gastos

ocasionados por la conservación y la venta.

CAPITULO VII

SUSPENSION Y PRIVACION DE

DERECHOS Y FUNCIONES.

ARTICULO 33. La suspensión consiste en la pérdida temporal de derechos y funciones y pueden ser de dos

clases:

I. La que por ministerio de ley resulta de una sanción como consecuencia necesaria de ella; y

II. La que por sentencia se impone como sanción.

En el primer caso, la suspensión comienza y concluye con la sanción de que es consecuencia. En el segundo,

si la suspensión se impone con otra medida privativa de libertad, comenzará al terminar esta y su duración será señalada

en la sentencia.

ARTICULO 34. La pena de prisión produce la suspensión de derechos políticos y los de tutela, curatela,

apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro,

arbitrador o representante de ausentes. La suspensión comenzará desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva y

durará todo el tiempo de la condena.

La privación es la pérdida definitiva de derechos y funciones y surtirá sus efectos desde el momento en que

cause ejecutoria la sentencia.

CAPITULO VIII

INHABILITACION, DESTITUCION O SUSPENSION DE

CARGOS O EMPLEOS PUBLICOS O EJERCICIO DE

PROFESIONES, ACTIVIDADES TECNICAS U OFICIOS.

ARTICULO 35. La inhabilitación implica una incapacidad legal temporal o definitiva para obtener o ejercer

cargos o empleos públicos, profesiones, actividades técnicas u oficios.

ARTICULO 36. La destitución de un empleo o cargo priva al sentenciado de lo que por el desempeño del

mismo debiera obtener, en cualquier sentido que fuere; y de alcanzar otro en el mismo ramo, durante un término que se

fijará en la condena y que no excederá de diez años.

ARTICULO 37. La suspensión de empleo o cargo se entiende siempre con privación de sueldo, y, si aquella

pasare de seis meses, perderá además el sentenciado sus derechos a los ascensos que le pudiere corresponder durante

la condena.

ARTICULO 38. La suspensión en el ejercicio de profesiones, actividades u oficios se regirá, en cuanto sea

aplicable, por las disposiciones del capítulo que precede.

CAPITULO IX

SUSPENSION O DISOLUCION DE SOCIEDADES.

ARTICULO 39. La suspensión o disolución de sociedades procederá cuando algún miembro o representante

de una persona jurídica, sociedad, corporación, o empresa de cualquier clase, cometa un delito, en los términos del

artículo 8o. de este Código.

CAPITULO X

AMONESTACION.

ARTICULO 40. La amonestación consiste en la advertencia que el órgano jurisdiccional dirige al sentenciado

haciéndole saber las consecuencias del delito que cometió, exhortándolo a la enmienda, apercibiéndole que se le

impondrá una sanción mayor si reincidiere. La amonestación deberá hacerla en privado.

CAPITULO XI

APERCIBIMIENTO Y CAUCION DE NO OFENDER.

ARTICULO 41. El apercibimiento consiste en la conminación que el órgano jurisdiccional hace a una persona

para que no delinca, cuando se teme con fundamento que está en disposición de cometer un delito, advirtiéndole que se

tendrá en cuenta tal conminación para que opere una agravación de la sanción que se le imponga si lo cometiere.

Cuando el órgano jurisdiccional estime que no es suficiente el apercibimiento, exigirá además al sujeto activo

caución de no ofender.

CAPITULO XII

PUBLICACION ESPECIAL DE SENTENCIA.

ARTICULO 42. La publicación especial de sentencia consiste en la inserción total o parcial de ella, en uno o

dos periódicos que circulen en la Entidad. El órgano jurisdiccional determinará la forma en que se deba hacer.

La publicación de la sentencia se hará a costa del activo, del pasivo si éste lo solicita o del Estado si el órgano

jurisdiccional lo estima necesario.

ARTICULO 43. El órgano jurisdiccional podrá, a petición y a costa del sujeto pasivo ordenar la publicación de la

sentencia en Entidad diferente o en determinado periódico.

ARTICULO 44. La publicación de sentencia se ordenará, igualmente a título de reparación y a petición del

interesado, cuando este fuere absuelto.

ARTICULO 45. Si el delito por el que se impuso la publicación de sentencia fue cometido por algún medio de

comunicación, además de la publicación a que se refieren los artículos anteriores se hará en el periódico o medio

empleado para cometer el delito, en el mismo lugar y forma.

CAPITULO XIII

VIGILANCIA DE LA POLICIA.

ARTICULO 46. La vigilancia de la policía tendrá un doble carácter:

I. La que se impone por disposición de la ley;

II. La que podrá imponerse discrecionalmente a los responsables de la comisión de los delitos de robo,

lesiones y homicidio dolosos, y a los reincidentes o habituales y en los demás casos que se señalan en este Código.

En el primer caso la duración de la vigilancia será señalada en la sentencia. En el segundo, la vigilancia

comenzará a partir del momento en que el sentenciado extinga la pena de prisión, no pudiendo exceder de tres años.

CAPITULO XIV

SEMILIBERTAD.

ARTICULO 47.- El tratamiento en libertad de imputables consiste en la aplicación de las medidas laborales,

educativas y curativas, conducentes a la readaptación social del sentenciado, bajo la orientación y cuidado de la

autoridad ejecutora.

La semilibertad implica alternación de períodos de privación de la libertad y de tratamiento de libertad. Se

aplicará, según las circunstancias del caso del siguiente modo: Externación durante la semana educativa o del trabajo;

salida de fin de semana, con reclusión durante el resto de esta; o salida diurna con reclusión nocturna.

El trabajo en favor de la comunidad, consiste en la prestación de servicios no remunerados, en instituciones

públicas, educativas o de asistencia social o en instituciones privadas asistenciales. Este trabajo se llevará a cabo en

jornadas dentro de periodos distintos al horario de las labores que representen la fuente de ingreso para la subsistencia

del sujeto y de su familia, sin que pueda exceder de la jornada extraordinaria que determine la ley laboral y bajo la

orientación y vigilancia de la autoridad ejecutora.

El trabajo en favor de la comunidad puede ser pena autónoma o sustitutivo de la prisión o de la multa.

Cada día de prisión será sustituido por una jornada de trabajo en favor de la comunidad.

La extensión de la jornada de trabajo será fijada por el Juez tomando en cuenta las circunstancias del caso.

Por ningún concepto se desarrollará este trabajo en forma que resulte degradante o humillante para el

condenado.

CAPITULO XV

TRATAMIENTO DE INIMPUTABLES

PERMANENTES Y OTROS.

ARTICULO 48. En el caso de los inimputables permanentes el órgano jurisdiccional dispondrá las medidas de

tratamiento aplicables en internamiento o en libertad, previo el procedimiento correspondiente.

Si se trata de internamiento, el sujeto inimputable permanente, será recluido en la institución correspondiente

para su tratamiento.

En el caso de que los inimputables tengan el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes, psicotrópicos,

bebidas embriagantes o cualquier otra sustancia tóxica, el órgano jurisdiccional o el encargado de ejecución de

sanciones, en su caso, ordenará también el tratamiento que proceda por parte de la autoridad sanitaria competente o de

otro servicio médico bajo la supervisión de aquella, independientemente de la prosecución del proceso o de la ejecución

de la pena impuesta por el delito cometido.

ARTICULO 49. Los inimputables permanentes podrán ser entregados por el órgano jurisdiccional o por la

autoridad ejecutora, en su caso, a quienes legalmente corresponda hacerse cargo de ellos siempre que se obliguen a

tomar las medidas ordenadas para su tratamiento y vigilancia garantizando, por cualquier medio y a satisfacción de las

mencionadas autoridades, el cumplimiento de las obligaciones contraidas.

La autoridad jurisdiccional o ejecutora podrá resolver sobre la modificación o conclusión de las medidas en

forma provisional o definitiva, considerando las necesidades del tratamiento, las que se acreditarán mediante revisiones

periódicas, con la frecuencia o característica del caso.

ARTICULO 50. En ningún caso la medida de tratamiento impuesta por el órgano jurisdiccional excederá de la

duración que corresponda al máximo de la pena aplicable al delito. Si concluido ese tiempo, la autoridad ejecutora

considera que el sujeto continúa necesitando el tratamiento, lo pondrá a disposición de las autoridades sanitarias para

que procedan conforme a las leyes aplicables.

CAPITULO XVI

DE LAS OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

ARTICULO 51. Respecto a las demás medidas de seguridad, para su aplicación, circunstancias en que se

hagan efectivas y duración, regirán las disposiciones comprendidas en capítulos especiales de este Código, teniendo en

cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del sujeto activo.

TITULO TERCERO

APLICACION DE LAS SANCIONES

CAPITULO I

REGLAS GENERALES.

ARTICULO 52. El órgano jurisdiccional fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y

procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la gravedad del ilícito y el grado de

culpabilidad del agente, teniendo en cuenta:

I.- La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro a que hubiere sido expuesto;

II.- La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla;

III.- Las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión del hecho realizado;

IV.- La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito, así como su calidad y la de la

víctima u ofendido;

V.- La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y económicas del sujeto, así

como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado perteneciere a un

Pueblo Indígena se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres;

Vi.- El comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido; y

VII.- Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de la

comisión del delito, siempre y cuando sean relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su

conducta a las exigencias de la norma.

ARTICULO 53. No es imputable al sujeto activo el aumento de gravedad proveniente de circunstancias

particulares del sujeto pasivo, si la ignoraba al cometer el delito.

Cuando el imputado, con motivo de la comisión del delito hubiere sufrido consecuencias graves en su persona,

que hicieren notoriamente innecesaria e irracional la imposición de una pena privativa o restrictiva de libertad el órgano

jurisdiccional oyendo el parecer del Procurador General de Justicia del Estado, al dictar sentencia podrá otorgar perdón

solo por lo que respecta a las penas mencionadas en este artículo.

ARTICULO 54. Las circunstancias calificativas o modificativas de la sanción penal que tienen relación con el

hecho u omisión sancionados, aprovechan o perjudican a todos los que intervengan en cualquier grado en la comisión

del delito, siempre que tengan conocimiento de ellas.

En los casos previstos por las fracciones VI, VII y VIII del artículo 11, se impondrá como pena hasta las tres

cuartas partes de la correspondiente al delito de que se trate y, en su caso, de acuerdo con la modalidad respectiva.

ARTICULO 55. Cuando este Código prevea la disminución o el aumento de una pena con referencia a otra, la

pena se fijará aplicando la disminución o el aumento de los términos mínimos y máximos de la punibilidad que sirva

como referencia.

ARTICULO 56. Cuando una Ley quite a un hecho u omisión el carácter de delito que la Ley anterior le daba, se

pondrá en absoluta libertad a los sujetos activos a quienes se esté juzgando y a los sentenciados que se hallen

cumpliendo o vayan a cumplir su sanción, y cesarán de derecho todos los efectos que debieran producir en lo futuro las

resoluciones pronunciadas en su detrimento.

ARTICULO 57. Siempre que con un solo acto ejecutado o con una omisión, se violen varias disposiciones

penales que señalen sanciones diversas, se aplicará la del delito que merezca pena mayor, la cual podrá aumentarse

hasta una mitad más del máximo de su duración.

ARTICULO 58. Cuando un delito pueda ser considerado bajo dos o más aspectos y cada uno de ellos merezca

una sanción diversa, se impondrá la mayor.

Cuando el hecho se realice por persona o personas quienes por error, ignorancia sobre la existencia de la Ley

Penal o del alcance de ésta, en razón del extremo atraso cultural y el aislamiento social del sujeto, o al amparo de

prácticas, tradiciones, o gestiones comunitarias, se le podrá imponer hasta la cuarta parte de la correspondiente al delito

de que se trate.

ARTICULO 58 BIS.- Cuando un servidor o exservidor público de una corporación policial, participe en la

comisión de alguno de los delitos señalados en los artículos 123, 148, 149, 151, 157, 177, 184, 190, y 198, la pena se

aumentará en una mitad más de las penas previstas en cada uno de ellos.

CAPITULO II

SANCIONES EN CASO DE TENTATIVA.

ARTICULO 59. La tentativa consiste en la resolución de cometer un delito, exteriorizada en la ejecución de

todos o parte de los actos que deberían producir como resultado el mismo u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel

no se produce por causas ajenas a la voluntad del agente.

La pena o medida de seguridad aplicable por la tentativa será de hasta las dos terceras partes de la que

correspondería si el delito que el agente quiso realizar se hubiere consumado.

No será punible la tentativa, cuando el delito no se pudiere consumar por inidoneidad de los medios o por

inexistencia del bien jurídico tutelado o del objeto material a no ser que se trate de la tentativa de los delitos contra la

vida y la salud personal.

Si el sujeto espontáneamente desiste de la ejecución o impide la consumación del delito, no se impondrá pena

o medida de seguridad alguna por lo que a este se refiere, salvo que los actos ejecutados u omitidos constituyan por si

mismos delito, en cuyo caso se le impondrá la pena o medida de seguridad que corresponda.

Para sancionar la tentativa el órgano jurisdiccional tomará en cuenta, además de lo previsto en el artículo 52 de

este Código, el mayor o menor grado a que se llegó en la ejecución del delito y la magnitud del peligro producido o no

evitado al bien jurídico protegido.

ARTICULO 60. Cuando en los casos de tentativa no fuere posible determinar el daño que se pretendió causar,

se impondrán de tres meses a cinco años de prisión y hasta cincuenta días multa, según proceda.

CAPITULO III

SANCIONES A LOS DELITOS CULPOSOS

ARTICULO 61. Los delitos de imprudencia se sancionarán con prisión de tres días a ocho años, multa hasta de

cinco días de salario y podrá, además, decretarse suspensión hasta por cinco años para ejercer profesión u oficio, o

privación definitiva de este derecho. En ningún caso la pena, con excepción de la reparadora del daño, podrá exceder

de las tres cuartas partes de la fijada como máximo para el delito doloso.

Cuando a consecuencia de actos u omisiones culposos calificados como graves, que sean imputables al

personal que preste sus servicios de transporte de servicio público, se cause más de un homicidio o concurra este con

lesiones que pongan en peligro la vida, la prisión será de cinco a veinte años, sin perjuicio de las penas de privación de

derechos establecidos en el párrafo anterior. También serán aplicables las penas que establece este párrafo cuando

tratándose de un vehículo que no sea de servicio público, su conductor cause los daños mencionados anteriormente,

encontrándose en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes u otras sustancias (sic) que produzcan efectos

similares.

No se impondrá pena alguna a quien por culpa en el manejo de vehículo en que viaje en compañía de alguno o

algunos de sus ascendientes, descendientes, hermanos, cónyuge, concubina o concubinario, ocasione homicidio o

lesiones a uno o más de estos, siempre que no se encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes u

otra sustancia (sic) que produzcan efectos similares.

ARTICULO 62. Se aplicará únicamente la multa señalada en el artículo anterior y solo se actuará a petición del

ofendido:

I. Cuando el acto culposo origine únicamente daño en propiedad ajena, cualquiera que sea el valor del daño;

II. Cuando por culpa y con motivo del tránsito de vehículos se causen lesiones que no pongan en peligro la vida

y tarden en sanar menos o más de quince días, no dejen cicatriz en la cara perpetuamente notable o se cause daño en

propiedad ajena, cualquiera que sea su valor, siempre que dicho sujeto activo no se hubiere encontrado en estado de

ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes u otra substancia que produzca efectos similares.

Al propietario, poseedor, administrador o encargado de una finca rústica o urbana que permita que los

semovientes a su cuidado permanezcan o transiten en las arterias de circulación ubicadas dentro del Estado, se le

impondrá de uno a tres años de prisión, independientemente de los daños que se ocasionen por la culpa antes señalada.

Para determinar la aplicación de las sanciones en los casos a que se refiere el presente artículo el órgano de

sentencia tomará en consideración las características previstas en el artículo 52.

CAPITULO IV

SANCIONES PARA LOS DELITOS

PRETERINTENCIONALES.

ARTICULO 63.- Derogado.

CAPITULO V

ACUMULACION

ARTICULO 64. Hay acumulación siempre que alguno es juzgado a la vez por varios delitos, ejecutados en

actos distintos, si no se ha pronunciado antes sentencia ejecutoria respecto de alguno de ellos y la acción para

perseguirlos no está prescrita.

ARTICULO 65. No hay acumulación cuando los hechos constituyen un delito continuo aquel en que se

prolongue, sin interrupción, por más o menos tiempo, la acción u omisión que lo constituya.

ARTICULO 66. En caso de acumulación, teniendo en cuenta las circunstancias del artículo 52 se impondrá la

sanción del delito mayor o la de cualquiera de los delitos cometidos si todos tuvieren señaladas sanciones iguales. En

uno y en otro caso la sanción podrá aumentarse hasta la suma de los demás delitos, sin que la sanción privativa de

libertad pueda exceder de cuarenta años.

CAPITULO VI

SANCIONES A LOS REINCIDENTES.

ARTICULO 67. Será sancionado con agravantes quien cometa un delito a pesar del apercibimiento que se le

haya hecho de que se abstenga de cometerlo. El apercibimiento consiste en la advertencia que hace el órgano

jurisdiccional o el Ministerio Público a una persona, para que se abstenga de cometerlo. Este apercibimiento deberá

constar por escrito. Asimismo habrá reincidencia siempre que el sujeto activo condenado por sentencia ejecutoriada

dictada por cualquier órgano jurisdiccional competente, cometa otro delito, si no ha transcurrido desde el cumplimiento

de la condena o el indulto de la misma, un término igual al de la prescripción de la pena, salvo las excepciones fijadas en

la ley.

ARTICULO 68. La condena señalada por sentencia ejecutoria dictada por órgano jurisdiccional que no sea del

Estado, se tendrá en cuenta si proviniere de un delito que tenga ese carácter en este Código.

ARTICULO 69. Si el reincidente en el mismo tipo de ilícito comete otro diverso, será considerado como

habitual, siempre que los tres delitos se hayan cometido en un período que no exceda de veinte años.

ARTICULO 70. En las prevenciones de los artículos anteriores se comprenden los casos en que en uno solo de

los delitos o en todos exista tentativa, sea cual fuere el carácter con que intervenga el sujeto activo.

ARTICULO 71. A los reincidentes se les aplicará la sanción que debería imponérseles por el último delito

cometido, aumentada desde un tercio hasta dos tercios de su duración, a juicio del órgano jurisdiccional, quien tendrá

facultad para cambiar en su caso la reclusión por confinamiento. Si la reincidencia fuera respecto de ilícitos de la misma

especie, el aumento será desde dos tercios hasta otro tanto de la duración de la sanción.

ARTICULO 72. La sanción correspondiente a los sujetos activos habituales será el doble de la que conforme al

artículo anterior corresponda a los simples reincidentes.

CAPITULO VII

RECLUSION PARA ENFERMOS MENTALES Y

SORDOMUDOS.

ARTICULO 73. Además de las prevenciones hechas en los artículos 49, 50 y 51 de este Código, el órgano

jurisdiccional y ejecutor deberán tomar en cuenta:

I. A los sordomudos que hayan ejecutado hechos o incurrido en omisiones establecidos como delitos, se les

recluirá en escuela o establecimiento especial para sordomudos o en su defecto en el establecimiento que designe el

Ejecutivo del Estado, por todo el tiempo que fuere necesario para su educación o instrucción.

II. Los enfermos mentales que hayan ejecutado actos o incurrido en omisiones definidos como delitos, serán

recluidos en establecimientos especiales por todo el tiempo necesario para su curación y sometidos, con autorización de

facultativo, a un régimen de trabajo.

En igual forma, procederá el órgano jurisdiccional con los procesados o sentenciados que se encuentren en

alguno de los estados a que se refiere el párrafo que antecede, haciéndolo de acuerdo con lo que disponga el Código de

Procedimientos Penales. De la misma manera procederá la autoridad encargada de la ejecución de sentencia, en los

casos en que los sentenciados enfermen mentalmente durante el tiempo en que estén sujetos a sanción privativa de

libertad.

III. En los casos previstos en este capítulo, las personas o enfermos a quienes se aplique reclusión, podrán ser

entregados a quienes corresponda hacerse cargo de ellos, siempre que se otorgue fianza, depósito o hipoteca hasta por

la cantidad de cien veces el salario, a juicio del órgano jurisdiccional, para garantizar el daño que pudieren causar tales

personas por no haberse tomado las precauciones necesarias para su vigilancia.

Cuando el órgano jurisdiccional estime que ni aun con la garantía queda asegurado el interés de la sociedad,

aquellos seguirán en el establecimiento especial en que estuvieren recluidos.

CAPITULO VIII

SUBSTITUCION Y CONMUTACION DE SANCIONES

ARTICULO 74. La prisión podrá ser sustituida, a juicio del Juzgador, al dictar sentencia definitiva, apreciando lo

dispuesto en el artículo 52 en los términos siguientes:

I.- Por tratamiento en libertad, si la prisión no excede de cuatro años.

II.- Por trabajo en favor de la comunidad o semilibertad, cuando la pena impuesta no exceda de cinco años.

III.- Por multa, si la prisión no excede de dos años.

La multa en ningún caso excederá del equivalente a quinientos días de salario.

La duración del tratamiento en libertad y semilibertad no podrá exceder de la correspondiente a la pena de

prisión sustituida.

Para la operancia del sustitutivo de trabajo en favor de la comunidad, será necesario que el sentenciado opte

por este y acredite la disponibilidad de la institución donde prestará sus servicios.

ARTICULO 75. Para la procedencia de la sustitución y la conmutación deberán concurrir los requisitos

siguientes:

I.- Que el sentenciado hubiera observado buena conducta positiva, antes y después del delito;

II.- Que sea la primera vez que haya delinquido;

III.- Que haya pagado la reparación del daño y la multa, si hubiere sido condenado a ello;

IV.- Que no se trate de delito grave; y

V.- Cumpla con las condiciones a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 85 de esta Ley.

ARTICULO 76. El Juez dejará sin efecto la sustitución decretada y ordenará que se ejecute la pena de prisión

impuesta, cuando el sentenciado no cumpla con las condiciones que le fueron señaladas; para ello, se oirá al Ministerio

Público, salvo que el juzgador estime conveniente apercibirlo de que si incurre en nuevo delito, se hará efectiva la

sanción sustituida o cuando al sentenciado se le condene por otro delito. Si el nuevo delito es culposo, el juez resolverá

si se debe aplicar la pena sustituida.

En caso de hacerse efectiva la pena de prisión sustituida, se tomará en cuenta el tiempo durante el cual el reo

hubiera cumplido la sanción sustitutiva.

ARTICULO 77.- El Ejecutivo, tratándose de delitos políticos, podrá hacer la conmutación de sanciones después

de impuestas en sentencia irrevocable, conforme a las siguientes reglas:

I.- Cuando la sanción impuesta sea la de prisión, se conmutará por confinamiento por un término igual al de

los dos tercios del que debería durar la prisión, y

II.-

Si fuere la de confinamiento, se conmutará por multa, a razón de un día de aquel por un día de multa.

ARTICULO 78. El reo que considere que al dictarse sentencia reunía las condiciones para obtener la

sustitución o conmutación de la sanción y que por inadvertencia de su parte o del juzgador no le hubiere sido otorgada,

podrá promover ante este que se le conceda, abriéndose el incidente respectivo en los términos que señala el Código de

Procedimientos Penales para los incidentes no especificados.

Cuando el reo acredite plenamente que no puede cumplir alguna de las modalidades de la sanción que le fue

impuesta por ser incompatible con su edad, sexo, o constitución física, el Ejecutivo del Estado podrá modificarla siempre

que la modificación no sea esencial.

ARTICULO 79. Con los recursos que obtenga el Estado de acuerdo con el artículo 29 se creará un fondo

común para satisfacer la reparación del daño que no puede ser pagada por el sentenciado.

TITULO CUARTO

EJECUCION DE SENTENCIAS

CAPITULO I

EJECUCION DE LA SENTENCIA

ARTICULO 80. Corresponde al Ejecutivo del Estado la ejecución de las sentencias definitivas dictadas, en la

forma y términos de la Ley Reglamentaria respectiva.

ARTICULO 81. Cuando el sentenciado falleciere al estar cumpliendo una sanción privativa de libertad, y no

tuviere herederos, cualquier cantidad de dinero que tuviera como producto de su trabajo o por otro concepto, se aplicará

al fondo para el pago de la reparación del daño a que se refiere el artículo 29 de este Código.

CAPITULO II

LIBERTAD PREPARATORIA

ARTICULO 82. El beneficio de la libertad preparatoria al sentenciado se concederá en la forma y términos que

establece la Ley Reglamentaria respectiva.

ARTICULO 83. La libertad preparatoria no se concederá a los reincidentes ni a los habituales.

CAPITULO III

CONDENA CONDICIONAL.

ARTICULO 84. Queda a juicio del órgano jurisdiccional, la facultad de suspender la ejecución de la pena de

prisión impuesta en la sentencia, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

I. Que el procesado hubiere observado buena conducta antes y después del hecho punible;

II. Que la pena impuesta sea privativa de libertad por un tiempo que no exceda de cuatro años;

III. Que sea la primera vez que el sentenciado haya incurrido en delito doloso; y

IV. Que haya pagado la reparación del daño y la multa, si hubiere sido condenado a ello.

ARTICULO 85. Para que la suspensión de la ejecución de la sentencia surta sus efectos, el sujeto activo

deberá:

I.- Otorgar caución a juicio del órgano jurisdiccional, para garantizar que se presentará ante éste cada vez

que sea requerido y cuando menos cada tres meses;

II.- Residir dentro del Estado e informar al Juez sobre cualquier cambio de residencia;

III.- Asegurar que desarrollará una ocupación lícita dentro del plazo que se le fije, y que se abstendrá de

causar molestias al ofendido o a sus familiares; y

IV.- Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de estupefacientes, psicotrópicos u otras

sustancias que produzcan efectos similares, salvo que lo haga por prescripción médica.

Si dentro del plazo de quince días el sentenciado no otorga la fianza que le haya fijado el órgano jurisdiccional,

se procederá a la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de que esta sea suspendida si se satisface el requisito de

referencia.

ARTICULO 86. Si dentro del término de duración de la pena impuesta desde la fecha en que el sentenciado

obtuvo el beneficio de la condena condicional, no diere lugar a un nuevo proceso por delito doloso que concluya con

sentencia condenatoria, se considerará extinguida la pena fijada en aquella; en caso contrario, se hará efectiva la

primera sentencia, además de la segunda, en la que el sujeto activo será considerado como reincidente. Tratándose de

delito culposo, el Juez resolverá motivada y fundadamente si debe aplicarse o no la pena suspendida.

ARTICULO 87. A los sujetos activos a quienes se conceda el beneficio de la condena condicional se les hará

saber lo dispuesto en el artículo anterior, lo que se asentará en diligencia formal, sin que la falta de ésta impida en su

caso la aplicación de lo prevenido en el mismo.

ARTICULO 88. En caso de haberse nombrado fiador, la obligación contraida por este, concluirá al transcurrir el

término a que se refiere el artículo 86.

Si el sujeto activo, durante el término a que se refiere dicho precepto, fuere sentenciado condenatoriamente por

la comisión de un nuevo delito doloso, de pleno derecho se considerará cancelada la fianza al ponerse en ejecución la

sentencia que se hallaba suspendida.

ARTICULO 89. Para la aplicación de los artículos 86 y 88 se tendrá presente lo siguiente: Si el agraciado con la

condena condicional fuere nuevamente procesado, y al concluirse el plazo a que dichos artículos se refieren el proceso

no estuviere concluido, el plazo de referencia se tendrá por prorrogado hasta que se pronuncie sentencia irrevocable.

ARTICULO 90. Cuando el fiador tenga motivos fundados para no continuar desempeñando el cargo, los

expondrá al órgano jurisdiccional con el objeto de que éste prevenga al sentenciado que presente nuevo fiador dentro del

plazo de quince días, apercibido de que se hará efectiva la sentencia, en caso de no presentarlo.

En caso de muerte o insolvencia del fiador, estará obligado el sentenciado a poner el hecho en conocimiento

del órgano jurisdiccional para el efecto y apercibimiento que se expresa en el párrafo anterior, salvo que el sentenciado

haya cubierto para entonces la reparación del daño.

ARTICULO 91. En caso de falta de cumplimiento de las obligaciones contraidas por el condenado, conforme al

artículo 85 de este Código, el Juez podrá hacer efectiva la pena de prisión suspendida o apercibirlo de que, si vuelve a

faltar a alguna de las condiciones fijadas, se hará efectiva la prisión.

ARTICULO 92. El órgano jurisdiccional, al pronunciar la sentencia definitiva declarará, en su caso, si concede o

no el beneficio de la condena condicional. Si por inadvertencia del sujeto activo, o de los tribunales, no se hubiere

resuelto sobre el particular, el sentenciado podrá promover que se le conceda, abriendo el incidente respectivo ante el

Juez o Tribunal de la causa, así como lo correspondiente a la naturaleza de la fianza, término y forma de su

otorgamiento.

Si el sentenciado se acoge a la condena condicional se le concederá inmediatamente, aunque la sentencia no

haya causado ejecutoria.

TITULO QUINTO

EXTINCION DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

CAPITULO I

MUERTE DEL SUJETO ACTIVO

ARTICULO 93. La muerte del sujeto activo extingue la acción penal y las sanciones que se le hubieren

impuesto, a excepción de la reparación del daño y las del decomiso o destrucción de los instrumentos con que se

cometió el delito.

CAPITULO II

AMNISTIA.

ARTICULO 94. La amnistía extingue la acción penal y las sanciones impuestas, excepto la reparación del

daño, en los términos de la Ley que se dictare concediéndola.

La amnistía beneficiará a todos los responsables del delito.

CAPITULO III

PERDON DEL OFENDIDO O LEGITIMADO PARA OTORGARLO.

ARTICULO 95. El perdón solo puede ser otorgado por el ofendido o por el legitimado para ello y una vez

concedido no podrá revocarse.

El Gobernador del Estado, sujetándose a lo dispuesto por el Título Séptimo, Capítulo III del Código de

Procedimientos Penales, podrá conceder el beneficio del perdón.

El perdón extingue la acción penal cuando concurran los siguientes requisitos:

I. Que el delito no se pueda perseguir sin previa querella, exceptuándose los casos en que el ejecutivo otorgue

el beneficio del perdón.

II. Que el perdón se conceda en cualquier etapa del procedimiento hasta antes de que cause ejecutoria la

sentencia.

III. Que se otorgue por el sujeto pasivo o su legítimo representante con facultades para ello o, en su defecto,

por tutor especial designado en los términos del Código Civil.

Cuando el perdón se otorgue por el representante legal de un menor de edad o incapacitado, el juez podrá a su

prudente arbitrio concederle o no eficacia y en caso de no aceptarlo, seguirá la causa.

El perdón solo beneficia al imputado en cuyo favor se otorga, a menos de que el ofendido hubiese obtenido la

satisfacción de sus intereses o derechos, caso en el cual beneficiará a todos los imputables y al encubridor.

CAPITULO IV

AMNISTIA Y LIBERTAD CON SUSPENSION DE PROCEDIMIENTO O SENTENCIA

ARTICULO 96. El Gobernador del Estado podrá iniciar Leyes sobre amnistía o Libertad con Sentencia

Suspendida.

ARTICULO 97. El Gobernador podrá Decretar la Libertad con Suspensión del Procedimiento o la Libertad con

Sentencia Suspendida, a solicitud que le formule el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

ARTICULO 98. Sin perjuicio de lo que dispongan las Leyes aplicables, en los delitos políticos y para los efectos

del Artículo 96, El Ejecutivo del Estado, podrá tomar en consideración las solicitudes que le formule la mayoría del

Congreso del Estado.

ARTICULO 99. Los beneficios derivados de los artículos de este capítulo, en ningún caso extinguirán la

obligación de reparar el daño causado excepto en el caso del artículo 98 de este propio ordenamiento.

CAPITULO V

REHABILITACION.

ARTICULO 100. La rehabilitación tiene por objeto reintegrar al sentenciado en el goce de sus derechos civiles,

políticos o de familia que hubiere perdido en virtud de sentencia ejecutoria y reintegrarlo en el desempeño de una

profesión, cargo o empleo de que también hubiese sido privado o en cuyo ejercicio esté suspenso.

La rehabilitación no extingue la acción penal, sino solo el derecho de ejecución.

CAPITULO VI

PRESCRIPCION.

ARTICULO. 101. La prescripción es personal y extingue la acción penal y las sanciones impuestas. Para ello

bastará el simple transcurso del tiempo señalado por la Ley.

La prescripción producirá efectos aunque no la alege(sic) el sujeto activo. El órgano jurisdiccional la declarará

de oficio en todo caso, tan luego como tenga conocimiento de ella, sea cual fuere el estado del proceso.

ARTICULO 102. En el caso de inimputables la medida de seguridad impuesta prescribirá en un término igual al

de su duración más una cuarta parte.

ARTICULO 103. Los términos para la prescripción de la acción penal serán continuos y comenzarán a correr

desde el día en que se cometió el delito, si fuere consumado; desde que cesó, si fuere continuo; o desde el día en que

se hubiere realizado el último acto de ejecución, si se tratare de tentativa.

ARTICULO 104. Los términos para la prescripción de las sanciones serán igualmente continuos y se iniciarán

desde el día siguiente a aquel en que el sujeto activo se sustraiga de la acción de la autoridad, si las sanciones son

corporales, y si no lo son, desde la fecha en que causó ejecutoria la sentencia.

ARTICULO 105. La acción penal prescribe en un año si el delito solo mereciere multa; si el delito mereciere

además sanción corporal o esta fuere alternativa, se estará en todo caso a los términos de la prescripción de la sanción

corporal; lo mismo se observará cuando corresponda a alguna otra sanción accesoria.

Si el delito solo mereciere destitución, suspensión, privación de derechos o inhabilitación la prescripción se

consumará en el término de dos años.

ARTICULO 106. La acción penal que nazca de un delito sea o no continuo, que solo pueda perseguirse por

querella de parte, prescribirá en un año contando desde el día que el sujeto pasivo tenga conocimiento del ilícito y sujeto

activo, y en tres años, independientemente de estas circunstancias; pero si llenado el requisito inicial de la querella, ya

se hubiese ejercitado la acción penal ante los órganos jurisdiccionales, se observarán las reglas señaladas por la Ley

para los delitos que se persiguen de oficio.

ARTICULO 107. Cuando haya acumulación de delitos, la acción penal que de ello resulte, prescribirá cuando

prescriba el de mayor punibilidad.

ARTICULO 108. Cuando para deducir la acción penal sea necesario que antes se termine un juicio penal

diverso, no comenzará a correr el término para la prescripción sino hasta que en el juicio previo se haya pronunciado

sentencia irrevocable.

ARTICULO 109. La prescripción de la acción penal se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen en

averiguación del delito, aunque por ignorarse quienes sean los sujetos activos no se practiquen las diligencias contra

persona o personas determinadas.

Si se dejare de actuar, la prescripción comenzará a contarse de nuevo desde el día siguiente al de la última

diligencia.

ARTICULO 110. Las prevenciones contenidas en el artículo anterior no comprenden el caso en que las

actuaciones se practiquen después de que haya transcurrido la mitad del lapso necesario para la prescripción, pues

entonces esta no se interrumpirá sino con la aprehensión del inculpado.

ARTICULO 111. Si para deducir una acción penal exigiere la Ley previa declaración de alguna autoridad, las

gestiones que a ese fin se practiquen antes del término señalado en el artículo precedente, interrumpirá la prescripción.

ARTICULO 112. Cuando el sentenciado hubiere extinguido ya una parte de la sanción, se necesitará para la

prescripción tanto tiempo como el que falte para la compurgación de aquélla.

ARTICULO 113. La prescripción de las sanciones corporales se interrumpen con la aprehensión del prófugo.

La prescripción de las sanciones pecuniarias prescriben en un año desde que causó ejecutoria la sentencia y

solo se interrumpe por el embargo de bienes para hacerlas efectivas.

La privación de derechos civiles y políticos prescribirá en dos años.

ARTICULO 114. Para la prescripción de la acción penal, se tendrá como base el término medio aritmético de la

sanción que corresponda al delito de que se trate, pero nunca será inferior a un año.

La prescripción no operará cuando el procesado se encuentre sub-judice.

Las sanciones privativas de libertad prescribirán por el transcurso de un término igual al de su duración.

TITULO SEXTO

DELINCUENCIA DE MENORES

CAPITULO UNICO

DE LOS MENORES

ARTICULO 115. A las personas menores de 18 años de edad, que hayan incurrido en actos u omisiones

previstas en las leyes penales, se les sujetará al tratamiento que determine la ley correspondiente.

L I B R O S E G U N D O

TITULO PRIMERO

DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL.

CAPITULO I

LESIONES.

ARTICULO 116. Comete el delito de lesiones el que cause a otra persona cualquier alteración en su estado de

salud, independientemente del medio empleado.

ARTICULO 117. Al que infiera una lesión que no ponga en peligro la vida y tarde en sanar quince días o

menos, se le impondrá sanción de tres días a cuatro meses de prisión, o multa de hasta cinco días de salario o ambas

sanciones a criterio del órgano jurisdiccional. Si tarda en sanar más de quince días se le impondrá de cuatro meses a

tres años de prisión y multa hasta de diez días de salario.

Las conductas a que se refiere este artículo, solo se perseguirán previa querella.

ARTICULO 118. Se impondrá de tres a siete años de prisión y multa de diez a cincuenta días de salario al que

infiera una lesión que deje al sujeto pasivo:

I. Cicatriz en parte visible de la cara, permanentemente notable; y

II. Perturbación de las funciones orgánicas.

ARTICULO 119. La sanción será de tres a nueve años de prisión y multa de veinte a sesenta días de salario, si

la lesión deja al ofendido:

I. Enfermedad mental o corporal incurable;

II. Pérdida o inutilización de un miembro, sentido o función;

III. Pérdida permanente del uso de la palabra;

IV. Deformidad incorregible;

V. Incapacidad para el trabajo que regularmente desempeña; y

VI. Pérdida de la capacidad para engendrar o concebir.

ARTICULO. 120. Al responsable del delito de lesiones que ponga en peligro la vida se le impondrá prisión de

tres a siete años y multa de veinte a sesenta días de salario, sin perjuicio de las sanciones que le correspondan

conforme a los artículos anteriores.

ARTICULO 121. Cuando las lesiones sean calificadas, se aumentará de dos meses a dos años la sanción que

le correspondería de acuerdo con los artículos a que se refieren las lesiones simples.

ARTICULO 122. Si el ofendido fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, concubina o concubinario, del autor

de las lesiones, y estas fueren causadas dolosamente, se aumentará hasta una mitad más de la sanción que le

corresponde a la lesión inferida.

Si las lesiones son inferidas a un menor de doce años o incapaz sujeto a la patria potestad, tutela o custodia

del autor, además de las penas que le correspondan por la lesión producida se privará al delincuente de esa potestad,

tutela o custodia.

No será punible el acto cuando involuntariamente infieran lesiones que tarden menos de quince días en sanar,

como consecuencia del ejercicio en el derecho de corrección de quienes están facultados a hacerlo en estricta necesidad

para la formación del pasivo y la prudencia que debe observar el responsable.

CAPITULO II

H O M I C I D I O

ARTICULO 123. Al que prive de la vida a otra persona, se le impondrá prisión de ocho a veinte años.

ARTICULO 124. Para la aplicación de las sanciones que corresponda a un homicidio simple, no se tendrá

como mortal una lesión, sino cuando se verifiquen las tres circunstancias siguientes:

I.- Que la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, a

alguna de sus consecuencias inmediatas o a complicaciones determinadas por la misma lesión y que no pudo

combatirse, ya sea por ser incurable, ya por no tener al alcance los recursos necesarios;

II.- Que la muerte del ofendido ocurra dentro de sesenta días contados desde que fue lesionado; y

III.- Que si se encuentra el cadáver, declaren dos peritos, después de hacer la necropsia, que la lesión fue

mortal, sujetándose para ello a las reglas contenidas en este artículo, en los dos siguientes y en el Código de

Procedimientos Penales.

ARTICULO 125. Siempre que se verifiquen las tres circunstancias del artículo anterior, se tendrá como mortal

una lesión aunque se pruebe:

I.- Que se habría evitado la muerte con auxilios oportunos;

II.- Que la lesión no habría sido mortal en otra persona; o

III.- Que fue a causa de la constitución física del sujeto pasivo o de las circunstancias en que recibió la lesión.

ARTICULO 126. No se tendrá como mortal una lesión, aunque muera el que la recibió, cuando la muerte sea el

resultado de una causa anterior a la lesión y sobre la cual ésta no haya influido; o cuando la lesión se hubiere agravado

por causas posteriores, como la aplicación de medicamentos positivamente nocivos, operaciones quirúrgicas mal

practicadas, excesos o imprudencias del sujeto pasivo.

ARTICULO 127. A los sujetos activos de un homicidio calificado se les aplicará la sanción de veinticinco a

cuarenta años de prisión.

CAPITULO III

REGLAS COMUNES PARA LOS DELITOS DE

HOMICIDIO Y LESIONES

ARTICULO 128. Cuando el homicidio se ejecute por dos personas o más sin acuerdo previo para cometerlo, a

todas se les sancionará conforme a las reglas siguientes:

I. Si el sujeto pasivo recibiere una o varias lesiones mortales y constare quien o quienes las infirieron, a estos

se les aplicará la sanción que corresponda por el homicidio que resultó, y a los demás de tres a nueve años de prisión. Si

no constare quien o quienes las infirieron, a todos se les aplicará de diez a veinte años de prisión;

II. Cuando sean varias las lesiones, unas mortales y otras no y se ignore quienes infirieron las primeras pero

constare quienes lesionaron, a todos se les aplicará de seis a dieciocho años de prisión; a aquellos que comprueben

haber inferido solo las segundas, se les aplicará la sanción que corresponda por dichas lesiones, aumentada en dos

años. Si no constare quienes infirieron unas y otras, a todos se les sancionará de acuerdo con la parte final de la fracción

anterior; y

III. Cuando las lesiones solo fueren mortales por su número y no se pueda determinar quienes las infirieron, se

aplicarán de seis a quince años de prisión a todos los que hubieren atacado al sujeto pasivo a propósito para inferir las

lesiones que aquel recibió.

ARTICULO 129. La riña es la contienda de obra o la agresión física de una parte y la disposición material para

contender de la otra, cualquiera que sea el número de contendientes, cuando actúen con propósito de dañarse

recíprocamente.

Al responsable de homicidio o lesiones en riña, se le impondrá hasta la mitad de la pena de prisión señalada

para el delito simple, si se trata del provocador y hasta la tercera parte en el caso del provocado.

ARTICULO 130. Se entiende que el homicidio y las lesiones son calificadas:

I. Cuando se cometa con premeditación, alevosía, ventaja o traición.

Hay premeditación, cuando el agente ha reflexionado sobre la comisión del delito de homicidio o lesiones que

pretende cometer.

Alevosía, cuando se sorprende intencionalmente a alguien, de improviso o empleando asechanza (sic).

Ventaja, cuando el sujeto activo no corre ningún riesgo de ser muerto ni lesionado por el ofendido o por un

tercero.

Traición, cuando se viola confianza o la seguridad que expresamente se había prometido al sujeto pasivo, o la

tácita proveniente de parentesco, gratitud, amistad o de cualquier otra razón que inspire aquella.

II. Se ejecuten por retribución dada o prometida;

III. Se causen por motivos depravados;

IV. Se ejecuten o se infieran con brutal ferosidad;

V. Se causen por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos;

VI. Se dé tormento al sujeto pasivo o se obre con ensañamiento o crueldad;

VII. Se causen por envenenamiento, contagio, asfixia o estupefacientes; y

VIII. Cuando se cometa en lugar concurrido por personas ajenas a los hechos y que pudieran resultar muertos

o lesionados.

ARTICULO 131. Se impondrá de dos a ocho años de prisión al que cometa homicidio cuando sorprenda a su

cónyuge, concubina o concubinario; o al corruptor de su ascendiente, descendiente o hermanos que estén bajo su

potestad o custodia, en el acto sexual o uno próximo a su consumación, siempre que el sujeto activo no haya tolerado o

contribuido a la realización de tales actos.

Si solo se causa lesiones, se sancionará hasta con las dos terceras partes que corresponda a la gravedad de

estas.

CAPITULO IV

INSTIGACION O AYUDA AL SUICIDIO.

ARTICULO 132. Al que prestare ayuda o indujere a otros para que se suiciden, se le impondrá de uno a cinco

años de prisión, si el suicidio se consuma; si la prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte la prisión será de

dos a diez años; y si el instigado fuere menor de doce años o incapaz de comprender la relevancia de su conducta la

prisión será de seis a catorce años.

CAPITULO V

PARRICIDIO

ARTICULO 133. Al que dolosamente prive de la vida a cualquier ascendiente consanguíneo y en línea directa,

sabiendo el sujeto activo ese parentesco, se sancionará con prisión de veinticinco a cuarenta años.

CAPITULO VI

ABORTO (*)

(*) ARTICULO 134. Comete el delito de aborto el que, en cualquier momento de la preñez, cause la muerte del

producto de la concepción aunque esta se produzca fuera del seno materno, a consecuencia de la conducta realizada.

(*) ARTICULO 135. Si se hiciere abortar al sujeto pasivo con su consentimiento, se impondrá a éste y a los que

intervinieron, de uno a tres años de prisión; si faltare el consentimiento de la sujeto pasivo, o si es menor de edad, la de

los padres o tutores, la sanción será de tres a seis años, y si mediare violencia física o moral, de seis a ocho años de

prisión.

(*) ARTICULO 136. No es punible el aborto cuando el embarazo sea consecuencia de violación, si este se

realiza dentro de los noventa días a partir de la concepción; cuando a causa del embarazo la madre corra peligro de

muerte; o pueda determinarse que el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas que den por necesario el

nacimiento de éste con trastornos físicos o mentales graves, cuando el aborto se efectúe por razones de planificación

familiar en común acuerdo de la pareja; o en el caso de madres solteras, siempre que tales decisiones se tomen dentro

de los primeros noventa días de gestación y previo el dictamen de otros médicos, cuando sea posible, y no sea peligrosa

la demora; o cuando se pruebe que el aborto fue causado por la imprudencia de la embarazada.

(*) ARTICULO 137. Si la abortante es menor de edad, la acción penal se seguirá a todos los que hayan

intervenido para provocar el aborto. Para la aplicación de la sanción a que alude el artículo 135 se tomará en

consideración si aquella dio su consentimiento, de ser así la menor quedará sujeta a la Ley del Consejo Tutelar para

Menores Infractores.

(*) Si el aborto punible lo realizare un médico, sus auxiliares o quien practique las disciplinas médicas, además

de las sanciones corporales correspondientes se les suspenderán de uno a tres años en el ejercicio de su profesión.

( * ) Suspendida su vigencia temporalmente según decreto número 15 de fecha 31 de diciembre de 1990;

publicada en el número 113 del 3 de enero de 1991 en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo 134 Bis.- Comete el delito de aborto el que, en cualquier momento de la preñez, cause la muerte del

producto de la concepción aunque esta se produzca fuera del seno materno, a consecuencia de la conducta realizada.

Artículo 135 Bis.- Si se hiciere abortar al sujeto pasivo con su consentimiento, se impondrá a este y a los que

intervienen, inclusive médicos cirujanos, comadronas o parteros, de uno a tres años de prisión; si faltare el

consentimiento de la sujeto pasivo, o si es menor de edad, la de los padres o tutores, la sanción será de tres a seis años,

y si mediare violencia física o moral, de seis a ocho años de prisión.

Artículo 136 Bis.- No es punible el aborto cuando el embarazo sea consecuencia de violación, si este se

verifica dentro de los noventa días a partir de la concepción y cuando la madre embarazada corra peligro de muerte, o

pueda determinarse que el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas que den por necesario el nacimiento de

este con trastornos físicos o mentales graves, previo dictamen del medico que la asiste, oyéndose el dictamen de otros

médicos, cuando fuere posible y no sea peligrosa la demora.

Artículo 137 Bis.- si la abortante es menor de edad, la acción penal se seguirá a todos los que hayan

intervenido para provocar el aborto para la aplicación de la sanción a que alude el artículo 281 se tomara en

consideración si aquella dio su consentimiento; de ser así la menor quedara sujeta a la Ley del Consejo Tutelar para

menores infractores.

( Artículo 281.- El delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar solo se perseguirá a

petición del sujeto pasivo o de su legítimo representante. )

(Se otorgó vigencia temporal a los artículos 276, 277, 278 y 279 del Código Penal de 1984 que fue abrogado el 11

de octubre de 1990 y que se integran al presente Código con los números 134 Bis, 135 Bis, 136 Bis y 137 Bis,

respectivamente. Se transcribe también el artículo 281 por que se cita en el artículo 137 Bis.)

CAPITULO VII

DELITOS CONTRA LA FAMILIA, INCUMPLIMIENTO

DE DEBERES ALIMENTARIOS Y ABANDONO DE PERSONAS.

ARTICULO 138. Al que sin motivo justificado abandone a las personas con quienes tenga ese deber legal sin

recursos para atender a sus necesidades de subsistencia, se sancionará con prisión de dos a seis años y suspensión o

privación de los derechos de familia, hasta por el término de la sanción que se le imponga.

Si del abandono resultare alguna lesión o la muerte, se presumirán estas como culposas para los efectos de

aplicar las sanciones que a estos delitos corresponda.

Si el obligado se coloca dolosamente en estado de insolvencia para eludir sus obligaciones alimentarias, se

aumentará hasta dos años la pena de prisión impuesta.

ARTICULO 139. El delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, se perseguirá por querella

del sujeto pasivo, cuando se trate de cónyuge; y de oficio tratándose de los hijos.

ARTICULO 140. Cuando se trate de abandono de hijos, el procedimiento se suspenderá poniéndose en

libertad al procesado, si este liquida todas las cantidades que hubiere dejado de ministrar por concepto de alimentos o

celebra convenio con el representante de los menores de que pagará las pensiones atrasadas y cumplirá con las futuras,

oyendo en este caso al Ministerio Público y con aprobación del Juez.

Si no cumple con lo convenido, se le mandará a reaprehender y se continuará el procedimiento.

En cualquiera de los casos, si el obligado cumple satisfactoriamente con esas obligaciones cuando menos por

el año siguiente, el Juez podrá declarar extinguida la acción penal.

Si ya se hubiera dictado sentencia condenatoria se suspenderá su ejecución (sic) libertad al sentenciado, si

este cumple o se obliga a cumplir con el pago de las pensiones en los mismos términos indicados en el primer párrafo,

haciéndole saber que de incurrir de nueva cuenta en incumplimiento, se hará efectiva la sentencia.

Cuando se trate de cónyuge, por el solo hecho de que el obligado pague o garantice a satisfacción del Juez las

pensiones alimenticias adeudadas, se decretará la suspensión del procedimiento o de la ejecución de la sentencia, en su

caso con los mismos efectos indicados en los párrafos anteriores, sin perjuicio que ante el perdón se extinga la acción

penal.

ARTICULO 141. Al que abandone a un incapaz de cuidarse a sí mismo, o a una persona enferma, teniendo

obligación de cuidarlos, se le aplicarán de seis meses a cinco años de prisión; y se le privará además de la patria

potestad o de la tutela si fuere ascendiente o tutor del sujeto pasivo. Si resultare daño alguno, se observarán las reglas

de acumulación.

ARTICULO 142. Al que se encuentre abandonado o perdido en cualquier sitio a un menor incapaz de cuidarse

a sí mismo, o a una persona herida, inválida o amenazada de un peligro cualquiera, y no diere aviso inmediato a la

autoridad u omitiere prestarle el auxilio necesario, cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal, se le aplicarán de un mes

a dos años de prisión y multa hasta de diez días de salario.

ARTICULO 143. Al conductor de cualquier medio de transporte, o jinete que deje en estado de abandono, sin

prestar o facilitar asistencia, a la persona a quien atropelló imprudentemente, se le sancionará con prisión de tres meses

a dos años y multa hasta de diez días de salario, sin perjuicio de las sanciones que correspondan si resulta cometido

otro delito.

ARTICULO 144. Al que abandone a un menor de siete años que se le hubiere confiado o lo entregue a un

establecimiento de beneficencia o a cualquier persona sin anuencia de la que se lo confió o de la autoridad; en su

defecto, se le aplicará de un mes a un año de prisión y multa hasta de diez días de salario.

ARTICULO 145. Los ascendientes o tutores que entreguen en un establecimiento de beneficencia a un menor,

perderán por este motivo los derechos que tengan sobre la persona o bienes de ésta, y además quedarán sujetos a las

sanciones a que se refiere el artículo que antecede.

TITULO SEGUNDO

PRIVACION DE LA LIBERTAD Y DE

OTRAS GARANTIAS

CAPITULO UNICO

ARTICULO 146. Se sancionará con prisión de dos a cinco años y multa de veinte a cincuenta días de salario:

al que sin orden de autoridad competente, y fuera de los casos previstos por la Ley, prive de la libertad a una persona.

ARTICULO 147. Se impondrá de uno a cuatro años de prisión y multa de diez a cuarenta días de salario:

I.- Al que obligue a otro a prestarle trabajos o servicios personales, sin la retribución debida, ya sea

empleando violencia física o moral o valiéndose del engaño, de la intimidación o de cualquier otro medio; y

II.

Al que celebre con otro un contrato que prive a este de la libertad o le imponga condiciones que lo

constituyan en una especie de servidumbre, o se apodere de alguna persona y lo entregue a otra con el

objeto de que este celebre dicho contrato.

ARTICULO 148. El delito previsto en el artículo 146, será sancionado con pena de 15 a 40 años de prisión y

multa de cien a quinientos días de salario, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que incurriesen los activos,

cuando la detención tenga carácter de plagio o secuestro, en alguna de las formas siguientes:

I.- Cuando se hubiere exigido rescate, se impusiere cualquier otra condición, fuere consecutivo a un delito

contra la propiedad o se tratare de causar daños a la víctima, sea cual fuere su edad o a otra persona

relacionada con ella.

II.

Cuando se haga uso de amenazas vejación o tormenta en la víctima;

III.

Cuando la detención se haga en camino público regularmente transitado, o en paraje solitario;

IV.

Cuando los sujetos activos sean tres o más;

V.

Cuando la víctima sea persona mayor de setenta años o menor de doce o que por cualquier circunstancia

este en situación de inferioridad física respecto del activo;

VI.

Cuando se haga con el propósito de realizar pornografía con la víctima o con la intención de mutilar uno o

más de sus órganos o miembros.

VII.

Cuando se detenga en calidad de rehén a una persona con el objeto de presionar a la autoridad para que

realice o deje de realizar un acto de cualquier naturaleza.

Si el sujeto activo deja en libertad al pasivo espontáneamente antes de tres días siguientes a la comisión del

delito, sin causarle ningún perjuicio grave, y sin lograr los propósitos señalados en las fracciones anteriores, solo se

aplicará la sanción correspondiente a la privación ilegal, de acuerdo con los dos artículos anteriores.

Si el secuestrado o plagiado es privado de la vida por su o sus captores, la pena será de veinte a cuarenta

años de prisión.

ARTICULO 148 BIS.- Al que con el consentimiento de un ascendiente que ejerza la patria potestad o de quien

tenga a su cargo la custodia de un menor, aunque esta no haya sido declarada, ilegítimamente lo entregue a un tercero

para su custodia definitiva a cambio de un beneficio económico, se le aplicará pena de prisión de dos a nueve años y de

doscientos a quinientos días multa.

La misma pena a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará a los que otorguen el consentimiento a que

alude este numeral y al tercero que reciba al menor.

Si la entrega definitiva del menor se hace sin la finalidad de obtener un beneficio económico, la pena aplicable

al que lo entrega será de uno a tres años de prisión.

Cuando en la comisión del delito no exista el consentimiento a que se refiere el párrafo inicial, la pena se

aumentará hasta el doble de la prevista en aquel.

Además de las sanciones señaladas, se privará de los derechos de patria potestad, tutela o custodia, en su

caso, a quienes teniendo el ejercicio de estos, cometan el delito al que se refiere el presente artículo.

No se impondrá pena alguna a quien acredite que recibió al menor para incorporarlo a su núcleo familiar y

otorgarle los beneficios propios de tal incorporación.

TITULO TERCERO

DELITOS CONTRA LA PAZ Y LA SEGURIDAD

DE LAS PERSONAS.

CAPITULO I

AMENAZAS.

ARTICULO 149. Al que intimida a otro con causarle daño en su persona o en sus bienes, o en la persona o

bienes de un tercero con quien el ofendido tenga vínculos de amor, amistad, parentesco, gratitud o cualquier otro, se

impondrá prisión de tres meses a un año y multa hasta de diez días de salario, sin perjuicio de la amonestación que

deberá hacer el órgano jurisdiccional para efectos de la agravación de la pena en caso de cumplirse la amenaza inferida.

Este delito solo se perseguirá a petición del ofendido.

CAPITULO II

ALLANAMIENTO DE DOMICILIO

ARTICULO 150. Se impondrá de uno a tres años de prisión y multa de ocho a veinte días de salario, al que, sin

orden de autoridad competente se introduzca con engaño o sin permiso de la persona autorizada para darlo, a un

departamento, vivienda, aposento, o dependencia de una casa habitada, o lugar privado, sea fijo o móvil, o en

establecimientos públicos mientras permanezcan cerrados.

Si el ilícito se comete de noche o se emplea violencia, la penalidad se aumentará hasta en una mitad más.

Este delito únicamente se perseguirá por querella.

CAPITULO III

A S A L T O.

ARTICULO 151. Al que en paraje solitario o desprotegido hiciere uso de violencia sobre una persona con el

propósito de causarle mal, obtener lucro o de exigir su consentimiento para cualquier fin, independientemente de la

sanción por cualquier hecho delictuoso que además resulte cometido, se le sancionará con prisión de tres a siete años.

Llámase paraje solitario o desprotegido no solo al que está en despoblado, sino también al que se halle dentro

de una población si por la hora o por cualquier otra circunstancia no encuentra el sujeto pasivo a quien pedir ayuda o

habiéndola no se le otorgue.

ARTICULO 152. Si los asaltantes atacaren a una población, se aplicarán de quince a treinta años de prisión.

TITULO CUARTO

DELITOS SEXUALES

CAPITULO I

ATENTADOS AL PUDOR, ESTUPRO Y VIOLACION

ARTICULO 153. Al que sin consentimiento de una persona, ejecute con ella un acto erótico sexual, sin el

propósito directo e inmediato de llegar a la cópula, se le aplicarán de un mes a un año de prisión y multa de cinco a

quince días de salario.

Si se hiciere uso de violencia física o moral, la pena será de seis meses a cuatro años de prisión y multa de

diez a treinta días de salario.

Igual sanción se aplicará si el activo obligare a ejecutar un acto lúbrico sobre el mismo pasivo en la persona del

agente o en la de un tercero.

ARTICULO 154. El atentado contra el pudor solo se sancionará por querella del ofendido; en el caso de que la

víctima fuere menor de doce años se perseguirá de oficio.

ARTICULO 155. Al que tenga cópula con persona honesta mayor de doce y menor de dieciocho años,

obteniendo su consentimiento por medio del engaño, se le sancionará con prisión de tres a siete años y multa de diez a

veinte días de salario.

No se procederá contra el estuprador sino por querella de la parte ofendida o de su legítimo representante;

pero cuando el sujeto activo contraiga matrimonio con la ofendida, se extinguirá la acción penal.

ARTICULO 156. La reparación del daño en los casos de estupro y violación comprenderá el pago de alimentos

de la ofendida y de los hijos si los hubiere de esa unión ilícita, observándose las reglas que para el efecto establece el

Código Civil.

ARTICULO 157. Al que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona sea cual fuere

su sexo se le impondrá la sanción de seis a diez años de prisión.

Para los efectos del presente título, se entiende por cópula la introducción total o parcial por vía vaginal, anal u

oral del órgano viril en el cuerpo de otra persona, independientemente de su sexo.

Se sancionará con prisión de tres a ocho años a quien introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o

instrumento distinto del miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido.

ARTICULO 157 BIS.- Se equipara a la violación la cópula con persona menor de doce años, aun cuando se

hubiere obtenido su consentimiento, sea cual fuere su sexo; con persona privada de razón o de sentido, o que, por

enfermedad o cualquier otra causa no pudiere resistir la conducta delictuosa; en tales casos, la pena será de ocho a

quince años de prisión. Cuando tratándose de estos pasivos se realice en ellos la conducta a que se refiere el último

párrafo del artículo anterior, se aplicará de cinco a diez años de prisión.

ARTICULO 158. Cuando la violación fuere cometida con la intervención directa o indirecta de dos o más

personas, la sanción será de ocho a veinte años de prisión y multa de cincuenta a cien días de salario.

Se aumentará la pena de dos a cuatro años de prisión cuando el delito de violación fuere cometido por un

ascendiente contra su descendiente, por este contra aquél, por el tutor en contra de su pupilo, o por el padrastro o

amasio de la madre del ofendido en contra del hijastro, o entre hermanos. El sujeto activo perderá además la patria

potestad o la tutela en su caso, y los derechos sucesorios con respecto del ofendido.

Cuando el que cometa el delito de violación desempeñe un cargo o empleo, o ejerza una profesión, utilice para

delinquir los medios o circunstancias que el cargo, empleo o profesión le proporcionen, además de las penas señaladas

será destituido del cargo o empleo o suspendido por el término de tres años en el ejercicio de dicha profesión.

CAPITULO II

R A P T O.

ARTICULO 159. Al que se apodere de una persona sea cual fuere su sexo por medio de la violencia física o

moral, de la seducción o engaño para satisfacer algún deseo erótico sexual o para casarse, se sancionará con prisión de

uno a seis años.

Se impondrá la misma sanción del párrafo anterior, aunque el raptor no emplee la violencia o el engaño sino

solamente la seducción y consienta en el rapto el pasivo, si este fuere menor de dieciséis años. Si mediare la violencia la

pena se aumentará hasta en una mitad más.

Por el solo hecho de no haber cumplido dieciséis años el sujeto pasivo que voluntariamente siga a su raptor, se

presume que este empleó la seducción.

ARTICULO 160. Cuando el sujeto activo contraiga matrimonio con el pasivo no se procederá penalmente en

contra de aquél, ni contra sus copartícipes por el delito de rapto, salvo que se declare nulo o inexistente el matrimonio.

ARTICULO 161. No se procederá en contra del sujeto activo sino por querella del ofendido o de quien

legalmente lo represente.

ARTICULO 162. Cuando al rapto se acompañe otro ilícito, perseguible de oficio se procederá contra el raptor

por este delito.

CAPITULO III

I N C E S T O.

ARTICULO 163. Se impondrá de tres a ocho años de prisión a los ascendientes que tengan relaciones

sexuales con sus descendientes. La pena aplicable a estos últimos será de uno a cuatro años de prisión.

Se aplicará esta última sanción en caso de incesto entre hermanos.

TITULO QUINTO

DELITOS CONTRA EL HONOR

CAPITULO I

DIFAMACION.

ARTICULO 164. La difamación consiste en comunicar dolosamente en forma escrita o verbal a una o más

personas, la imputación que se hace a otra persona física o moral de un hecho cierto o falso, determinado o

indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o afecte su reputación. Se sancionará al responsable

con prisión de dos a cinco años y multa hasta de setenta y cinco días de salario.

Este delito únicamente se perseguirá por querella.

ARTICULO 165. Al sujeto activo de difamación no se le admitirá prueba alguna para acreditar la verdad de su

imputación, sino en los casos siguientes:

I. Cuando la imputación se haya hecho a un depositario o agente de la autoridad, o cualquiera otra persona

que haya obrado con carácter público, si la imputación fuere relativa al ejercicio de sus funciones; y

II. Cuando el hecho imputado esté declarado cierto por sentencia irrevocable, y el sujeto activo obre por motivo

de interés público, o por interés privado pero legítimo y sin ánimo de dañar.

ARTICULO 166. No se comete delito de difamación, si el acusado:

I. Manifiesta técnicamente su parecer sobre alguna producción literaria, artística, científica o industrial;

II. Expresa su juicio sobre la capacidad, instrucción, actitud o conducta de otro, si probare que obra en

cumplimiento de un deber o por interés público, o con la debida reserva lo hizo por humanidad, por prestar un servicio a

una persona con quien tenga parentesco o amistad, o dando informes que le hubieren pedido, si no lo hiciere a

sabiendas calumniosamente; y

III. Se trate del autor de un escrito presentado o de un discurso pronunciado ante órgano jurisdiccional, pues se

hiciere uso de alguna expresión difamatoria según la gravedad del caso se aplicará alguna de las correcciones

disciplinarias que establezca la Ley.

Si la imputación calumniosa se extiende a personas extrañas al litigio, o envuelve hechos que no se relacionen

con el negocio de que se trate, se aplicarán las sanciones del delito que corresponda.

ARTICULO 167. No exime de responsabilidad al sujeto activo en la comisión de los delitos de difamación o

calumnia, la circunstancia de que el hecho imputado sea notorio, o de que aquel no haya hecho más que reproducir lo ya

publicado en el Estado o fuera de él.

CAPITULO II

C A L U M N I A.

ARTICULO 168. Comete el delito de calumnia el que formule denuncia o querella respecto de una persona que

sabe que no es la responsable o que no ha realizado el hecho determinado y calificado como delito.

ARTICULO 169. Se sancionará con prisión de dos a cinco años y multa hasta de setenta y cinco días de

salario:

I. Al que impute a otro un hecho determinado calificado como delito por la Ley, si este hecho es falso o es

inocente la persona a quien se imputa,

II. Al patrón que con el propósito de eludir sus obligaciones laborales, impute indebidamente a uno o más de

sus trabajadores la comisión de un delito;

III. Al que presente denuncia o querella calumniosa, entendiéndose por tales aquellas en que su autor impute

un delito a persona determinada sabiendo que esta es inocente o que aquel no se ha cometido; y

IV. Al que, para hacer que un inocente aparezca como autor de un delito, ponga sobre la persona del

calumniado, en su casa o en otro lugar adecuado para ese fin, una cosa que pueda dar indicios o presunciones de

responsabilidad; en este caso se aumentará en uno a dos años de prisión y la multa por cincuenta días de salario.

En los casos de las dos últimas fracciones, si el calumniado es condenado por sentencia irrevocable, se

impondrá al calumniador la misma sanción que aquél.

Este delito únicamente se perseguirá por querella.

ARTICULO 170. No se admitirá prueba alguna de imputación al acusado de calumnia, no se librará de la

sanción correspondiente, cuando exista una sentencia irrevocable que haya absuelto al calumniado del mismo delito que

aquél le impute. Pero en todo caso, al acusado de calumnia le será permitido aportar pruebas que demuestren su

inocencia.

ARTICULO 171. Cuando haya pendiente un juicio en averiguación de un delito imputado a alguien

calumniosamente, se suspenderá el ejercicio de la acción penal de calumnia hasta que dicho juicio termine.

CAPITULO III

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS

CAPITULOS PRECEDENTES.

ARTICULO 172. No se podrá proceder contra el responsable de difamación o calumnia, sino por querella del

sujeto pasivo, excepto en el caso siguiente:

Si el sujeto pasivo ha muerto y la difamación o la calumnia fueren posteriores a su fallecimiento, podrán

formular querella el cónyuge supérstite, la concubina o el concubinario, los ascendientes o descendientes, o los

hermanos del ofendido.

Cuando la difamación o la calumnia sean anteriores al fallecimiento del sujeto pasivo, no se atenderá la

querella de las personas mencionadas si aquel no la hubiere presentado en vida pudiendo hacerlo, ni prevenido que lo

hicieran sus herederos;

ARTICULO 173. Siempre que sea sentenciado el sujeto activo de difamación o calumnia, si lo solicita el sujeto

pasivo, se publicará la sentencia hasta en tres periódicos, a costa de aquél. Cuando el delito se cometa por algún medio

de difusión, los propietarios, gerentes o directores de éste, tengan o no responsabilidad penal, estarán obligados a

publicar el fallo, y se les impondrá multa de un día de salario por cada día que pase sin hacerlo después de aquel en el

que se les notifique la sentencia. El importe de la multa no podrá exceder de veinte días de salario.

TITULO SEXTO

DELITOS CONTRA EL ESTAD O CIVIL Y BIGAMIA

CAPITULO I

DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL

ARTICULO 174. Se impondrá de uno a seis años de prisión y multa de diez a cincuenta días de salario, a los

que con el fin de alterar el estado civil, incurran en alguno de los ilícitos siguientes:

I. Atribuir un recién nacido a mujer que realmente no sea su madre;

II. Hacer registrar en las oficinas del Estado Civil un nacimiento no verificado;

III. No presentar, los padres, a un hijo suyo al registro con el propósito de hacerle perder su estado civil, o

declarar falsamente su fallecimiento o presentarlo ocultando sus nombres, o expresando que los padres son otras

personas;

IV. Substituir a un niño por otro u ocultarlo; y

V. Usurpar el estado civil de otro con el fin de adquirir derechos de familia que no le corresponden.

ARTICULO 175. El que cometa alguno de los delitos expresados en el artículo anterior, además perderá el

derecho a heredar que tuviere respecto de las personas a quienes por la comisión del delito perjudique en sus derechos

de familia.

CAPITULO II

B I G A M I A.

ARTICULO 176. Se impondrá de uno a seis años de prisión y multa de diez a cincuenta días de salario al que,

estando unido con una persona en matrimonio no disuelto ni declarado nulo, contraiga matrimonio con las formalidades

legales. Esta misma sanción se aplicará al otro contrayente si conocía el impedimento al tiempo de celebrarse el

matrimonio.

Este delito únicamente se perseguirá por querella.

TITULO SEPTIMO

DELITOS EN CONTRA DE LAS PERSONAS EN SU

PATRIMONIO.

CAPITULO I

ROBO

ARTICULO 177. Comete el delito de robo el que se apodere de una cosa ajena, mueble, sin derecho y sin

consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la Ley.

Se entenderá por robo y se sancionará como tal:

I.- El apoderamiento de una cosa mueble, ejecutada dolosamente por el dueño, si la cosa se halla en poder

de otra a tí tulo de prenda o depósito, decretado por autoridad o hecho con su intervención, o mediante

contrato público o privado;

II.-

El aprovechamiento de energía eléctrica o de cualquier otro fluido, sin consentimiento de la persona que

legalmente puede disponer de aquellos;

III.-

La sustracción, destrucción, mutilación o apoderamiento de actuaciones judiciales o de algún documento

de protocolo, oficinas o archivos públicos, o que contengan obligación, liberación o transmisión de

derechos.

IV.-

El apoderamiento de frutos pendientes de árboles o plantas o de éstas cuando sean aprovechables.

ARTICULO 178. Para la aplicación de la pena respectiva se tendrá por consumado el robo desde el momento

en que el sujeto activo se apodere de la cosa robada, aunque después la abandone o lo desapoderen de ella, de

acuerdo con los siguientes supuestos:

I.- Cuando el valor de lo robado no exceda de trescientos días de salario, se impondrá de tres meses a tres

años de prisión y multa hasta de cincuenta días de salario;

II.-

Cuando exceda de trescientos días de salario, pero no de setecientos, la sanción será de dos a seis años

de prisión y multa de cincuenta hasta cien días de salario;

III.-

Cuando exceda de setecientos días de salario, la sanción será de cuatro a diez años de prisión y multa de

cien a doscientos días de salario.

ARTICULO 179. Para estimar la cuantía del robo se atenderá únicamente al valor intrínseco del objeto del

apoderamiento, pero si por alguna circunstancia no fuere estimable en dinero o si por su naturaleza no fuere posible fijar

su valor, se aplicará prisión de tres días a cinco años.

En los casos de tentativa de robo, cuando no fuere posible determinar su monto, se aplicarán de tres días a dos años de

prisión.

ARTICULO 180. Si el robo se ejecutare con violencia, física o moral a la pena que corresponda por el robo

simple se agregarán de seis meses a tres años de prisión. Si la violencia constituye otro delito se aplicarán las reglas de

la acumulación.

Se entiende por violencia física en el robo a la fuerza material que para cometerlo se hace a una persona.

Hay violencia moral cuando el sujeto activo amaga o amenaza a una persona con un mal grave, presente o

inmediato, capaz de intimidarla.

ARTICULO 181. Por violencia a las cosas se entiende la fractura, la horadación o la excavación interiores o

exteriores, el uso de llaves falsas o maestras, el escalamiento y toda operación similar para la perpetración del delito.

ARTICULO 182. Para la imposición de la sanción se tendrá al robo, ejecutado con violencia:

I. Cuando esta se haga a una persona distinta de la robada, que se halle en compañía de ella;

II. Cuando el sujeto activo la emplee después de consumado el robo, para proporcionarse la fuga o defender lo

robado;

III. Cuando el delito se ejecute por dos o más sujetos;

IV. Cuando se ejecute de noche;

V. Cuando los sujetos activos lleven armas; y

VI. Cuando el sujeto activo se haga pasar como servidor público o simule una orden de autoridad.

ARTICULO 183. Se impondrá prisión de siete a veinte años y de cien a quinientos días multas, al que con

violencia en contra de las personas o de las cosas se apodere de dinero, valores o muebles que se encuentren en el

interior de una institución bancaria o de crédito, oficina recaudatoria u otra en que se conserven o resguarden estos, así

como cuando el apoderamiento se cometa en contra de personas que custodien o transporten aquellas.

ARTICULO 184. Se sancionará con pena de cinco a diez años de prisión y hasta quinientos días de multa, con

independencia de las penas que le correspondan por la comisión de otros delitos; al que, a sabiendas:

I.- Desmantele o comercialice conjunta o separadamente las partes de algún o algunos vehículos robados;

II.-

Enajene, o trafique de cualquier manera con vehículos robados;

III.-

Detente, posea, custodie, altere o modifique de cualquier manera la documentación que acredite o con la

se pretenda acreditar la propiedad o identificación de un vehículo robado;

IV.-

Sin haber participado en el robo, oculte o traslade el o los vehículos robados de un lugar a otro del Estado,

a otra Entidad Federativa o al extranjero; y

V.-

Utilice el o los vehículos robados en la comisión de otro u otros delitos.

ARTICULO 185. El robo cometido por un ascendiente contra un descendiente suyo o por éste contra aquél, no

produce responsabilidad penal contra dichas personas; si además tuviere intervención en el robo alguna otra, no

aprovechará a ésta la excusa absolutoria, y para que se le sancione es necesario que lo pida el sujeto pasivo; pero si

además del robo se cometió otro delito, se aplicará la sanción que para éste señale la Ley.

ARTICULO 186. El robo solo se perseguirá por querella del sujeto pasivo, cuando sea cometido por parientes

por consanguinidad hasta el segundo grado, concubina o concubinario, adoptante, o adoptado o parientes por afinidad

hasta el segundo grado, o sea realizado entre cónyuges.

ARTICULO 187. No se sancionará al que, sin emplear engaño o medios violentos se apodere una sola vez de

los objetos estrictamente indispensables para satisfacer de momento sus necesidades personales o familiares, siempre

que su valor no exceda el de cinco días de salario.

ARTICULO 187 BIS.- Cuando el valor de lo robado no exceda de veinticinco veces el salario, sea restituido por

el sujeto activo espontáneamente y pague este todos los daños y perjuicios antes de que la autoridad tome conocimiento

del delito, no se impondrá sanción alguna, si no se ha ejecutado el robo por medio de violencia.

ARTICULO 188. Al que se apodere de una cosa mueble, ajena, sin consentimiento del dueño o legítimo

poseedor, o acredite haberla tomado con carácter temporal y no para apropiársela o venderla, se aplicará de tres meses

a tres años de prisión, siempre que justifique no haberse negado a devolverla si se le requirió a ello. Además pagará al

sujeto pasivo como reparación del daño, el doble de alquiler, arrendamiento o intereses de la cosa usada.

ARTICULO 189. Además de la pena que le corresponda conforme a los artículos 178 al 180 de éste Código, se

aplicará al sujeto activo de seis meses a cinco años de prisión, cuando realice el ilícito:

I.- Encontrándose la víctima en un vehículo particular o de transporte público, o el apoderamiento recaiga

sobre cualquier vehículo automotor estacionado en la vía pública o en lugar destinado a su guarda o

reparación.

II.-

Aprovechando las condiciones de confusión que se produzcan por catástrofe o desorden público;

III.-

Sólo o en colaboración de varias personas armadas o empleando otros medios o instrumentos peligrosos;

IV.-

En lugar cerrado, habitado o destinado para habitación o en sus dependencias sea éste fijo en tierra o

movible;

V.-

Derogada.

VI.-

Quebrantando la confianza o seguridad de una relación de servicio, trabajo u hospitalidad entre el sujeto

activo y el ofendido.

ARTICULO 189 BIS.- En todo caso de robo, si el órgano jurisdiccional lo creyere justo, podrá suspender al

sujeto activo de un mes a seis años en los derechos de patria potestad, tutela, curatela, perito, depositario o interventor

judicial, síndico o interventor o en concursos o quiebras, albacea, asesor y representante de ausente; o en el ejercicio de

cualquier profesión de las que exigen título.

CAPITULO II

ABIGEATO.

ARTICULO 190. Comete el delito de abigeato el que se apodere de una o más cabezas de ganado ajeno,

cualquiera que sea su especie, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellas, independientemente del

lugar en que se cometa el apoderamiento. El delito se sancionará conforme a lo siguiente:

I.- Si el robo fuere de una cabeza de ganado se impondrá de tres años seis meses a siete años de prisión, y

multa de cinco a veinte días de salario;

II.-

Si el robo fuere de dos a diez cabezas, con la sanción de seis a ocho años de prisión y multa de diez a

veinticinco días de salario;

III.-

Si excediere de diez y no de quince cabezas, con sanción de ocho a diez años de prisión y multa de

quince a cincuenta días de salario; y

IV.-

Si el número de cabezas fuere mayor de quince, con sanción de diez a doce años de prisión y multa de

veinticinco a cien días de salario.

V.-

Además de la pena que corresponda conforme a las fracciones anteriores, se aplicará al sujeto activo, de

seis meses a tres años de prisión, cuando realice la conducta en cualesquiera de las circunstancias

siguientes:

A).- Quebrantando la confianza o seguridad de una relación de servicio, trabajo o contractual sobre los

semovientes, entre el sujeto activo y el ofendido;

B).- Aprovechándose de las condiciones de confusión que se produzcan por desorden público o invasión de los

terrenos donde pasten los semovientes; y

C).- Si el apoderamiento a que se refiere este Artículo, se verifica con violencia, o por la noche, o por dos o

más individuos.

ARTICULO 191. Al robo de ganado asnal se aplicará la mitad de las sanciones señaladas, en las fracciones del

artículo anterior.

ARTICULO 192. El robo de ganado menor: ovejuno, cabrío o porcino, se sancionará en la forma siguiente:

I. Si el valor de lo robado no excede de ciento cincuenta veces el salario se impondrá prisión de uno a seis

años y multa hasta de veinte días de salario;

II. Si el valor de lo robado excede de ciento cincuenta veces el salario se impondrá de cuatro a siete años de

prisión y multa hasta de cincuenta días.

ARTICULO 193. Se aplicará prisión de seis meses a cuatro años y multa hasta de veinticinco días de salario a

quien:

I. Herre, señale animales ajenos, destruya o modifique los fierros, marcas, o señales que sirvan para acreditar

la propiedad de aquellos;

II. Expida o use certificados o guías falsos simulando ventas; haga conducir animales que no sean de su

propiedad sin estar debidamente autorizado para ello o para efectuar cualquier negociación sobre ganado; y

III. Comercie con animales, pieles o cueros robados o que tuvieren borrada o alterada la marca.

CAPITULO III

ABUSO DE CONFIANZA

ARTICULO 194. Al que con perjuicio de alguien disponga para sí o para otro de cualquier cosa ajena, mueble,

de la que le haya trasmitido la tenencia y no el dominio, se impondrá las siguientes sanciones:

I. Prisión de uno a cinco años y multa hasta de cincuenta días de salario, cuando el monto del abuso no exceda

de mil días de salario;

II. Prisión de cuatro a siete años y multa de cincuenta a ciento ochenta días de salario, si el monto es mayor de

mil días de salario.

Si el valor de lo dispuesto no excede de cincuenta días de salario, la pena aplicable será de hasta treinta días

de multa.

ARTICULO 195. Se aplicarán las mismas sanciones previstas en el artículo anterior al que:

I. Disponga de una cosa mueble, de su propiedad, si no tiene la libre disposición de la misma y a virtud de

cualquier título legítimo.

ARTICULO 196. El abuso de confianza cometido por un ascendiente contra un descendiente, o por éste contra

aquel, no produce responsabilidad.

ARTICULO 197. El delito de abuso de confianza solamente se perseguirá a petición del ofendido.

CAPITULO IV

EXTORSION.

ARTICULO 198. Al que sin derecho obligue a otro hacer, tolerar o dejar de hacer algo, obteniendo un lucro

para sí o para otro y causando un perjuicio patrimonial, se le aplicarán pena de prisión de cinco a diez años y multa de

cien a quinientos días de salario.

CAPITULO V

F R A U D E.

ARTICULO 199. A quien engañando a alguien o aprovechándose del error en que este se halla, obtenga

ilícitamente alguna cosa ajena o alcance algún lucro indebido, se le impondrán las siguientes sanciones:

I. Prisión de seis meses a dos años y multa hasta de cien días de salario cuando el valor de lo defraudado no

exceda de doscientos días de salario;

II. Prisión de dos a cinco años y multa de cincuenta a noventa días de salario cuando el valor de lo defraudado

fuere mayor de doscientos pero no de mil días de salario; y

III. Prisión de cuatro a diez años y multa hasta de ciento ochenta días de salario si el valor de lo defraudado

excede de mil días.

ARTICULO 200. Se aplicarán las mismas sanciones previstas en el artículo anterior:

I. Al que por título oneroso enajene alguna cosa, sabiendo que no tiene derecho para disponer de ella, la

arriende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier modo, si ha recibido el precio, el alquiler, la cantidad en que la gravó,

parte de ellos o un lucro equivalente;

II. Al que obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquier otro lucro, otorgándole o endosándole a nombre

propio o de otro, un documento nominativo, a la orden o al portador contra una persona supuesta o que el otorgante

sabe que no ha de pagarle;

III. Al que libre un cheque que sea devuelto por no tener el librador cuenta en la institución bancaria respectiva,

o que los fondos sean insuficientes para pagarlo, si el libramiento se hace como medio para procurarse ilícitamente una

cosa, cumplir una obligación u obtener un lucro indebido;

IV. Al que se haga servir alguna cosa o admita un servicio en cualquier establecimiento comercial y no pague el

importe;

V. Al que compre una cosa mueble ofreciendo pagar su precio al contado y rehuse, después de recibirla, hacer

el pago o devolver la cosa, si el vendedor le exigiere lo primero dentro de quince días de haberle hecho entrega de la

cosa;

VI. Al que hubiere vendido una cosa mueble y recibido su precio, si no la entrega dentro de los quince días del

plazo convenido o no devuelve su importe dentro del mismo término, en el caso de que se exija esto último;

VII. El que venda a dos personas una misma cosa sea mueble o inmueble, y reciba el precio de la primera o de

la segunda enajenación, de ambas o de parte de él, u obtenga cualquier otro lucro con perjuicio del primero o del

segundo comprador;

VIII. Al que, valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de una persona; obtenga de

esta intereses superiores al porcentual promedio establecido por las sociedades nacionales de crédito o instituciones

similares;

IX. Al que para obtener un lucro indebido ponga en circulación fichas, tarjetas u otros objetos de cualquier

materia como signos convencionales en sustitución de la moneda legal;

X. Al que por sorteos, rifas, loterías, ahorros mutuos, promesas de venta o cualquier otro medio, se quede con

todo o con parte de las cantidades recibidas, sin entregar la mercancía u objeto ofrecido; o habiendo obtenido un lucro

suscriba algún documento cambiario sabiendo que carece de bienes, para pagarlo;

XI. Al fabricante, empresario, contratista o constructor de una obra cualquiera, que emplee en la construcción

de la misma, materiales en cantidad o calidad inferior a la convenida, o mano de obra inferior a la estipulada, volumen y

relación de gastos diferentes a la obra realmente ejecutada ya sea que se adviertan las irregularidades señaladas

durante el desarrollo o al presentarse una estimación de obra ejecutada;

XII. Al vendedor de materiales de construcción o de cualquier especie que, habiendo recibido el precio de los

mismos, no los entregue en su totalidad o calidad convenida;

XIII. Al que venda o traspase una negociación sin autorización de los acreedores de ella y sin que el nuevo

adquiriente se comprometa a responder de los créditos, siempre que éstos últimos resulte insolutos. Cuando la

enajenación sea hecha por una persona moral, serán plenamente responsables los que autoricen aquélla y los

dirigentes, administradores o mandatarios que la efectúen;

XIV. Al que explote las preocupaciones, las supersticiones o la ignorancia del pueblo por medio de supuesta

evocación de espíritus, adivinaciones o curaciones;

XV. Al que ejecute actos violatorios de derechos de propiedad literaria, dramática o artística, considerados

como falsificación en las leyes relativas;

XVI. Al que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de un trabajador a su servicio

le pague cantidades inferiores a las que legalmente le corresponda por las labores que ejecute, o le haga otorgar recibos

o comprobantes de pago de cualquier clase que ampare sumas de dinero superiores a las que efectivamente entrega;

XVII. Al que habiendo recibido mercancías con subsidio o franquicia para darles un destino determinado, las

distrajera de su destino o en cualquier forma desvirtúe los fines perseguidos con el subsidio o la franquicia;

XVIII. A los intermediarios en operaciones de traslación de dominio de bienes inmuebles o de gravámenes

reales sobre éstos que obtengan dinero, títulos o valores por el importe de su precio o a cuenta de él o para constituir

ese gravamen, si no los destinaren en todo o en parte, al objeto de la operación concertada, por su disposición en

provecho propio o de otro.

Para los efectos de este delito se entenderá que un intermediario no le ha dado el destino debido o ha

dispuesto en todo o en parte del dinero, títulos o valores obtenidos por el importe del precio o a cuenta del inmueble

objeto de la traslación de dominio o del gravamen real, si no ha realizado su depósito en Nacional Financiera, S.N.C., o

en otra institución de depósito, dentro de los treinta días siguientes a su recepción a favor de su propietario o poseedor, o

que no lo hubiese entregado, dentro de este término al vendedor o al deudor del gravamen real o devuelto al comprador

o al acreedor del mismo.

Las mismas sanciones se impondrán a los gerentes, directivos, mandatarios con facultades de dominio o de

administración, administradores de las personas morales que no cumplan o hagan cumplir la obligación a que se refiere

el párrafo anterior. El depósito se entregará por Nacional Financiera, S.N.C., o la institución de depósito de que se trate,

a su propietario o al comprador.

XIX. Al que valiéndose del cargo que ocupe en el gobierno, una empresa descentralizada, o de participación

estatal, o en cualquiera agrupación de carácter sindical, o de sus relaciones con los servidores públicos o dirigentes de

dichos organismos, obtenga dinero, valores, dádivas, obsequios o cualquier otro beneficio a cambio de:

a). Prometer defensa o protección sindical, o proporcionar un trabajo, un ascenso o aumento de salario en tales

organismos;

b). Ofertar servicios de gestoría que impliquen o hagan presuponer capacidad para privilegiar las resoluciones

relativas a concesiones o permisos;

c). Otorgar sin derecho concesiones o permisos temporales o permanentes para la prestación del servicio

público del transporte;

d). Otorgar o prometer más de una concesión o permiso para la prestación del servicio público del transporte,

respecto de personas físicas.

XX. Al que simule la calidad de concesionario o permisionario o no explote de manera personal sin causa

justificada la concesión o permiso y obtenga lucro de ello sin el conocimiento de la autoridad;

XXI.- Al que simulare un contrato, un acto o escrito judicial, con perjuicio de otro o para obtener cualquier

beneficio indebido.

XXII. Al que por sí o por interpósita persona cause perjuicio público o privado al fraccionar y transferir la

propiedad, la posesión o cualquier otro derecho sobre un terreno urbano o rústico, propio o ajeno, con o sin

construcciones, sin el previo permiso de las autoridades administrativas competentes, o cuando existiendo éste no se

hayan satisfecho los requisitos en él señalados. Para los efectos penales se entiende por fraccionar, la división de

terrenos en lotes;

XXIII. Al que no cumpliere en todo o en parte, dentro del tiempo y con las calidades y cantidades convenidas

los suministros que por Ley o contrato estuviere obligado a proporcionar a los Poderes, Dependencias, Entidades y

Municipios del Estado.

La misma sanción se aplicará al productor, proveedor, intermediario, representante y demás personas que

hubieren ocasionado el incumplimiento de las condiciones del suministro.

XXIV. Al que preste servicios educativos sin contar con el registro de incorporación correspondiente, cuando

así se requiera y cobre colegiaturas o cuotas de cualquier índole. En este caso, el delito se perseguirá de oficio sin que

se requiera querella de parte afectada; y

XXV. Al que a sabiendas de que no ha devengado un salario o simulare realizar las actividades propias de las

labores a que está obligado por nombramiento, contrato o cualquier relación de trabajo y lo cobre o haga efectivo.

La misma sanción; se aplicará al superior jerárquico o al servidor público que ocasione o propicie la conducta a

que se refiere el párrafo anterior.

Se establece la denuncia popular para este caso siendo esta disposición, aplicable a los organismos

paraestatales, empresas de participación Estatal o entidades subsidiadas por el gobierno, y en general, a todas las

dependencias del Gobierno del Estado.

ARTICULO 201. El delito de fraude se perseguirá por querella del ofendido o de la autoridad facultada para

conceder el permiso o la licencia correspondiente, quienes podrán otorgar el perdón judicial, cuando el infractor satisfaga

los requisitos de la Ley aplicable, acredite el pago de la reparación de los daños que se hubiesen causado y de las

multas impuestas.

CAPITULO VI

D E S P O J O.

ARTICULO 202. Se aplicará prisión de dos a seis años y multa de treinta a ciento ochenta días de salario, al

que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo o empleando engaño o furtividad:

I. Ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca;

II. Ocupe un inmueble de su propiedad que se halle en poder de otra persona por alguna causa legítima, o

ejerza actos de dominio que lesionen derechos del ocupante;

III. Desvíe o haga uso de las aguas propias o ajenas en los casos en que la Ley no lo permita, haga uso de un

derecho real sobre aguas que no le pertenezcan o altere cualquier clase de señales o mojones destinados a fijar límites

de los predios contiguos, privados o públicos si con ello se persigue un fin ilícito;

IV. Ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante de dichas aguas.

Si el despojo se realiza por dos o más personas o con violencia, se le impondrá prisión de seis a nueve años y

multa de cincuenta a ciento ochenta días de salario.

A los autores intelectuales, además de la pena señalada en este artículo, se les impondrá una mitad más de la

sanción correspondiente.

ARTICULO 203. Las sanciones previstas se impondrán aunque el derecho a la posesión esté controvertido,

pero si antes de dictarse sentencia, en todo caso, el sujeto activo restituye la posesión, sus accesorios y los daños y

perjuicios que hubiese causado se reducirá a la mitad la sanción que le correspondería por el delito cometido.

CAPITULO VII

D A Ñ O S.

ARTICULO 204. Al que por cualquier medio destruya o deteriore una cosa ajena o propia, en perjuicio de otro,

se le impondrá de seis meses a ocho años de prisión y multa de quince a cien días de salario.

Si el daño recae en bienes de valor científico, artístico, cultural o de utilidad pública, entendiéndose ésta en los

términos con que lo define la Ley de la materia, o se comete por medio de inundación o incendio, la prisión se aumentará

en una mitad más de la prevista en el párrafo anterior.

El delito previsto en el primer párrafo de este artículo, solo se perseguirá por querella del ofendido o de quien

legalmente lo represente.

ARTICULO 205. Al que atentando contra el patrimonio ecológico del Estado incendie un predio rústico;

recolecte, recicle, derrumbe o procese sin autorización legal productos y especies de la flora y fauna de la entidad, se le

impondrá sanción de dos a ocho años de prisión procediéndose además a aplicar las sanciones que determina el artículo

31 de este código, en lo aplicable.

Lo anterior no tendrá aplicación cuando la conducta del sujeto obedezca a situaciones consuetudinarias o por

razones obvias en la preparación, siembra y cultivo de granos básicos siempre que de aviso u obtenga autorización de la

autoridad correspondiente.

Para la persecución de este delito se concede acción popular.

ARTICULO 206. Si antes de dictarse sentencia el sujeto activo restituye el objeto del delito o, no siendo esto

posible, cubre su valor o los daños y perjuicios, se reducirá a la mitad la sanción que le correspondería por el delito

cometido, siempre que no sea reincidente.

TITULO OCTAVO

DELITOS CONTRA LA MORAL PUBLICA

CAPITULO I

ULTRAJES A LA MORAL PUBLICA, O A LAS BUENAS COSTUMBRES;

INCITACION A LA PROSTITUCION; Y ATENTADOS CONTRA LOS SIMBOLOS

PATRIOS O VALORES HISTORICOS NACIONALES O DEL ESTADO.

ARTICULO 207. Se sancionará con tres días a cuatro años de prisión y multa de diez a cincuenta días de

salario:

I. Al que fabrique, reproduzca o publique libros, escritos, imágenes u objetos obscenos, y al que exponga,

distribuya o haga circular;

II. Al que públicamente y por cualquier medio ejecute o haga ejecutar por otros, exhibiciones obscenas;

III. Al que de modo escandaloso invite a otro al comercio carnal;

IV. A quien denigre u ofenda, sin base ni justificación e inventando hechos o aciertos a algún individuo o

persona moral;

V. A quien atente contra los símbolos patrios o valores históricos nacionales o del Estado.

En el caso de la fracción anterior la pena se aumentará en un tanto más.

CAPITULO II

CORRUPCION DE MENORES O INCAPACITADOS

ARTICULO 208. Al que incite a la mendicidad, procure o facilite la perversión de las costumbres de un menor

de edad o cualquier incapaz, se aplicará de tres a ocho años de prisión y multa de diez a cincuenta días de salario.

Cuando los ilícitos previstos en este artículo originen o provoquen alcoholismo o hábitos como drogadicción,

homosexualismo, uso de sustancias tóxicas u otras que produzcan efectos similares en el sujeto pasivo, u orillen a éste a

formar parte de una asociación delictuosa se aplicará la sanción de cinco a diez años de prisión y multa de cien a

trescientos días de salario.

ARTICULO 209. Al que empleare a menores de edad como trabajadores en cantinas, bares, tabernas y centros

de vicio estando éstos en horarios habituales de actividad, se le sancionará con prisión de tres meses a tres años y multa

de cinco a treinta días de salario; además se clausurará definitivamente el establecimiento.

Si el desempeño de las labores las realiza el menor fuera del horario habitual de actividades del

establecimiento, se reducirán a la mitad las sanciones, con prevención de clausura definitiva.

Se aplicará un tercio de las sanciones señaladas en el primer párrafo a los padres o tutores que acepten que

sus hijos o pupilos que están bajo su guarda, se empleen en los referidos establecimientos, si se prueba la estricta

necesidad familiar que el menor tenga de emplearse, en caso contrario se aplicarán las mismas sanciones señaladas y

la suspención de la potestad o tutela hasta por el término de la pena, además de la privación sobre los bienes del

ofendido.

Para los efectos de este precepto se considerará como empleados a los menores de edad que presten sus

servicios con la finalidad de obtener cualquier beneficio económico gratuitamente o por cualquiera otra prestación.

ARTICULO 210. Cuando los delitos a que se contrae este capítulo se ejecuten por retribución dada o

prometida, las sanciones establecidas a los artículos que anteceden podrán aumentarse hasta quince años de prisión y

multa de cien a quinientos días de salario.

CAPITULO III

LENOCINIO.

ARTICULO 211. Al que cometa el delito de lenocinio se le aplicará prisión de cuatro a ocho años y multa de

cincuenta a doscientos días de salario. La sanción se aumentará en cuatro años de prisión cuando el autor del delito

cuente con la colaboración o protección de la policía judicial, de la policía preventiva, de cualquiera otra corporación

policiaca y de vigilancia, o de cualquier servidor público de la Federación, del Estado o de los municipios sin perjuicio de

lo establecido en los artículos 212, 213 y 214 de este ordenamiento.

ARTICULO 212. Comete el delito de lenocinio:

I. Toda persona que explote el cuerpo de otra por medio de comercio carnal, se mantenga de este comercio u

obtenga de él un lucro cualquiera; administre o sostenga lugares destinados a explotar la prostitución;

II. El que induzca o inicie a una persona para que con otra comercie sexualmente con su cuerpo o le facilite los

medios para que se entregue a la prostitución; y

III. El que fomente, regentee, administre o sostenga directa o indirectamente prostíbulos, casas de citas o

lugares dedicados a explotar la prostitución.

ARTICULO 213. Cuando la persona explotada sea menor de dieciséis años o incapacitada, se aplicará al

responsable de cinco a diez años de prisión y multa de cincuenta a doscientos días de salario y si el agente empleare

violencia o se valiere de una función pública que tuviere la pena se agravará hasta dos años más y la multa hasta de

cien días más.

ARTICULO 214. Si el sujeto activo fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, concubina o concubinario, tutor,

curador o encargado de la persona explotada, la sanción será de diez a quince años y el sentenciado será privado de

todo derecho sobre el sujeto pasivo y bienes de éste.

Se concede acción popular para la denuncia de este delito y los tipificados en los artículos 211, 212 y 213.

CAPITULO IV

PROVOCACION DE UN DELITO Y APOLOGIA DE

ESTE O DE ALGUN VICIO.

ARTICULO 215. Derogado.

TITULO NOVENO

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD

INTERIOR DEL ESTADO.

CAPITULO I

REBELION.

ARTICULO 216. Se aplicará prisión de dos a veinte años a los que no siendo militares en ejercicio, con

violencia y uso de armas traten de:

I. Abolir o reformar la Constitución Política del Estado o las instituciones que de ella emanen;

II. Impedir la elección, renovación, funcionamiento o integración de alguno de los poderes del Estado o

Ayuntamiento, usurparles sus atribuciones o impedirles el libre ejercicio de éstas;

III. Separar de su cargo o impedir el desempeño de este a algún servidor público estatal o municipal o

IV. Sustraer de la obediencia del Gobierno toda o una parte de alguna población del Estado o algún cuerpo de

seguridad pública.

ARTICULO 217. Se aplicará la pena señalada en el artículo anterior al que residiendo en territorio ocupado por

el Gobierno del Estado y sin mediar violencia proporcione a los rebeldes armas, municiones, dinero, víveres, medios de

transporte o de comunicación, o impida que las fuerzas de seguridad pública del Gobierno reciban estos auxilios. Si

residiere en territorio ocupado por los rebeldes la prisión será de seis meses a cinco años.

Al servidor público que teniendo por razón de su cargo documentos e informes de interés estratégico los

proporcione a los rebeldes, se le impondrán de cinco a treinta años de prisión.

ARTICULO 218. Se aplicará prisión de cuatro a diez años al que:

I. En cualquier forma o por cualquier medio invite a una rebelión;

II. Residiendo en territorio ocupado por el Gobierno oculte o auxilie a los espías o exploradores de los rebeldes

sabiendo que los son o mantenga relaciones con los rebeldes para proporcionarles noticias concernientes a las

operaciones de las fuerzas de seguridad del Estado u otras que le sean útiles; y

III. Voluntariamente sirva en un empleo, cargo o comisión en el lugar ocupado por los rebeldes salvo que actúe

bajo violencia o por razones humanitarias.

ARTICULO 219. A los servidores públicos y a los rebeldes que después del combate causen directamente o

por medio de órdenes, la muerte de los prisioneros, se les aplicará prisión de quince a treinta años.

ARTICULO 220. Los rebeldes no serán responsables de los homicidios ni de las lesiones inferidas en el acto

de un combate, pero de los que causen fuera del mismo lo serán tanto el que los mande como el que los permita

pudiendo evitarlos, y los que inmediatamente los ejecuten.

No se aplicará pena a los que depongan las armas antes de ser tomados prisioneros, si no hubiese cometido

alguno de los delitos mencionados en el artículo anterior.

CAPITULO II

CONSPIRACION, SEDICION Y OTROS

DESORDENES PUBLICOS.

ARTICULO 221. Hay conspiración siempre que dos o más personas resuelvan, de concierto, cometer alguno

de los delitos precisados en este título y acuerden los medios para llevar a efecto su determinación. La sanción aplicable

será de dos a siete años de prisión o confinamiento por el mismo tiempo, y multa hasta de cincuenta días de salario.

Cuando se concierte que los medios de llevar a cabo una rebelión sean el homicidio, el robo, el plagio, el

despojo o el saqueo, se impondrán a los conspiradores de cuatro a ocho años de prisión y multa de cien a doscientos

días de salario.

ARTICULO 222. Derogado.

ARTICULO 223. Derogado.

ARTICULO 224. Derogado.

ARTICULO 225. Incurren en asonada o motín los que protestando hacer uso de un derecho, se reúnan

tumultuariamente y con empleo de violencia en las personas, o sobre las cosas, amenacen a la autoridad, a sus agentes

o a los servidores públicos cuando se hallaren ejerciendo las funciones de su cargo o en ocasión de ellas para

intimidarlos u obligarlos a tomar una determinación o los que obstruyen para ese fin las vías de comunicación terrestre,

pluviales o aéreas. Al que cometa este delito se le impondrá de dos a cuatro años de prisión y multa de 20 a 50 días de

salario.

TITULO DECIMO

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD

PUBLICA.

CAPITULO I

EVASION DE PRESOS.

ARTICULO 226. Se aplicará de dos a seis años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido,

procesado o sentenciado.

ARTICULO 227. El artículo anterior deja exentos de toda sanción a los ascendientes, descendientes, cónyuges

o concubinos, hermanos del prófugo, y a sus parientes por afinidad hasta el segundo grado, excepto el caso de que

hayan proporcionado la fuga por medio de violencia en las personas o en las cosas.

ARTICULO 228. Se aplicará hasta una mitad más de la sanción antes señalada al que proporcione al mismo

tiempo o en un solo acto, la evasión a varias personas privadas de su libertad por la autoridad competente. Y si el sujeto

activo prestare sus servicios en el establecimiento se impondrá tres cuartas partes más de la sanción simple y quedará,

además destituido definitivamente de su empleo.

ARTICULO 229. Si la reaprehensión del prófugo se lograre por gestiones del que favoreció la evasión, se le

aplicará a este de seis meses a dos años de prisión, según la gravedad del delito imputado al detenido, procesado o

sentenciado.

ARTICULO 230. Al evadido no se aplicará sanción alguna, sino cuando obre de concierto con otro u otros

reunidos y se fugue alguno de ellos o ejerciere violencia en las personas o cosas, en cuyo caso la pena aplicable será de

seis meses a cuatro años de prisión.

CAPITULO II

QUEBRANTAMIENTO DE SANCION.

ARTICULO 231. A quien quebrante la pena no privativa de libertad o la medida de seguridad que se le hubiere

impuesto, no se le aplicará pena alguna, salvo que haga uso de la violencia o cause daño, o se encuentre en las

hipótesis establecidas en el artículo siguiente, en cuyo caso se le aplicará prisión de seis meses o hasta de cincuenta

días de multa.

Al que favorezca el quebrantamiento de la pena o medida de seguridad a que se refiere el párrafo anterior se le

impondrá de tres meses a un año de prisión. Si se trata de un servidor público que tenga a su cargo el cumplimiento de

la pena o medida, la sanción anterior se aumentará en una mitad más y la privación del cargo.

ARTICULO 232. Se impondrá de uno a seis meses de prisión:

I. Al sentenciado sometido a vigilancia de la autoridad que no proporcione a esta dos o más informes que se le

pidan sobre su conducta;

II. A quien se hubiese prohibido ir a determinado lugar o residir en él, si violare la prohibición.

ARTICULO 233. Al sentenciado a confinamiento que salga del lugar que se le haya fijado para su residencia

antes de extinguirlo, se le aplicará prisión por el tiempo que le falte para extinguir el confinamiento.

ARTICULO 234. El sentenciado suspendido en su profesión u oficio o inhabilitación para ejercerlo, que

quebrante la sanción, pagará una multa de cincuenta días de salario. En caso de reincidencia se duplicará la multa y

además se le aplicará prisión de uno a seis años.

CAPITULO III

ARMAS PROHIBIDAS

ARTICULO 235. A quien porte, fabrique o acopie de manera ilícita instrumentos que sólo pueden ser utilizados

para agredir, se le impondrá prisión de tres meses a tres años y hasta sesenta días de multa y decomiso.

Para los efectos de este artículo, se entiende por acopio la reunión de tres o más de los instrumentos

señalados en el párrafo anterior.

ARTICULO 236. Se aplicará hasta un año de prisión y multa hasta de diez días de salario, al que porte fuera de

su ámbito utilitario con intención dañina, cualquier instrumento que pudiera ser utilizado para agredir, aún cuando este

tenga aplicación en actividades domésticas, laborales o recreativas.

CAPITULO IV

ATENTADOS CONTRA LA PAZ Y LA INTEGRIDAD

CORPORAL Y PATRIMONIAL DE LA COLECTIVIDAD Y

DEL ESTADO.

ARTICULO 237. Se impondrá de diez a cuarenta años de prisión y multa hasta de cien días de salario, sin

perjuicio de las sanciones que correspondan por los delitos que resulten al que realice actos en contra de las personas,

cosas, o servicios públicos, utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego, incendio, inundación o cualquier

otro medio violento que produzca alarma, temor o terror en la población, en un grupo o sector de ella, para perturbar la

paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a esta para que tome una determinación.

Se aplicará de dos a ocho años de prisión y hasta sesenta días multa, al que teniendo conocimiento de las

actividades de un terrorista y de su identidad, no lo haga saber a las autoridades.

CAPITULO V

DELINCUENCIA ORGANIZADA, ASOCIACION

DELICTUOSA Y PANDILLERISMO

ARTICULO 238. Se impondrá prisión de tres a siete años y multa de cien a doscientos días de salario, al que

tomare participación en una organización, asociación o banda integrada por tres o más personas, con el propósito de

delinquir, independientemente de la sanción que le corresponda por el delito que pudiere cometer o haya cometido, se

presumirá que las organizaciones que posean armas tienen por objetivo delinquir.

Si los integrantes de la organización, asociación o banda se organizan formal o informalmente para realizar de

manera transitoria, permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer

alguno o algunos de los delitos señalados en el artículo 269 Bis B del Código de Procedimientos Penales, por ese solo

hecho, serán sancionados con pena de prisión de cuatro a ocho años y multa de doscientos a quinientos días de salario.

Si en la organización, asociación o banda participan o se hace participar a menores o incapacitados, aún

cuando con ellos se integre el número necesario de miembros, la pena se aumentará en dos años más,

independientemente de la que resultare de diverso delito.

Cuando el miembro de la organización, asociación o banda sea, o haya sido servidor público de alguna

corporación policiaca, las penas que resulten por los delitos cometidos, se aumentarán en una mitad, además destitución

e inhabilitación de dos a seis años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

ARTICULO 239. Se entiende por pandilla la reunión habitual, ocasional o transitoria, de dos o más personas

que sin estar organizadas con fines antisociales, cometan en común algún ilícito.

Cuando se cometan uno o más ilícitos se aplicará a los pandilleros, además de las panas que le corresponda

por el o los delitos cometidos, la sanción de uno a cinco años de prisión.

En este artículo regirá el mismo criterio señalado en el segundo párrafo del artículo anterior.

TITULO DECIMO PRIMERO

DELITOS EN MATERIA DE VIAS DE

COMUNICACION Y CORRESPONDENCIA.

CAPITULO I

ATAQUES A LAS VIAS DE COMUNICACION.

ARTICULO 240. Las disposiciones de este capítulo tendrán aplicación siempre y cuando se trate de actos u

omisiones que no deban sancionarse por los órganos jurisdiccionales federales en razón de quedar comprendidos en los

diversos ordenamientos de la Ley de vías generales de comunicación.

ARTICULO 241. Se llaman caminos públicos las vías de tránsito habitualmente destinadas al uso público, sea

quien fuere el propietario y cualquiera que sea el medio de locomoción que se permita y las dimensiones que tuvieren,

con exclusión de los tramos que se hallen dentro de los límites de las poblaciones.

ARTICULO 242. Al que quite, corte o destruya las ataderas que detienen una embarcación u otro vehículo, o

quite el obstáculo que impida o modere su movimiento, se le aplicará la pena de un mes a un año de prisión, si no

resultare daño alguno; si se causare éste, se aplicará además la pena correspondiente por el delito que resulte.

ARTICULO 243. Se impondrá de tres días a cinco años de prisión y multa de diez a veinticinco días de salario:

I. Al que, para detener los vehículos en un camino público, ponga algún obstáculo para impedir su libre tránsito;

II. Al que provoque el incendio de un vehículo destinado al transporte de carga;

III. Al que inundare, en todo o en parte un camino público o echare sobre él las aguas de modo que cause

daño; y

IV. Al que destruya en todo o en parte o paralice por otro medio diferente a los especificados en las fracciones

anteriores; un puente, un dique, una calzada o camino.

ARTICULO 244. Al que, para la ejecución de los hechos a que se refieren los artículos anteriores, se valga de

explosivos, se le aplicará prisión de quince a treinta años.

La misma pena se impondrá al que incendiare una embarcación u otro vehículo, si se encontraren ocupados

por una o más personas; si a estas se les causare algún daño se aplicará, además la sanción del delito que corresponda,

la que no deberá exceder de cuarenta años. Si en el vehículo o embarcación que se incendie no se hallare persona

alguna, la pena será de dos a ocho años.

ARTICULO 245. Se impondrá prisión hasta de seis meses, y multa hasta de veinte días de salario:

I.- Al que viole dos o más veces el reglamento de tránsito por conducir un vehículo de motor con temeridad

manifiesta, poniendo en peligro la vida, la salud personal o bienes ajenos. Pudiendo, a juicio de la autoridad,

suspender la licencia hasta por un año.

II.-

Cuando se cause daño por medio de cualquier vehículo, motor o maquinaria, además de aplicar las penas

por el delito que resulte, pudiendo a juicio del juez, suspender al sujeto activo para manejar aquellos

aparatos por un tiempo de un mes a un año. En caso de reincidencia la suspensión se duplicará.

III.-

Al que en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes cometa infracción a las disposiciones de

tránsito al manejar vehículos de motor. Además, se le suspenderá en los términos de la fracción anterior.

CAPITULO II

VIOLACION DE CORRESPONDENCIA.

ARTICULO 246. Se aplicará de tres días a seis meses de prisión y multa de cinco a quince días de salario al

que indebidamente abra una comunicación escrita o indebidamente intercepte una comunicación escrita que no esté

dirigida a él.

Nadie será sancionado por el delito a que se refiere este artículo sino en virtud de querella de la parte ofendida.

ARTICULO 247. No se considerará punible el hecho de que los que ejerciendo la patria potestad, tutela o

curatela abran o intercepten las comunicaciones escritas dirigidas a sus hijos menores de edad o a las personas que se

hallen bajo su tutela o guarda.

ARTICULO 248. La disposición del artículo 246 no comprende la correspondencia que circula por la estafeta,

respecto de la cual se estará a lo dispuesto en la legislación postal.

ARTICULO 249. Al empleado de una oficina o estación radio- telefónica que concientemente dejare de

transmitir un mensaje que se entregue con ese objeto o de comunicar al destinatario el que recibiera de otra oficina o

estación, se le impondrá de quince días a un año de prisión y multa de cinco a quince días de salario. Si resultare

perjuicio se estará al delito que en este caso se hubiere cometido aplicándose la sanción correspondiente.

TITULO DECIMO SEGUNDO

DELITOS CONTRA LA AUTORIDAD

CAPITULO I

DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA DE

PARTICULARES.

ARTICULO 250. Al que, sin causa legítima, rehusare prestar un servicio de interés público a que la Ley le

obligue, o desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad, se le aplicará de quince días a un año de prisión y multa

de tres a diez días de salario.

ARTICULO 251. Al que sin excusa se negare a comparecer ante la autoridad a emitir su declaración, cuando

legalmente se le exija ésta, no será considerado como sujeto de pretensión punitiva en el caso del artículo anterior; pero

cuando insista en su desobediencia después de haber sido apremiado por la autoridad judicial o apercibido por la

administrativa en su caso, para que comparezca ante ellas, se aplicará de tres meses a dos años de prisión según la

gravedad del caso.

ARTICULO 252. Se aplicará hasta un año de prisión y multa hasta de cinco días de salario al que, empleando

la fuerza, el amago, o la amenaza, se oponga a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de las funciones o

resista al cumplimiento de un mandato legítimo ejecutado en forma legal y pacífi co, en el que no medie el exceso de la

fuerza policiaca.

ARTICULO 253. Se equipará a la resistencia y se le impondrá la misma sanción que ésta, la coacción hecha a

la autoridad pública por medio de violencia física o moral, para obligarla a que ejecute un acto oficial sin los requisitos

legales, u otro que no esté en sus atribuciones.

ARTICULO 254. Al que, debiendo ser examinado en juicio y sin que le aprovechen las excepciones

establecidas en este Código o por el de Procedimientos de la materia, se niegue a otorgar la protesta de Ley al declarar,

se le impondrá una multa de cinco a veinte días de salario. En caso de reincidencia se le impondrá prisión de uno a seis

meses.

ARTICULO 255. Cuando la Ley autorice el empleo de apremio para hacer efectivas las determinaciones de la

autoridad, solo se consumará el delito de desobediencia cuando se hubieren agotado los medios de apremio.

CAPITULO II

OPOSICION A QUE SE EFECTUE ALGUNA OBRA O

TRABAJO PUBLICO.

ARTICULO 256. Al que procure con actos materiales impedir la ejecución de una obra o trabajo público,

mandados hacer con los requisitos legales por la autoridad competente, se le aplicará de diez días a seis meses de

prisión.

Si el delito se comete por varios sujetos la sanción será de tres meses a un año de prisión si solo se hiciere

una simple oposición, pero si mediare violencia podrá aumentarse la sanción hasta por dos años de prisión y multa hasta

de quince días de salario.

CAPITULO III

QUEBRANTAMIENTO DE SELLOS.

ARTICULO 257. Al que indebidamente retire, destruya o de cualquier modo quebrante los sellos puestos por

orden legítima de la autoridad pública competente se le aplicará de tres meses a tres años de prisión y de veinte a

sesenta días mu lta.

CAPITULO IV

DELITOS COMETIDOS CONTRA SERVIDORES

PUBLICOS.

ARTICULO 258. Al que cometa algún delito en contra de servidores públicos en el acto de ejercer sus

funciones o con motivo de ellas, se les aplicará de tres días a tres años de prisión, además de la que le corresponda por

el ilícito cometido.

TITULO DECIMO TERCERO

F A L S E D A D

CAPITULO I

FALSIFICACION DE SELLOS, LLAVES,

CUÑOS, TROQUELES Y MARCAS.

ARTICULO 259. Se impondrá prisión de uno a cinco años y de cinco a treinta días multa al que con el fin de

obtener un beneficio indebido o para causar daño, falsifique, altere, haga desaparecer o introduzca sin autorización

sellos y facsímiles, troqueles sean del Estado, municipios, notarios o corredores públicos.

Si los objetos falsificados o alterados son propiedad de un particular sea persona física o moral, la sanción será

de tres meses a tres años de prisión y de cinco a veinte días multa.

Al que use indebidamente cualquiera de los objetos arriba señalados se le aplicará las penas previstas en el

párrafo anterior.

CAPITULO II

FALSIFICACION DE DOCUMENTOS EN GENERAL.

ARTICULO 260. La falsificación de documentos públicos o privados se sancionará con prisión de seis meses a

tres años y multa de diez a cincuenta días de salario, siempre que el falsario obtenga o se proponga obtener un beneficio

o causar daño o perjuicio a la sociedad, al Estado, al Municipio, o a un particular, y que haya hecho la falsificación sin

consentimiento de la persona a quien pueda resultarle daño o perjuicio.

ARTICULO 261. El delito de falsificación de documentos se comete por alguno de los medios siguientes:

I. Poniendo una firma o rúbrica falsa, o alterando el contexto, fecha o circunstancia de validez de un

documento después de firmado;

II. Aprovechando una firma o rúbrica en un documento en blanco, creando, modificando o extendiendo una

obligación; expidiendo o redactando cualquier otro documento o en cuyo contenido se cambie el sentido de la

convención o se infiera una falsedad que pueda causar daño o perjuicio a la sociedad, al Estado, al Municipio o a un

particular;

III. Añadiendo o alterando cláusulas o declaraciones, o asentando como ciertos hechos falsos o como

confesados los que no lo están si el documento en que se asienten se extendiere para hacerlo constar y como pruebas

de ellos;

IV. Expidiendo un testimonio supuesto de documentos que no existen dándole a otro existente que carece de

los requisitos legales, suponiendo falsamente que los tiene; o de otro que carece de ellos, o agregando o suprimiendo en

la copia, algo que importe una variación substancial; y

V. Alterando un perito traductor o paleógrafo el contenido de un documento al traducirlo o descifrarlo.

ARTICULO 262. También se hará acreedor a las sanciones señaladas en el artículo 263 de este Código:

A. Tratándose de documentos en general:

I. El que para eximirse de un servicio debido legalmente o de una obligación impuesta por la Ley exhiba una

certificación de enfermedad o impedimento que tiene, como expedida por un médico existente o no;

II. El que haga uso de una certificación verdadera expedida para otro como si lo hubiera sido en su favor, o

altere a la que a él se le expidió;

III. Los encargados del servicio telefónico o de radiotelefonía estatales, que supongan o falsifiquen un

despacho de esa clase; y

IV. Al que a sabiendas hiciere uso de algún documento falso, sea público o privado.

B. Tratándose de documentos relativos al Registro y Estado Civil de las personas:

I. Se impondrá pena hasta de cinco años de prisión y multa hasta de un año del salario mínimo vigente en el

momento de cometerse el delito a la persona que:

a). Falsifique, robe, trafique o altere cualquiera de los documentos, constancias y certificaciones expedidas por

los funcionarios del Registro Civil;

b). Para obtener los documentos a que se refiere la fracción anterior se atribuye nombre, apellido o calidad

falsos, o con su testimonio concurra a que se obtenga o entreguen dichos documentos en desacuerdo con la realidad.

Cuando en la conducta que tipifiquen los incisos anteriores, intervengan servidores públicos adscritos al

Registro Civil, la pena se incrementará de tres a siete años de prisión y multa de veinte a cincuenta días de salario

mínimo vigente al cometerse el delito.

CAPITULO III

FALSEDAD EN DECLARACIONES Y EN

INFORMES DADOS A UNA AUTORIDAD.

ARTICULO 263. Se impondrá de dos meses a tres años de prisión y multa de cinco a veinticinco días de

salario:

I. Al que interrogado formalmente por autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la

verdad; o que el testigo examinado formalmente por autoridad judicial, en su testimonio faltare a la verdad u ocultare

maliciosamente alguna circunstancia que pueda probar la verdad o falsedad del hecho principal o que aumente o

disminuya su gravedad.

La sanción será de seis meses a nueve años de prisión para el testigo falso interrogado en juicio criminal,

cuando al sujeto pasivo se le imponga sanción de más de diez años de prisión a causa del testimonio falso al que se le

haya dado fuerza probatoria;

II. Al que soborne a un testigo, a un perito o a un intérprete para que se produzca con falsedad en un juicio, o

los obligue, comprometa o intimide para ello; o presente testigos falsos conociendo esta circunstancia;

III. Al que, examinado formalmente por autoridad, bajo protesta de decir verdad negare ser suya la firma con

que hubiere suscrito un documento privado o público; y

IV. Al que, sabiendo notoriamente la inexistencia de un hecho criminal formule querella escrita o por

comparecencia que tenga como resultado el inicio de una averiguación y el proceso correspondiente en contra de una

persona. En este caso se aplicará de dos a cinco años de prisión y hasta de sesenta días multa.

ARTICULO 264. El compareciente, testigo, perito o intérprete que se retracte espontáneamente de sus falsas

declaraciones rendidas ante la autoridad antes de que se pronuncie sentencia en la instancia en que las hubiese emitido,

solo pagará una multa de cinco a veinte días de salario, pero si faltare a la verdad a la hora de retractarse de su

declaración, se le duplicará la sanción que corresponda con arreglo a lo previsto en este capítulo, considerándolo como

reincidente.

Lo previsto en este capítulo no comprende los casos en que el sujeto sea examinado sobre la calidad o

cantidad estimativa de una cosa, o cuando tenga el carácter de indiciado.

ARTICULO 265. Se impondrá prisión de tres días a un año y multa hasta de diez días de salario:

I. Al que oculte su nombre o apellido y tome otro imaginario o el de otra persona, al declarar ante cualquier

autoridad; y

II. Al que para eludir la práctica de una diligencia o notificación de cualquier clase o la citación de una

autoridad, oculte su domicilio, designe otro distinto o niegue de cualquier modo el verdadero.

CAPITULO IV

USURPACION DE FUNCIONES PUBLICAS O DE

PROFESION Y USO INDEBIDO DE CONDECORACIONES,

UNIFORMES E INSIGNIAS.

ARTICULO 266. Al que indebidamente se atribuya y ejerza funciones propias de un servidor público. Se le

aplicarán de seis meses a cinco años de prisión y de veinte a sesenta días de multa.

ARTICULO 267. Al que, sin serlo, se atribuya el carácter de profesionista, ofrezca públicamente sus servicios

como tal o realice actividades propias de una profesión sin tener el título correspondiente, ostentándose por medio de

placas, tarjetas, papel membretado, anuncios u otra forma de publicidad para ofertar dichos servicios, obtener algún

beneficio o causar algún daño, se aplicará prisión de uno a cinco años y de cincuenta a doscientos días de salario.

ARTICULO 268. Al que usare uniformes oficiales, condecoraciones, grados jerárquicos, distintos o insignias a

que no tenga derecho, con el propósito de obtener un beneficio indebido o lesionando la dignidad o respeto de la

corporación o la investidura a que correspondan aquéllos, se le impondrán de tres meses a cinco años de prisión y de

veinte a cien días de multa.

CAPITULO V

DISPOSICIONES COMUNES A LOS

CAPITULOS PRECEDENTES.

ARTICULO 269. Si el falsario hiciere uso de los documentos u objetos falsos que se detallan en este título, se

acumularán la falsificación y el delito que por medio de ellos se hubiere cometido.

ARTICULO 270. Las disposiciones contenidas en este título solo se aplicarán en lo que no estuviere previsto

en las leyes especiales o no se opusieran a lo establecido en ellas.

TITULO DECIMO CUARTO

DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES

PUBLICOS.

CAPITULO I

EJERCICIO INDEBIDO, ABANDONO DE

FUNCIONES Y COALICION DE FUNCIONARIOS.

ARTICULO 271. Para todos los efectos de este título, es servidor público quien desempeñe un empleo, cargo o

comisión de cualquier naturaleza en la administración pública Estatal o Municipal, así como organismos electorales del

Estado, Organismos descentralizados, empresas de participación Estatal mayoritaria, o que manejen recursos

económicos Estatales o Municipales.

ARTICULO 272. Se impondrá la pena de dos meses a un año de prisión y multa de diez a veinte días de

salario a los servidores públicos que:

I. Acepten o ejerzan las funciones de un empleo; cargo o comisión, sin haber tomado posesión legítima del

mismo;

II. Continúen ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión, después de saber que ha concluido el

término de su nombramiento o comisión, se han revocado estos o que se le haya suspendido o destituido;

III. Simulare tener alguna otra comisión empleo o cargo diferente del que realmente tuviere; ejerza funciones

que no le correspondan, se abstenga de conocer las que le competen o se exceda en el ejercicio de las que tiene

conferidas; y

IV. Sin habérsele admitido la renuncia de una comisión, empleo o cargo, o antes de que se presente la persona

que ha de reemplazarle, lo abandone sin causa justificada por tres días o más.

A los que cometan el delito de coalición de servidores públicos se le impondrá de seis meses a tres años de

prisión y multa de veinte a sesenta días de salario.

Cometen el delito de coalición cuando tres o más servidores públicos se unan y tomen medidas contrarias a

una Ley o Reglamento, para impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos, con el objeto de impedir,

entorpecer o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas.

CAPITULO II

ABUSO DE AUTORIDAD Y DELITOS COMETIDOS

EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.

ARTICULO 273. Se impondrá pena de prisión de dos a ocho años y destitución o inhabilitación de funciones

hasta por dos años, a los funcionarios, fedatarios o empleados públicos que incurran en las siguientes conductas:

I. Cuando para impedir la ejecución de una Ley, Decreto, Reglamento o disposición de carácter general, el

cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pidan auxilio a la fuerza pública o la empleen con ese

objeto;

II. Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hicieren violencia física o moral a una persona, la

vejaren, la insultaren o empleen términos ofensivos contra alguna de las partes o autoridades que intervengan en el

asunto de que se trate;

III. Cuando indebidamente retarden o nieguen a los particulares el despacho de sus asuntos, la protección o

servicio que tengan obligación de prestarles o impidan la presentación de solicitudes o retarden por negligencia o dolo el

curso de estas;

IV. Cuando fuera de procedimiento legal destruyan los sellos que ellos mismos u otra autoridad hayan fijado;

V. Cuando estando encargado de una fuerza pública requeridos legalmente por una autoridad civil para que le

presten auxilio, se nieguen indebidamente a dárselo;

VI. Cuando con motivo de sus funciones hagan que se les entreguen fondos, valores u otra cosa que no se les

haya confiado y se los apropien o dispongan de ellos indebidamente;

VII. Cuando con cualquier pretexto exijan y obtengan de un subalterno parte de los sueldos de este, dádivas y

otros servicios;

VIII. Cuando no cumplan cualquier disposición que legalmente les comunique su superior, o un acuerdo u

orden del mismo sin causa fundada para ello;

IX. Cuando ejecuten actos o dicten acuerdos, impliquen violación al derecho o contraríen actuaciones

producidas en juicio, y que produzcan daño o concedan alguna ventaja a cualquiera persona, siempre que no obren por

error de opinión;

X. Cuando desechen, retarden o entorpezcan maliciosamente, o por negligencia o descuido, el despacho de

los asuntos de su competencia;

XI. Cuando desempeñen algún otro empleo oficial, un puesto o cargo particular, que la ley les prohiba; o

litiguen por sí o por interpósita persona cuando la ley prohiba el ejercicio de su profesión; dirijan o aconsejen a las

personas que ante ellos litiguen;

XII. Cuando estando encargados de cualquier establecimiento destinado a la ejecución de sanciones privativas

de libertad, sin los requisitos legales reciban como preso o detenido a una persona, o la mantengan privada de la libertad

y sin dar parte del hecho a la autoridad correspondiente;

XIII. Ordenar indebidamente la libertad de alguna persona que se encuentra a disposición de otras autoridades

o presionar a estas para que se logre esa libertad;

XIV. Cuando no obstante que tengan conocimiento de una privación ilegal de libertad no la denunciaren a la

autoridad competente, o no la hicieren cesar si impedirlo estuviera en sus atribuciones;

XV. Cuando falsifiquen o intervengan en la falsificación de acciones, obligaciones u otros títulos o documentos

de crédito legalmente emitidos por el Gobierno del Estado, por los ayuntamientos o cualquier oficina pública de Hacienda

o institución dependiente del Gobierno del Estado o controlada por éste, o introduzcan al Estado o pongan en circulación

los documentos antes mencionados, a sabiendas de su falsedad;

XVI. Cuando mediante engaño hicieren que alguien firme un documento público que no habría firmado

sabiendo su contenido, o cuando expidan en ejercicio de sus funciones, una certificación de hechos falsos, o den fe de lo

que no consta en autos, registros, protocolos o documentos;

XVII. Cuando rindan informe en que afirmen ante cualquier autoridad una falsedad;

XVIII. Cuando en los actos propios de su cargo atribuyeren a una persona, título o nombre a sabiendas de que

no le pertenecen;

XIX. Cuando autoricen, protejan o den asistencia a locales de juegos prohibidos;

XX. Cuando sustraigan con fines ilícitos un expediente de la oficina en que presten sus servicios o de otra en

que intervengan por razón de sus funciones, o que lleguen a su poder por ese motivo; alteren; arranquen uno o más de

sus hojas o parte de ellas, o las inutilicen de cualquier manera o ejecuten alguno de los actos enumerados

anteriormente, con cualquier documento que se halle bajo la responsabilidad y dominio de la oficina correspondiente.

Los gastos para reponer el expediente o el documento se incluirán en la reparación del daño;

XXI. Conocer de negocios para los cuales tengan impedimento legal o abstenerse de conocer de los que le

correspondan sin tener impedimento legal para ello;

XXII. Cuando las corporaciones policiacas, de investigación o de cualquier otra autoridad no den al ministerio

público la intervención oportuna que les corresponda en la persecución de los delitos;

XXIII. Cuando se abstengan de hacer la consignación de alguna persona que se encuentre detenida y a su

disposición como presunto responsable de la comisión de un delito con arreglo a la Ley; o no dictar dentro del término

legal el auto de formal prisión o de libertad según corresponda;

XXIV. Cuando el Ministerio Público se abstenga de ejercitar la acción penal en los casos en que la Ley le

imponga esa obligación;

XXV. Aprovechar el poder, el empleo o el cargo para satisfacer indebidamente algún interés propio.

ARTICULO 274. Cuando se trate de corporaciones policiacas cualquiera que sea su denominación y función,

cuyos miembros detengan a alguien utilizando innecesariamente la brutalidad policiaca para lograr su detención; lo

atormenten de cualquier forma para obtener una confesión o lo mantengan incomunicado a partir de su detención legal o

ilícita, se aplicará a los sujetos activos en orden a la gravedad, daños y consecuencias de las conductas desplegadas,

prisión de cinco a diez años y multa de veinte a doscientos días de salario, destitución del cargo, empleo o comisión y

nulidad absoluta de la confesión así obtenida.

Las mismas sanciones se aplicarán a los superiores jerárquicos de los responsables, que hayan ordenado o

consentido las conductas señaladas como ilícitas.

ARTICULO 275. Para los efectos de este Código, se denomina "brutalidad policiaca" a la conducta cruel y

despiadada que por medio de métodos corporales, mecánicos o de cualquier otra naturaleza provoquen sufrimiento

material o mental, dejen cicatrices visibles o internas o lesionen centros nerviosos u órganos, o atrofien funciones

orgánicas a causa de ese ejercicio del agente activo sobre el pasivo estando bajo el poder de su corporación.

ARTICULO 276. La sanción será de dos a seis años de prisión, destitución y multa de veinte a cien días de

salario para los funcionarios mencionados en este capítulo que dicten una resolución de fondo o una sentencia definitiva

deliberadamente injusta, con violación de algún precepto de la Ley o manifiestamente contrarias a las constancias de

autos y se produzca con ello, daño en la persona, el honor o bienes de alguien, o en perjuicio del interés social.

CAPITULO III

C O H E C H O.

ARTICULO 277. Se impondrá de seis meses a cinco años de prisión y de treinta a noventa días de multa, al

servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otra, dinero o

cualquiera otra dádiva o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus

funciones.

Iguales sanciones se impondrán al particular que espontáneamente dé u ofrezca dinero o cualquiera otra

dádiva u otorgue promesa a un servidor público o interpósita persona para lograr los fines señalados en el párrafo

anterior.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación no exceda de quinientas veces el salario se

aplicará de seis meses a seis años de prisión y de treinta a noventa días multa, pero si excede de quinientas veces el

salario o no sea valuable, se aplicarán de tres a diez años de prisión y hasta trescientos días de multa, sin perjuicio de la

destitución e inhabilitación en ambos casos, hasta por el término de la sanción privativa para desempeñar otro empleo,

cargo, función o comisión.

En ningún caso se devolverá a los sujetos activos el dinero o dádivas entregados, el importe de los cuales se

aplicará al fondo auxiliar para la administración de justicia.

CAPITULO IV

PECULADO Y CONCUSION.

ARTICULO 278. Comete el delito de peculado todo servidor público, aunque sea en comisión o por tiempo

limitado, que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto, dinero, valores, fincas, o cualquiera otra cosa

perteneciente al Estado al Municipio o a un particular, si por razón de su cargo los hubiese recibido en administración, en

depósito o por cualquier otra causa.

ARTICULO 279. La sanción será de seis meses a dos años de prisión si dentro de los diez días siguientes a

aquel en que se descubrió el ilícito devolviere el inculpado lo sustraído, pero si no hace la devolución correspondiente, se

aplicarán las siguientes sanciones:

Cuando el monto de lo distraído no exceda de quinientos días de salario o no sea valuable, se le impondrán de

tres meses a dos años de prisión; si el valor de lo sustraído o dispuesto excede de quinientos días de salario, se

impondrán de tres a diez años de prisión, y en todo caso, al responsable del delito se le destituirá e inhabilitará hasta por

el tiempo de la sanción impuesta, para desempeñar otro empleo, cargo o comisión además de una sanción pecuniaria

hasta por quinientos días de salario atendiendo a la gravedad del delito.

ARTICULO 280. Comete el delito de concusión el servidor público que con el carácter de tal, y a título de

impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija por sí o por medio de otro, dinero, valores,

servicios o cualquier otra cosa que sepa que no sea deuda o en mayor cantidad que la señalada por la Ley, y se le

impondrán de tres meses a dos años de prisión cuando el valor de lo entregado no exceda de quinientos días de salario;

cuando exceda de quinientos días se le impondrá de uno a diez años de prisión, y en ambos casos, además de la

destitución e inhabilitación por el tiempo de la sanción impuesta para el desempeño de la comisión cargo o empleo, se le

aplicará al activo una sanción pecuniaria hasta por trescientos días de salario atendiendo a la gravedad del delito.

CAPITULO V

ABUSO DE FUNCIONES PUBLICAS.

ARTICULO 281. Comete el delito de abuso de funciones públicas:

I. El servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión indebidamente otorgue por sí o por

interpósita persona contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones franquicias o exenciones, efectúe

compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos o de otro tipo al propio servidor

público a su cónyuge, concubina o concubinario, descendiente o ascendientes, parientes consanguíneos o afines hasta

el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos económicos o de dependencia administrativa

directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas referidas tomen parte; y

II. Al servidor público que, valiéndose de la información que posea por razón de su empleo, cargo o comisión

sea o no materia de sus funciones y que no sea del conocimiento público, haga por sí o por interpósita persona

inversiones, enajenaciones o adquisiciones, o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico indebido,

en lo personal o en beneficio de alguna de las personas mencionadas en la primera fracción.

El abuso de funciones públicas se sancionará de la siguiente manera:

Cuando la cuantía del beneficio ilícito obtenido o concedido a que se refiere este artículo no exceda de mil días

de salario se impondrá prisión de dos a cinco años y multa de treinta a trescientos días de salario. Si la cuantía excede

de mil días de salario se impondrá al sujeto activo prisión de dos a diez años y multa de trescientos a quinientos días de

salario, destitución e inhabilitación para el desempeño de otro cargo o comisión hasta por el tiempo de la sanción

impuesta.

CAPITULO VI

ENRIQUECIMIENTO ILICITO.

ARTICULO 282. Comete el delito de enriquecimiento ilícito quien con motivo de su empleo, cargo o comisión

en el servicio público no pueda acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a

su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños.

Incurren en responsabilidad, asimismo, quien haga figurar como suyo los bienes que el servidor público

adquiera o haya adquirido en contravención de lo dispuesto en las disposiciones legales aplicables.

Al servidor público que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se impondrán las siguientes sanciones:

I. Decomiso de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar, para aplicarlo a la reparación del daño;

II. Cuando el monto a que asciende el enriquecimiento ilícito no exceda de cinco mil días de salario, se

impondrá de dos a seis años de prisión y multa de noventa a mil doscientos días de salario; y

III. Cuando el monto a que asciende el enriquecimiento ilícito exceda de cinco mil días de salario se impondrá

prisión de seis a doce años y multa de mil doscientos a dos mil días de salario.

En lo conducente, se aplicará a este capítulo lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos del Estado de Chiapas.

TITULO DECIMO QUINTO

REVELACION DE SECRETOS.

CAPITULO UNICO

REVELACION DE SECRETOS.

ARTICULO 283. Se aplicará sanción de dos a cuatro años y multa de veinte a cuarenta días de salario al que

sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado revele algún secreto o

comunicación reservada, que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto.

ARTICULO 284. Se sancionará con prisión de dos a ocho años, multa de veinte a cien días de salario y

suspensión de profesión o inhabilitación en su caso, cuando la revelación a que se refiere el artículo anterior sea hecha

por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por servidores públicos, y el secreto revelado o publicado

sea de carácter industrial o mercantil.

TITULO DECIMO SEXTO

DELITOS CONTRA LA SALUD.

CAPITULO I

CONTAGIO Y PROPAGACION DE

ENFERMEDADES.

ARTICULO 285. Al que, sabiendo que está enfermo de sífilis o de un mal venéreo en período infectante, o de

alguna otra enfermedad fácilmente transmisible pero curable y tenga relación sexual con alguna persona o por cualquier

otro medio directo ponga en peligro de contagio la salud de ésta, se le impondrá prisión hasta de cinco años y multa

hasta de treinta días de salario, sin perjuicio de la sanción correspondiente si causa el contagio; y será sometido al

tratamiento médico correspondiente.

Si el mal grave es de los incurables que conlleven a la muerte, y se transmite por faltar a un deber de cuidado,

o dolosamente, la pena será de cuatro a ocho años de prisión.

Si el mal fuere transmitido en un centro hospitalario público o privado u otro de servicios médicos, se

condenará a la institución al pago de daños; indemnización o sostenimiento médico quirúrgico hasta la recuperación del

pasivo, sin perjuicio de la sanción privativa que corresponda al causante del contagio.

Cuando se trate de cónyuges, solo podrá procederse por querella del sujeto pasivo.

Se presume el conocimiento de la enfermedad cuando el sujeto activo presenta lesiones o manifestaciones

externas provocadas por la misma, fácilmente perceptibles, o cuando, conocedor de su padecimiento está siendo tratado

médicamente.

CAPITULO II

ATENTADOS CONTRA EL SANEAMIENTO DEL

AMBIENTE Y LA ECOLOGIA DEL ESTADO.

ARTICULO 286. Se impondrá prisión de dos a ocho años y multa de veinte a cien días de salario,

independientemente de la sanción que resulte por el ilícito que ocasione:

I. Al que intencionalmente propague cualquiera otra enfermedad, sea cuales fueren los medios de que se

valga; y

II. Al que intencionalmente propague una epizootea, plaga, parásitos o gérmenes nocivos a los cultivos

agrícolas.

ARTICULO 287. Se aplicará de un mes a un año y multa de cinco a veinte días, al conductor de vehículos

motorizados que por tercera vez hayan sido sancionados por la autoridad de tránsito, por contaminar el ambiente de la

población a causa del mal estado del motor, expulsión de humo o uso de escapes abiertos que produzcan ruido

excesivo, sin perjuicio de suspender temporalmente la licencia de conducir y aumentar gradualmente la sanción en caso

de reincidencia.

ARTICULO 288. Se sancionará con suspensión temporal o definitiva a la fábrica o industria de cualquier

naturaleza que con motivo del procesamiento de materias primas contaminen el ambiente atmosférico, las aguas de ríos,

arroyos, lagos o playas; o provoquen desequilibrio biológico en la fauna o flora de Chiapas, bien sea por humo, gases

tóxicos o excedentes físicos o químicos dispersos o hacinados a causa de la negligencia o desacato a las disposiciones

y leyes de la materia, sin perjuicio de la sanción corporal que le resulte al responsable directo del delito o los delitos

cometidos.

ARTICULO 289. Se sancionará con prisión de 2 a 8 años, al que sin amparo de autorización legal auxilie,

coopere, consienta o participe en la transportación, almacenamiento, distribución, procesamiento o comercialización de

productos de los bosques y selvas de la Entidad o de especies de la fauna de estas regiones.

Se presupone la comisión del delito previsto en el párrafo anterior, cuando las acciones de transportación,

almacenamiento, distribución o comercialización de los productos forestales, se realicen de manera oculta o fuera del

horario de 6:00 a 18:00 horas, o en el caso de que el transporte se realice por ruta diferente a la autorizada o

procedente.

ARTICULO 290. Se sancionará con prisión de 6 a 10 años al autor intelectual de los ilícitos que menciona el

artículo anterior.

ARTICULO 291. Los vehículos, instrumentos, instalaciones y demás bienes u objetos relacionados con la

comisión de los delitos a que se refiere el artículo 289 de este Código, se pondrán a la disposición de la autoridad

competente; el Ministerio Público, durante la averiguación previa dispondrá el aseguramiento que corresponda y durante

el proceso promoverá su formal decomiso.

Los bienes decomisados serán puestos a disposición del Gobierno del Estado, quien podrá disponer de ellos,

previo avalúo técnico de los mismos y a la vez otorgará garantía de pago de esa cuantía, para el caso de que el o los

procesados resulten absueltos por sentencia definitiva.

Del monto total del valor del decomiso, se entregará al denunciante el quince por ciento y a las autoridades que

participen en la incautación el veinticinco por ciento, pudiendo sumar los porcentajes si las acciones concurren en una

misma persona o en un mismo grupo de personas.

El remanente será destinado al fondo auxiliar para la administración de justicia.

ARTICULO 292. Tratándose de delitos ecológicos, cuando en su comisión se empleen los instrumentos

conocidos como motosierras, sierras manuales o sus análogos; a los usuarios o portadores que no cuenten con la

autorización de uso correspondiente, independientemente del decomiso, se les aplicará una pena corporal de dos a

cinco años y a los reincidentes de cinco a ocho años de prisión.

Se sancionará con esta misma penalidad a quien repare o comercialice motosierras, si previamente no se

cerciora que el poseedor, propietario o adquirente cuenta con el permiso respectivo.

La Coordinación Forestal del Estado, podrá expedir permisos de uso de estos instrumentos para lugares

específicos y tiempos determinados y el propietario, poseedor o usuario deberá dejar el instrumento en depósito de la

autoridad al vencimiento del permiso otorgado.

TITULO DECIMO SEPTIMO

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

CAPITULO I

RESPONSABILIDAD MEDICA Y TECNICA.

ARTICULO 293. Los médicos, cirujanos y demás profesionales y auxiliares, incurren en responsabilidad penal

por los daños que causen en la práctica de su profesión, en los términos siguientes:

I. Además de las sanciones fijadas para los delitos que resulten consumados, según sean intencionales,

imprudenciales o preterintencionales, se les aplicará suspensión de un mes a tres años en el ejercicio de la profesión, o

definitiva en caso de reincidencia y gravedad de la misma; y

II. Estarán obligados a la reparación del daño por sus actos propios y por los de sus ayudantes, enfermeros o

practicantes, cuando estos obren de acuerdo con las instrucciones de aquellos.

ARTICULO 294. Las mismas sanciones del artículo anterior se aplicará a los médicos que habiendo otorgado

responsiba para hacerse cargo de la atención de un lesionado o enfermo, lo abandone en su tratamiento sin causa

justificada o sin dar aviso inmediato a la autoridad correspondiente, o no recabe la autorización del paciente, excepto

cuando se trate de una urgencia, y a los que teniendo celebrado contrato de prestación de servicios con alguna persona,

se nieguen a prestarlos con grave perjuicio para la vida o para la salud de los interesados.

ARTICULO 295. Se impondrá prisión de seis meses a dos años y multa de diez a cien días de salario para

cuando haya negativa injustificada de los médicos en ejercicio a prestar sus servicios oportuna y diligentemente cuando

para ello sean requeridos; en casos graves en que peligre la vida la salud de un enfermo, constituirá un delito culposo,

quedando al arbitrio del órgano jurisdiccional la calificación de la gravedad en cada caso, según las circunstancias,

previo dictamen que emitan dos facultativos en la materia de los cuales uno lo será el médico legista designado por el

Juez de la causa.

ARTICULO 296. Se impondrá sanción de seis meses a dos años y multa de diez a cien días de salario a los

directores, encargados o administradores de cualquier centro hospitalario cuando incurran en alguno de los casos

siguientes:

I. Impedir la salida de un paciente, de un recién nacido, a la madre de éste o de ambos, cuando éstos o sus

familiares lo soliciten, aduciendo el activo adeudos de cualquier índole; y

II. Retardar o negar por cualquier motivo la entrega de un cadáver, excepto cuando se requiera orden de

autoridad competente.

ARTICULO 297. La misma sanción a que alude el artículo anterior se impondrá a los encargados,

administradores o propietarios de agencias funerarias que retarden o nieguen la entrega de un cadáver aduciendo

adeudos de cualquier índole.

ARTICULO 298. Se sancionará con prisión de dos a diez años y multa de diez a cien días de salario, a los que

sustraigan o trasplanten órganos o partes del cuerpo humano sin la autorización del paciente o de quien corresponda

darla, y sin los requisitos legales, para realizar injertos o para comerciar con ellos.

Si la extirpación o el trasplante se realizare en persona plagiada o secuestrada, a los responsables se

incrementará un tercio de la sanción prevista en este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 148 de esta Ley.

ARTICULO 299. A los encargados, empleados o dependientes de farmacias que al surtir una receta sustituyan

el me dicamento señalado en la misma por otro que cause daño o sea evidentemente inapropiado para el padecimiento

para el que se prescribió aquel, así como a los que expendan medicamentos cuya fecha de caducidad no se haya

actualizado, se les impondrá sanción de seis meses a tres años de prisión sin perjuicio de la reparación de los daños y

de la sanción que resultare a causa de su conducta ilícita.

ARTICULO 300. Igualmente serán responsables los que causen daños en el ejercicio de su profesión arte o

actividad técnica, ajustando la tipicidad de su conducta a lo previsto por este capítulo o a las circunstancias en que se

cometió el evento y sobrevinieron los resultados del mismo.

CAPITULO II

DELITOS DE LICENCIADOS EN DERECHO,

DEFENSORES Y LITIGANTES

ARTICULO 301. Se sancionará con apercibimiento, suspensión de un mes a tres años y multa de cinco a

cincuenta días de salario a los licenciados en derecho, a quienes dirijan o patrocinen a los litigantes, o a éstos, cuando

cometan alguno de los siguientes delitos:

I. Alegar, a sabiendas, hechos falsos, leyes inexistentes o derogadas;

II. Pedir términos para probar lo que notoriamente no puede probarse o no aprovecha a su parte; promover

incidentes que motiven la suspensión del juicio, recursos manifiestamente improcedentes o que de cualquiera otra

manera constituyan dilaciones que sean notoriamente ilegales;

III. Patrocinar o ayudar a diversos contendientes o partes con intereses opuestos, en el mismo negocio o

negocios conexos a aceptar el patrocinio de alguno y admitir después el de la parte contraria;

IV. Al que sin haber suscrito un contrato de prestación de servicios profesionales obtenga dinero, valores, o

cualquiera otra cosa ofreciendo encargarse de la defensa de un procesado o de un reo, o de la dirección o patrocinio en

un asunto civil o administrativo, si no efectúa aquella o no realiza éstas, sea por que renuncie o abandone el negocio o la

causa sin motivo justificado;

V. Por concretarse, un defensor particular o de oficio, después de aceptar el cargo a solicitar la libertad

caucional sin promover más pruebas ni dirigirlo en su defensa; y

VI. A los defensores que sin causa justificada no promuevan las pruebas conducentes en defensa de los

sujetos activos que los designen. Al de oficio se le destituirá, además, de su empleo. Para este efecto el órgano

jurisdiccional comunicará la falta respectiva a la autoridad de quien dependa su nombramiento, para su destitución.

TITULO DECIMO OCTAVO

DELITOS EN MATERIA DE INHUMACIONES Y

EXHUMACIONES.

CAPITULO UNICO

VIOLACION DE LAS LEYES SOBRE

INHUMACIONES Y EXHUMACIONES.

ARTICULO 302. Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años y multa de cinco a quince días de salario:

I. Al que oculte, destruya, sepulte o exhume un cadáver o un feto humano, sin la orden de la autoridad que

deba darla o sin los requisitos que exijan las leyes correspondientes; y

II. Al que oculte, destruya o sin la licencia correspondiente sepulte o mande sepultar el cadáver de alguna

persona a la que se haya dado muerte violenta o que haya fallecido a consecuencia de golpes, heridas u otras lesiones.

Si el sujeto activo conocía estas circunstancias se le aumentará la sanción hasta una cuarta parte más de las previstas

en este artículo.

ARTICULO 303. Se impondrá de tres a seis años de prisión y multa de veinte a cincuenta días de salario:

I. Al que sustraiga o esparza las cenizas de un cadáver o restos humanos; y

II. Al que viole una sepultura o féretro o profane un cadáver o restos humanos con actos de vilipendio,

mutilación, obscenidad, o realice actos de necrofilia.

TITULO DECIMO NOVENO

ENCUBRIMIENTO

CAPITULO UNICO.

ARTICULO 304. Se aplicarán de seis meses a tres años de prisión y multa de cinco a treinta días de salario al

que:

I. No procure por los medios lícitos que tenga a su alcance impedir la consumación de los delitos que sabe que

van a cometerse o se están cometiendo, o no denuncien los que ya se consumaron, si ellos son de los que se persiguen

de oficio.

Se exceptúan de sanción aquellos que no puedan cumplir tal obligación sin peligro de su persona o intereses, o

de la persona o bienes del cónyuge, concubina o concubinario, o de algún pariente en línea recta o colateral dentro del

segundo grado, o los que estén ligados por extrema gratitud, respeto o amistad y los que no puedan ser compelidos por

las autoridades a revelar secretos que se les hubiese confiado en el ejercicio de su profesión o encargo.

II. No haya tomado las precauciones indispensables para asegurarse de que la persona de quien recibió una

cosa mueble en venta o prenda tendría derecho para disponer de ella, si resultare robada;

III. Requerido por la autoridades, no de auxilio para la investigación de los delitos o para la persecución de los

sujetos activos. En relación con esta persecución rige la excepción a que se contrae el último párrafo de la fracción

primera de este precepto;

IV. Preste auxilio o cooperación de cualquier especie al responsable de un delito, con conocimiento de esta

circunstancia por acuerdo posterior a la ejecución del ilícito; y

V. Oculte al delincuente o los efectos, objetos o instrumentos del delito, o impida que se investigue éste.

ARTICULO 305. Se sancionará con prisión de seis meses a tres años al sujeto activo que adquiera un bien

mueble robado a sabiendas que lo es, sin tomar las precauciones indispensables y ponderar las circunstancias, o sin

tomar las providencias necesarias para asegurarse de que la persona de quien lo adquiere es propietaria o tiene derecho

a disponer de él. Se incluye en esta hipótesis a las autoridades que intervengan en la celebración de tales actos si son

conocedores de aquella circunstancia.

Se presume que no se tomaron las precauciones ni las providencias indispensables cuando por la edad o

condición económica del que propone los bienes, por la naturaleza o valor de estos o por el precio en que se ofrecen, se

infiera que no es propietario de los mismos.

ARTICULO 306. El órgano jurisdiccional, teniendo en cuenta la naturaleza del hecho, las características

personales del sujeto activo y las demás que consignan los artículo 53 y 54 de este Código, podrá imponer en los casos

de encubrimiento, la mitad de la sanción que corresponda, debiendo hacer constar las razones en que se funda para

determinar tal sanción.

TITULO VIGESIMO

DELITOS COMETIDOS EN MATERIA ELECTORAL.

CAPITULO UNICO.

ARTICULO 307. Para los efectos de este capítulo, se entiende por:

I. Funcionarios electorales, a quienes en los términos de la legislación estatal electoral integren los órganos

que cumplen funciones electorales;

II. Funcionarios partidistas, a los dirigentes y los representantes ante los órganos electorales de los partidos

políticos y de las organizaciones políticas, en los términos de la Legislación Estatal Electoral;

III. Candidatos, a los ciudadanos registrados formalmente como tales por la Autoridad competente;

IV. Documentos públicos electorales, a las actas de la jornada electoral, las relativas al escrutinio y computo de

cada una de las elecciones, boletas electorales, paquetes electorales y expedientes de casilla, las actas circunstanciadas

de las sesiones de computo del Consejo Estatal Electoral, los que emitan los órganos electorales en ejercicio de sus

atribuciones y los demás relacionados con el proceso electoral; y

V. Materiales electorales, a los bienes muebles, marcador de credenciales, líquido indeleble, urnas, útiles de

escritorio, canceles o módulos para la emisión del voto y los demás autorizados para su utilización en las casillas

electorales durante la jornada electoral.

ARTICULO 308. Por la Comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en este Capítulo se podrá imponer

además de la punibilidad señalada en los Artículos siguientes; destitución del empleo, cargo o comisión, inhabilitación

de uno a cinco años, para ejercer una función pública y suspensión de derechos políticos hasta por cinco años.

ARTICULO 309. Se impondrá prisión de seis meses a tres años y multa de veinte a ciento veinte días de

salario mínimo al que:

I. Vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la Ley;

II. Vote más de una vez en una misma elección;

III. Por medio de la violencia física o moral impuesta a los electores el día de la jornada electoral, en el interior

de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, induzca el sentido de su voto; o haga

proselitismo en favor de un partido o candidato;

IV. Por medio de la violencia física o moral obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el

escrutinio y computo, el traslado y entrega de los documentos públicos electorales, o el adecuado ejercicio de las tareas

de los funcionarios electorales;

V. Solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante la jornada electoral;

VI. Vote con una credencial para votar de la que no sea titular;

VII.- Introduzca en las urnas o sustraiga de estas, ilícitamente, una o más boletas electorales, o se apodere,

destruya o altere boletas, documentos o materiales electorales, o impida de cualquier forma su traslado o entrega a los

órganos competentes;

VIII. Obtenga o solicite declaración firmada del elector, que comprometa el voto en favor de un determinado

partido político o candidato;

IX. Por medio de la violencia física o moral impida la instalación de una casilla, o asuma cualquier conducta

que tenga como finalidad impedir la instalación normal de esta casilla; o

X. Sin llenar los requisitos establecidos por el Código Electoral del Estado, use para una organización el

nombre del partido o continúe us-ndolo (sic usándolo) después de haber sido cancelado.

ARTICULO 310. Se impondrá sanción pecuniaria de hasta 500 días del salario mínimo vigente, en el momento

de la comisión del delito a los ministros de cultos religiosos, que por cualquier medio induzcan al electorado a votar en

favor o en contra de un candidato o partido político, o a la abstención, en los edificios destinados al culto o en cualquier

otro lugar.

ARTICULO 311. Se impondrá prisión de dos a seis años y multa hasta de ciento cincuenta días de salario

mínimo al funcionario electoral que:

I. Se abstenga de cumplir, sin causa plenamente justificada con las obligaciones propias de su cargo, en

perjuicio del proceso electoral;

II. Obstruya el desarrollo normal de la votación sin mediar causa justificada;

III. Altere los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas, documentos o materiales electorales;

IV. No entregue o impida la entrega oportuna de boletas, documentos o materiales electorales, sin mediar

causa justificada;

V. En ejercicio de sus funciones, por medio de la violencia física o moral impuesta a los electores, los induzca a

la abstención o a votar, en favor o en contra de un candidato o partido determinado, en el interior de la casilla o en el

lugar donde los electores se encuentren formados;

VI. Por medio de la violencia física o moral, instale, abra o cierre una casilla fuera de los tiempos y formas

previstos por la ley de la materia, la instale en lugar distinto al legalmente señalado, o impida su instalación;

VII. Sin causa prevista por la ley, expulse u ordene el retiro de la casilla electoral de representantes de los

partidos políticos, o coarte los derechos que la ley les concede;

VIII. A sabiendas de que un ciudadano no cumple con los requisitos de la ley, le permita o tolere emitir su voto;

IX . Permita o tolere se introduzcan en las urnas ilícitamente una o mas boletas electorales;

X. Propale, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto

de sus resultados;

XI. Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, credenciales para votar de los ciudadanos; o

XII. El día de la jornada electoral viole, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en

secreto.

En los supuestos de las fracciones I, II, IV, y VII se requerirá resolución fundada del Tribunal Electoral o del

Consejo Estatal Electoral la que, en su caso, deberá emitirse en un término de 15 días a partir de que se tenga

conocimiento de la acción u omisión.

ARTICULO 312. Se impondrá prisión de uno a seis años y multa de cuarenta a doscientos días de salario

mínimo, al funcionario partidista o al candidato que:

I. Por medio de la violencia física o moral sobre los electores, los induzca a la abstención o a votar en favor o

en contra de un candidato o partido determinado en el interior de la casilla o en el lugar donde los electores se

encuentren formados;

II. Realice propaganda electoral mientras cumple sus funciones durante la jornada electoral;

III. Sustraiga, destruya, altere, oculte o haga uso indebido de documentos o materiales electorales;

IV. Por medio de la violencia física o moral obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos

posteriores a la misma o con ese fin amenace a los funcionarios electorales;

V. Propale, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto

de sus resultados;

VI. Por medio de la violencia física o moral impida la instalación, apertura o cierre de una casilla; o

VII. Obtenga y utilice a sabiendas y en su calidad de candidato, fondos provenientes de actividades ilícitas para

su campaña electoral.

ARTICULO 313. Se impondrá prisión de uno a nueve años y multa de cuarenta a cuatrocientos días de salario

mínimo, al servidor público que:

I. Obligue a sus subordinados, de manera expresa haciendo uso de su autoridad o jerarquía, a abstenerse o

emitir su voto, en favor o en contra, de un partido político o candidato;

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras

públicas, en el ámbito de su competencia, a la abstención o emisión del sufragio, en favor o en contra de un partido

político o candidato; o

III. Proporcione apoyo o preste algún servicio a los partidos políticos o a sus candidatos, a través de sus

subordinados, usando de manera ilegal el tiempo correspondiente a sus labores.

ARTICULO 314. Se impondrá sanción de suspensión de sus derechos políticos hasta por seis años a quienes

habiendo sido electos para un puesto Estatal o Municipal, no se presenten, sin causa justificada a juicio del Congreso del

Estado a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado por la Constitución política del Estado de Chiapas.

ARTICULO 315. Al servidor público que distraiga de su objeto dinero, valores, fondos, bienes, servicios, o

cualquier otra cosa pertenecientes al Estado, que tenga a su disposición en virtud de su empleo, cargo o comisión, al

apoyo de un partido político o de un candidato, se sancionará con la punibilidad siguiente:

I. Cuando el monto de los distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda del equivalente a

quinientas veces de salario mínimo vigente en el Estado en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se

impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo; y

II. Cuando el monto de los distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda el equivalente a

quinientas veces de salario mínimo vigente en el Estado en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a

diez años de prisión y multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo.

ARTICULO 316. Al funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que, a sabiendas

aproveche ilícitamente dinero, valores, fondos, bienes, servicios, o cualquier otra cosa pertenecientes al Estado, se

sancionará con la punibilidad prevista en el Artículo anterior.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Este Código entrará en vigor a los 50 días siguientes a su publicación en el Periódico Oficial del

Estado; y

SEGUNDO. Se abroga el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Chiapas, publicado en el Periódico

Oficial número 50 de fecha 30 de noviembre de 1984, y se derogan las demás leyes y disposiciones que se opongan al

presente.

(Se adiciona. Publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 3 de enero de 1991)

TERCERO. Se suspende temporalmente la vigencia de los artículos 134, 135, 136 y 137, hasta en tanto la

Comisión Nacional de Derechos Humanos emita opinión definitiva al respecto. La cual será considerada en el dictamen

final que sobre el tema emita el Congreso.

(Se adiciona. Publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 3 de enero de 1991)

CUARTO. Se otorga vigencia temporal en los términos del artículo anterior, a los artículos 276, 277, 278 y 279

del Código Penal Publicado al 30 de noviembre de 1984 que fue abrogado y que se integran al presente Código con los

números 134 Bis, 135 Bis, 136 Bis y 137 Bis, respectivamente.

El Ejecutivo dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio del H. Poder Legislativo del Estado, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a

los 9 días del mes de octubre de 1990.- D.P. ING. MARIO BUSTAMANTE GRAJALES.- D.S. LIC. MARIO H. ZAPATA

PEREZ.- D.S. LIC. JOSE DEL C. INURRETA GONZALEZ.- RUBRICAS.

DE CONFORMIDAD CON LA FRACCION I DEL ARTICULO 42 DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL Y

PARA SU OBSERVANCIA, PROMULGO EL PRESENTE CODIGO EN EL PALACIO DEL PODER EJECUTIVO DEL

ESTADO, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL

NOVECIENTOS NOVENTA.

PATROCINIO GONZALEZ BLANCO GARRIDO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.-

RUBRICA.- JUAN LARA DOMINGUEZ, SECRETARIO DE GOBIERNO.- RUBRICA.

TRANSITORIOS

(Modificaciones publicadas en el periódico oficial número 020 -2a. Sección, publicadas el 8 de abril de 1998)

ARTICULO PRIMERO.- El presente decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código

Penal del Estado, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTICULO SEGUNDO.- Los sentenciados, cuya sentencia haya causado ejecutoria y consideren encontrarse

en los supuestos del artículo 74 de este Código, podrán acudir ante el Juez, promoviendo el incidente respectivo, a fin de

que, si satisfacen los requisitos exigidos por el artículo 75, puedan obtener el beneficio de la sustitución de la pena de

prisión impuesta.

ARTICULO TERCERO.- No será exigible el requisito de la querella que por virtud de estas reformas se

incorpora en los artículos 117, 150, 164, 169, 176 y 204 primer párrafo, de este Código, en los procedimientos ya

iniciados o resueltos al día en que entre en vigor el presente decreto, pero si se extinguirá la acción penal si el ofendido

otorga el perdón conforme al artículo 95 de esta ley.

ARTICULO CUARTO.- Tratándose del delito contenido en el artículo 138 de este Código, si ya se hubiese

dictado sentencia condenatoria, el sentenciado podrá obtener la suspensión de la ejecución, cumpliendo los requisitos

exigidos en los dos últimos párrafos del artículo 140.

ARTICULO QUINTO.- A quienes hayan cometido un delito, incluyendo procesados o sentenciados, con

anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, le serán aplicables las disposiciones del Código Penal vigente en

el momento en que se haya cometido, sin perjuicio de aplicar, cuando proceda, lo previsto en el último párrafo del

artículo primero de este Código.

ARTICULO SEXTO.- Quedan derogadas todas y cada una de las disposiciones que se opongan en lo

estipulado por el presente decreto.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CODIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS

AÑO

DECRETO

PERIODICO

OFICIAL

FECHA DE

PUBLICACION

GOBERNADOR

ARTICULOS

MODIFICADOS

1990

61

97

11/10/90

Lic. Patrocinio González

Blanco Garrido.

Publicación del Código

(Abroga el Código Penal publicado en el Periódico Oficial número 50 de fecha 30 de noviembre de

1984).

1991

15

113

03/01/91

Lic. Patrocinio González

Blanco Garrido.

Se adicionan los artí culos transitorios tercero y cuarto. Se suspende temporalmente la vigencia de los

artículos 134, 135, 136 y 137. Se otorga vigencia temporal a los artículos 276, 277, 278 y 279; se

integran al presente Código con los números 134 Bis, 135 Bis, 136 Bis y 137 Bis, respectivamente.

1992

9

229

16/12/92

Lic. Patrocinio González

Blanco Garrido.

Se reforma el artículo 95

1993

170

263

04/08/93

C. Elmar Harald Setzer

Marseille.

Se adicionan y se reforman los artículos 148 y 190.

1994

140

296

04/02/94

Lic. Javier López Moreno

Se reforma el artículo 225 y se derogan los artículos 215, 222, 223 y 224.

1997

210

051

16/10

Lic. Julio César Ruíz Ferro

Se reforman los artículos: 271; las fracciones I, II y III del 307; 308; el párrafo primero, las fracciones III

y IV del 309; 310; párrafo primero, fracciones I, III, IV, V, VI y VII del 311; párrafo primero, fracciones I,

III, IV, V y VI del 312; párrafo primero, fracciones I y III del 313; y 314; se adicionan la fracción IV y V

del 307; las fracciones V, VI, VII, VIII, IX y X del 309; fracciones VIII, IX, X, XI y XII del 311; fracción VII

del 312; 315 y 316

1998

250

020

2a. sección

8/04

Lic. Roberto Albores

Guillén

Se REFORMAN los Artículos: 4; 8; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 22 fracción II; 23; 25; 26; 27; 28; 31; 32

párrafo segundo; 47; 52; 59 párrafo IV; 61, 62 fracciones I y II; 74; 75; 76; 77; 78; 84; 85; 86; 88; 89;

91; 92; 95 párrafo primero, tercero y fracción II; 107; 114; 115; 117; 131; 139; 140; 148 fracciones V y

VI; 150; 151 párrafo segundo; 154; 155; 157; 158 párrafo segundo; 159, 160; 161; 164; 169; 177

fracción I, 178 fracción I; 183; 184; 189 fracción I; 190 fracciones II, III y IV; 198, 202, fracción IV tercer

párrafo; 204; 209 párrafo primero y segundo; 235, 236; 238; 245 fracciones II y III; 252; 272 párrafo

primero; 273 párrafo primero y fracción II. Se ADICIONAN un párrafo segundo al artículo 3; los

párrafos tercero y cuarto al artículo 21; una fracción III al artículo 22; los párrafos tercero y cuarto al

artículo 32; un párrafo segundo al artículo 54; un artículo 58 BIS; un párrafo quinto al artículo 59; los

párrafos segundo y tercero al artículo 138; una fracción VII al artículo 148; un artículo 148 BIS; un

artículo 157 BIS; un párrafo segundo al artículo 176; la fracción IV al artículo 177; un artículo 187 BIS;

un artículo 189 BIS; una fracción XXI al artículo 200 recorriendo en su orden las actuales fracciones

XXI, XXII, XXIII y XXIV, pasando a ser las fracciones XXII, XXIII y XXV. Se DEROGAN los artículos 63;

fracción V del articulo 189; se MODIFICA la denominación del capítulo III título primero del libro

primero; capítulo 3 del título tercero del libro primero y capitulo V del título décimo del libro segundo.