Consulta de Reglamentos y Leyes

 

Se emite Dictamen y Proyecto de Ley

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
P R E S E N T E S

A la Comisión de Justicia, se turnaron las iniciativas de Código de Protección al Menor para el
Estado de Guerrero y de Ley para la Protección y Desarrollo del Menor del Estado de Guerrero, y

C O N S I D E R A N D O

Que por oficio número 00166 de fecha 20 de febrero del año dos mil uno, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado por conducto del Secretario General de Gobierno, en uso de sus facultades constitucionales, remitió a este Honorable Congreso la iniciativa de Código de Protección al Menor del Estado de Guerrero.

Que en sesión de fecha 27 de febrero el año dos mil uno, el Pleno de la Quincuagésima Sexta Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, tomó conocimiento de la iniciativa de referencia, habiéndose turnado a la Comisión Ordinaria de Justicia para el análisis y emisión del dictamen y proyecto de Código respectivos.

Que por oficio s/n de fecha 16 de abril del año dos mil uno, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado por conducto del Secretario General de Gobierno, en uso de sus facultades constitucionales, remitió a este Honorable Congreso la iniciativa de Ley para la Protección y Desarrollo del Menor del Estado de Guerrero.

Que en sesión de fecha 19 de abril del año dos mil uno el Pleno de la Quincuagésima Sexta Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, tomó conocimiento de la iniciativa de referencia, habiéndose turnado a la Comisión Ordinaria de Justicia para el análisis y emisión del dictamen y proyecto de Ley respectivos.

Que en términos de lo dispuesto por los artículos 46, 49 fracción VI, 57, 86, 87, 132, 133 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, esta Comisión de Justicia tiene plenas facultades para analizar las iniciativas de referencia y emitir el dictamen y proyecto de Ley que recaerán a las mismas, lo que procede a realizar en los siguientes términos:

Que el Ejecutivo del Estado en la exposición de motivos de sus iniciativas señala:

· Que nuestro país al haber suscrito y ratificado la Convención Internacional de los Derechos del Niño, adquirió el compromiso de implementar una serie de medidas apropiadas para garantizar el ejercicio de los derechos contemplados en la misma. Atendiendo esta obligación, se ha iniciado en el país un proceso de adecuaciones legislativas tendientes a armonizar el Marco Jurídico Nacional con los principios que contempla dicha Convención, prueba de ello, es la aprobación de la reforma y adición del artículo 4° Constitucional. Esta Norma Jurídica dispone que todas las Niñas y los Niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, y también especifica que el Estado promoverá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. La reforma constitucional motivó la expedición de su Ley reglamentaria, que obliga a emitir Leyes en los Estados con el objeto de tener un sistema jurídico integral que garantice la protección de la infancia.

· Que el enfoque integral de los derechos de la infancia plasmados en la convención, replantea la visión respecto a los derechos humanos, ya que en ella se establecen normas universales sobre la protección de las niñas y los niños contra el abandono, los malos tratos y la explotación, pero sobre todo se consagra el respeto de sus derechos de supervivencia, desarrollo y plena participación en las actividades sociales, culturales y democráticas necesarias para su crecimiento y bienestar individual.

· Que las condiciones mundiales y nacionales, de las que el Estado de Guerrero no es ajeno, caracterizadas por una coyuntura económica desfavorable, por la acumulación de fenómenos sociales, como la marginación y la pobreza, así como el surgimiento de nuevos fenómenos de vulnerabilidad que ocasionan la restricción y limitación al acceso de oportunidades y al bienestar de los menores de nuestro Estado, conllevan a la necesidad de instrumentar acciones que tengan como eje central la atención prioritaria de la infancia.

· Que uno de los principales objetivos que contempla el Plan Estatal de Desarrollo 1999-2005 en el rubro de la atención a la niñez, es precisamente el de generar las condiciones integrales para la protección, salud, alimentación y defensa jurídica que ésta requiere para su desarrollo, con apego y respeto a sus derechos.

· Que el actual Código del Menor para el Estado de Guerrero, está en vigor desde el 10 de octubre de 1956, y si bien es cierto, en su época constituyó un gran avance, a partir de que entró en vigor la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se hace necesario emitir un nuevo instrumento legislativo que esté acorde a las necesidades actuales, con la intención de garantizar la prioridad legal que merecen las niñas y los niños Guerrerenses, a fin de que alcancen una vida digna para su pleno desarrollo en el seno de la familia, escuela y la sociedad; así como a protegerlos contra toda forma de maltrato, daño, perjuicio, agresión, abuso o explotación, evitando que sean víctimas de discriminación, violencia, crueldad y opresión por acción u omisión a sus derechos.

· Que la presente Iniciativa de Ley, inicia declarando los derechos y principios fundamentales de las niñas y los niños, reconocidos en diversos ordenamientos internacionales y locales, entre ellos: la Convención de los Derechos del Niño, suscrita por el Estado Mexicano el 26 de enero de 1990, la Constitución General de la República; la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de Mayo del 2000; la Ley Federal del Trabajo y el Código Civil para el Estado de Guerrero. Reconocimiento que se liga a las obligaciones que tenemos los adultos para con ellos, ya sea en calidad de padres, autoridades y ciudadanos en general, bajo una visión distinta del concepto tradicional de autoridad. En su más amplio sentido debe ser una autoridad que aprenda a escuchar y valorar la voz y opinión de las niñas y niños, que instrumente acciones de protección y apoyo para su desarrollo, dentro de un criterio que los reconozca como sujetos de derechos.

· Que asimismo, se contempla en los programas de asistencia social, sobre todo en los aspectos relativos a la salud, educación, cultura y recreación se atienda de manera prioritaria a los menores de edad, estimulando la participación de la sociedad civil para que de manera corresponsable se involucren en esta clase de asistencia. También se reconoce la atención especial que requiere el caso de los menores de la calle y en la calle, de los abandonados en cualquier circunstancia, los discapacitados, los victimados o los que incurren en conductas antisociales, por cuyas condiciones se encuentran en mayor estado de desprotección, estableciéndose una asistencia integral que les permita aminorar su condición de vulnerabilidad.

· Que para efecto de cumplir con la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas en sus sesiones 568 y 569, celebradas el 27 de Septiembre de 1999 en Ginebra, Suiza; con el artículo 48 y segundo transitorio de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el presente ordenamiento se institucionaliza, la existencia de la Procuraduría de la Defensa de los Menores, con facultades que le permitan el cumplimiento de sus atribuciones y resoluciones, respetando en todo momento los principios constitucionales de audiencia y debido proceso. Esta dependencia tendrá el encargo de proporcionar el apoyo y la protección de los menores de edad, solicitando auxilio y colaboración de las demás dependencias del Gobierno Estatal y Municipal; así mismo, ejercerá la representación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en los casos en que legalmente dicho organismo deba tener intervención ante los órganos jurisdiccionales en el Estado. Aunado a esto se establece en esta Ley el Comité de Seguimiento, Vigilancia y Aplicación de los Derechos del Menor con la finalidad de tener un mecanismo de supervisión y vigilancia para que se cumplan los preceptos y principios de la Convención Internacional, dando así debido cumplimiento a la recomendación CRC/C/65/Add. de fecha 6 de septiembre de 1999, emitida por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas.

Que las iniciativas de referencia tienen un objetivo común que es el de garantizar la protección de los derechos y el desarrollo pleno e integral de los menores de edad, y toda vez que las mismas contienen figuras y disposiciones jurídicas que no se contraponen y si en cambio se complementan, esta Comisión Dictaminadora determinó conjuntar ambas para realizar un proyecto único, en cuyo contenido se plasman todas y cada una de las providencias que el Ejecutivo manifestó para garantizar las condiciones integrales de protección de las niñas y niños guerrerenses.

Asimismo se amplían y se insertan otras disposiciones contemplando grupos de menores que se encuentran o viven en condiciones de desventaja social, tales como los llamados niños de la calle, los menores con adicciones o los menores víctimas de maltrato. De igual forma se suprimen normas y figuras rebasadas por la realidad social, mismas que por ello se encontraban en desuso o representaban un perjuicio en lugar de un beneficio por el tiempo que tardaban en sus trámites, verbigracia, los procedimientos contemplados en el Código del Menor para la investigación de la paternidad y la adopción, optándose por dejar lo contemplado en los Códigos Civil y Procesal Civil del Estado en cuya tramitación se protegen los derechos de los menores.

Que después de 13 reuniones de trabajo con la asistencia de conocedores del derecho, la Comisión de Justicia presenta un Proyecto de Ley compuesto por 7 Títulos, 30 Capítulos, 127 Artículos y 9 Transitorios, los que a continuación se describen:

Acorde al contenido y objetivo de la Ley se determinó que la misma se denominara LEY PARA LA PROTECCION Y DESARROLLO DE LOS MENORES EN EL ESTADO DE GUERRERO".

El Título Primero denominado "Disposiciones Generales" contiene los lineamientos básicos de la Ley, en su Capítulo I "Del Objeto y Principios Rectores" integrado por los artículos 1 al 5, se señala que el objeto de la Ley es garantizar la protección y desarrollo integral de los menores de dieciocho años, correspondiéndole a los Gobiernos Estatal y Municipales en el ámbito de su competencia, la aplicación de la propia Ley, proporcionándoles a los menores de edad los satisfactores necesarios de asistencia, protección y reconocimiento de sus derechos.

Importante es destacar que acorde al sentido del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la implantación de las acciones y vigilancia de esta Ley, se da la coordinación interinstitucional e interdisciplinaria de los Ayuntamientos y el Gobierno Estatal, lo que permitirá que el diseño y puesta en marcha de las políticas protectoras de los derechos de los menores de edad se propague con celeridad.

En el Capítulo II denominado "De los Derechos de los Menores de Edad", establece en forma enunciativa pero no limitativa como derechos fundamentales de los menores: el derecho de prioridad; el derecho a la vida; el derecho a la no discriminación; el derecho a vivir en condiciones de bienestar; el derecho a ser protegido en su integridad; el derecho a la identidad; el derecho a vivir en familia; el derecho a la salud; el derecho a la educación; el derecho al descanso y al juego; el derecho a participar; el derecho al debido procedimiento como infractor de la Ley Penal o Administrativa; y los derechos de los menores con discapacidad.

En el Capítulo III denominado "De las Obligaciones de los Padres, de quienes Ejerzan la Patria Potestad o la Tutela de los Menores de Edad", integrado por los artículos 8 y 9 se señalan las obligaciones de los padres, de quiénes ejerzan la patria potestad o la tutela de los menores de edad, y aún cuando éstas obligaciones se encuentran contenidas en otros ordenamientos jurídicos, era necesario conjuntarlas en la Ley, por una parte para el conocimiento de los encargados de observarlas y por la otra para establecer con precisión que aquellas conductas que realizan los padres o quienes ejercen la patria potestad o la tutela de los menores consideradas por ellos como comunes, son derechos fundamentales de los menores de edad, derechos que deben ser respetados. Entre otras las obligaciones señalan las siguientes: propiciar un ambiente familiar estable y solidario; proporcionar alimentos; respetar su personalidad, opinión e integridad; velar en todo momento por su salud; evitar en la potestad de corrección, incurrir en conductas de acción u omisión que impliquen maltrato, crueldad física y psíquica; y acudir a las Clínicas o Centros de Salud para que reciban la aplicación de las vacunas que contempla el esquema básico.

El Título Segundo contiene las bases fundamentales para la protección biológica de los menores en las etapas prenatal y del recién nacido, primera infancia, segunda infancia, tercera infancia y adolescencia.

En la búsqueda de la maternidad y paternidad responsable en el Capítulo I de la Protección Prenatal y del Recién Nacido se estipula la obligatoriedad de que los hombres y las mujeres en edad de procrear se cerciorarán de que existan las mejores condiciones buscando que la salud y desarrollo de sus futuros hijos sea el mejor, señalándose que el médico, enfermera o partera autorizados oficialmente deben asegurarse previamente al parto de que la mujer embarazada se practique las pruebas sanguíneas señaladas en la Ley y el sometimiento de la madre a un tratamiento en caso de resultar positivas o hay suficientes datos clínicos para este diagnostico; adquieriendo relevancia el hecho de que se les practiquen a los padres investigaciones sobre los grupos A, B y O y el factor R.H. (positivo o negativo) y por último el deber de todas las clínicas y hospitales públicos o privados, de contar con un servicio de cuna que estará a cargo del médico pediatra y de enfermeras para atender a los menores.

En el Capítulo II denominado "Protección a la Primera Infancia" se establece que se entenderá como protección a la primera infancia, las medidas de crecimiento y desarrollo físico y mental adecuado de los infantes de uno a cuatro años, correspondiéndole al Estado difundir los conocimientos generales acerca del desarrollo de los menores; el registro de ayas y nodrizas y la coordinación entre sus instituciones de salud para difundir y aplicar las medidas emergentes para proteger a los menores de edad contra las enfermedades que adopten carácter epidémico.

En el Capítulo III denominado "Protección a la Segunda Infancia" se entenderá como protección a la segunda infancia, siendo la asistencia en los aspectos preventivo, educativo y curativo que sean necesarios para el infante comprendido entre los cuatro los seis años de edad; que será función del Estado, su protección desde el punto de vista somático, mental y social, a fin de asistirlo en los aspectos preventivo, educativo y curativo y, ante la demanda cada vez más frecuente de las madres, se impulsará la instalación de guarderías en los centros de trabajo.

En el Capítulo IV Denominado "Protección a la Tercera Infancia y a la Adolescencia" integrado por los artículos 29 al 32 se señala lo que se entenderá como protección a la tercera infancia y a la adolescencia consistiendo en el conjunto de medidas preventivas y a los tratamientos adecuados para resolver los problemas de nutrición y enfermedades endémicas, vigilando que los menores de edad reciban educación primaria y secundaria y se les inculque un sentido de responsabilidad frente a la vida; iniciando la tercera infancia a los siete y terminando a los doce años de edad y la adolescencia de los doce a los dieciocho años de edad.

Al Título Tercero se le donomina "De los Deberes del Estado y los Municipios en la Protección de los Derechos de los Menores" se recogiendo los derechos que a nivel nacional e internacional se han reconocido como parte esencial de los menores de edad y que aparecen en la presente Ley como principios rectores, asimismo se desarrolla con exactitud lo que debe entenderse por cada uno y se enuncian los actores involucrados en su aplicación y respeto.

En el derecho de prioridad contenido en el Capítulo II se plantea que el menor de edad es el sujeto prioritario y que las Instituciones diseñarán como parte fundamental de sus políticas públicas la protección de sus derechos, buscando a futuro que este accionar se convierta en una cultura más igualitaria. De igual forma el derecho de prioridad se convierte en una limitante del ejercicio abusivo de cualquiera de los derechos de los adultos, dando igual valor a los derechos de los menores y de los adultos.

En el Capítulo III integrado por los artículos 41 y 42 se estipula el Derecho a la vida como valor intrínseco y el deber de garantizar su supervivencia y desarrollo en todos sus aspectos.

El Derecho a la No Discriminación establecido en el Capítulo IV es el reconocimiento al derecho de igualdad, igualdad que se traduce en la prohibición de hacer distingo de cualquier tipo (raza, color, sexo, idioma o lengua, religión, opinión política, origen étnico, regional o nacional, posición social o económica, discapacidad física, circunstancias de nacimiento, etc.), imponiéndose el deber a las autoridades, ascendientes, tutores y miembros de la sociedad, de promover e impulsar un desarrollo igualitario entre los menores edad.

Este Derecho también tutela la igualdad entre hombres y mujeres, traduciéndose en el reconocimiento de que las niñas tienen las mismas oportunidades que los niños.

El Capítulo V denominado "Del Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar" señala que todo menor tendrá derecho a que su crecimiento sea sano y armónico, tanto físico como mental, material, espiritual, moral y social.

Es de todos conocido la existencia en la sociedad de grupos vulnerables, siendo uno de ellos el de los menores de edad, su mentalidad infantil y su inexperiencia frente a sucesos mal intencionados los pone en desventaja y los coloca en situaciones de alto riesgo, por ello son víctimas de maltrato en la sociedad, sujetos pasivos de violencia intrafamiliar, abuso sexual y pornografía infantil, otras. Reconocer que esta victimación es de interés público y por lo tanto un problema social fue un logró que transitó un camino largo y tortuoso, en este sentido y reconociendo que es al Estado al que le corresponde implementar acciones, se tutela su Derecho a ser Protegido en su integridad contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su desarrollo integral, el respeto a su dignidad y su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la obligatoriedad de establecer en leyes reglamentarias los mecanismos necesarios para prever y evitar las conductas que afecten su desarrollo integral, Derecho que se consagra en el Capítulo VI.

El derecho de los menores a ser reconocidos por sus padres y por lo tanto a estar inscritos en el Registro Civil, así como el conocer su origen se garantiza en el Derecho de Identidad tratado en los artículos del 56 al 58 que forman el Capítulo VII.

Relacionado con el derecho a la identidad se encuentra el Derecho a Vivir en Familia que se desglosa en el Capítulo VIII. Reconocido como un asunto fundamental para su sano desarrollo, es prioritario procurar que los menores de edad vivan con sus padres y convivan con sus familiares, lo mismo es que a falta de su familia de origen, se les garantice la protección del Estado colocándolos en lugares de asistencia y, buscándoles un hogar sustituto a través de la adopción. En esta parte de la Ley, se trata por primera vez la situación común de las madres trabajadoras que por necesidades económicas deben salir del hogar y trabajar, dejando a sus hijos solos o bajo la protección de terceras personas, situación que en algunos casos ha sido determinante para separar a la madre de sus hijos, señalándose al respeto que no se juzgará como exposición ni estado de abandono, los casos de padres y madres que por extrema pobreza o porque tengan necesidad de ganarse el sustento lejos de su lugar de residencia, tengan dificultades para atenderlos permanentemente, siempre que los mantengan al cuidado de otra personas, los traten sin violencia y prevean su subsistencia.

En el Capítulo IX denominado " Del Derecho a la Salud", atendiendo a la concepción de salud que la Organización Mundial de Salud ha sostenido, definiéndolo como un estado general de bienestar físico, mental y social y no una mera ausencia de enfermedades o dolencias, se señala que las Autoridades Estatales y Municipales en coordinación con las Federales, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán programas de reducción de la mortalidad infantil, vacunación, asistencia médica y sanitaria; promoción a la lactancia materna, combate a la desnutrición; atención, prevención e información de enfermedades endémicas, epidémicas, de transmisión sexual y del VIH (SIDA) y de atención pre y postnatal a las madres; disponiendo de lo necesario para que los menores con discapacidad, reciban la atención apropiada a su condición.

En la misma tesitura el Capítulo X "Del Derecho a la Educación" entendido éste no como el derecho de ser sujeto de transmisión de conocimientos, sino como el derecho a recibir una formación en el respeto de la dignidad y la igualdad de las personas, la paz y la tolerancia y, por ende, en la forma pacífica de solucionar los conflictos, se señala el derecho de los menores de edad a una educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia, en congruencia con lo establecido en el artículo 3º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promoviendo los Gobiernos Estatal y Municipales, las medidas necesarias para que se les proporcione la atención educativa que por su edad, madurez y circunstancias especiales requieran para su pleno desarrollo se impidan en las Instituciones Educativas, la imposición de medidas de disciplina que sean contrarias a su dignidad o atenten contra sus derechos o su integridad física o mental, entre otras.

En el Capítulo XI denominado "Del Derecho al Descanso y al Juego" se establece el derecho que tienen los menores de edad al descanso y al juego, los cuales serán respetados como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento; así como el disfrute de las manifestaciones y actividades culturales y artísticas de su entorno familiar, escolar y social; la prohibición constitucional de contratar laboralmente a menores de catorce años bajo cualquier circunstancia imponiéndoles las sanciones que establece el Código Penal del Estado a quienes las infrinjan.

En el capítulo XII denominado "Del Derecho a Participar" queda de manifiesto o en el derecho que tienen los menores a recibir toda información que requieran en su crecimiento y para protegerse de peligros; se señala el derecho a la libertad de expresión, la cual incluye el ejercicio de opinar y ser informados sin más límite que lo previsto por las Leyes; el derecho a reunirse y asociarse con la finalidad de tratar asuntos inherentes a su condición de infantes y adolescentes; su derecho a expresar opinión que implica que se les tome su parecer respecto de los asuntos que les afecten y el contenido de las resoluciones que les concierne y que se escuchen y tomen en cuenta sus opiniones y propuestas sobre los asuntos de su familia, escuela o comunidad.

En el Capítulo XIII denominado "Del Derecho al Debido Procedimiento como Infractor de la Ley Penal" se garantiza a los menores de edad el ejercicio pleno de los derechos y prerrogativas consignados en esta Ley y en la Ley de Tutela y Asistencia Social para Menores Infractores o en los Tratados Internacionales; se estipula que el tratamiento en libertad o internamiento de los menores infractores será distinto al de los adultos y por consecuencia, su internamiento será en lugares diferentes de éstos establece la obligatoriedad de que en los procedimientos a que se someta un menor infractor se respeten todas sus garantías procesales establecidas en las Leyes respectivas, especialmente las dispuestas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el Capítulo XIV denominado "De los Derechos de los Menores con Discapacidad" se señala que los menores con discapacidad física, intelectual o sensorial no podrán ser discriminados en actividad alguna; que tienen el derecho a desarrollar plenamente sus aptitudes y a gozar de una vida digna que les permita integrarse a la sociedad; se establece además, la obligatoriedad por parte de los Gobiernos Estatal y Municipales de instrumentar mecanismos y programas tendientes a reconocer y aceptar la existencia de la discapacidad y a promover acciones interdisciplinarias para el estudio, diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación de las discapacidades de los menores que en cada caso necesiten, entre otras.

El Título Cuarto plasma en sus artículos del 92 al 99, los Derechos de los Menores que se Encuentran o Viven en Circunstancias de Desventaja Social, figuras que aún cuando no se encontraban en las iniciativas del Poder Ejecutivo, se consideró conveniente y trascendente se trataran en un título especial que recogiera los elementos básicos que permiten la protección y apoyo de estos grupos especiales, necesario es aclarar que al denominarlos especiales no significa que se les estigmatice, lejos de ello, lo que se pretende es que se les reconozca como integrantes de una sociedad que requieren de mayor atención por su situación de desventaja que los coloca permanentemente en posición de riesgo, hablamos de aquellos menores que realizan alguna actividad en la calle o que deambulan en cualquier sitio de la ciudad o población sin tener rumbo o domicilio fijo, menores adictos a las drogas o enervantes, alcohol o cualquier otra sustancia tóxica y de los menores víctimas de maltrato. En los Capítulos que conforman este Título se menciona la obligación del estado de dotarlos de los elementos indispensables para su protección y asistencia.

El Título Quinto denominado "De las Instituciones Encargadas de la Defensa, Protección y Vigilancia de los Derechos de los Menores" contempla a la Procuraduría de la Defensa de los Menores y El Comité Estatal de Seguimiento, Vigilancia y Aplicación de los Derechos de los Menores.

A la Procuraduría de la Defensa de los Menores se le da el sustento legal, toda vez que aún cuando desde hace varios años ha desarrollado acciones de defensa de los menores, su existencia no se encuentra regulada, por ello, en esta Ley se le reconoce como un Organismo Público Descentralizado con funciones de autoridad, dependiente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia cuyo fin primordial es la defensa, protección y vigilancia de los derechos de los menores de edad. Desarrollándose en los 7 artículos correspondientes al Capítulo I, sus facultades y obligaciones.

El Capítulo II contiene lo relativo al Comité Estatal de Seguimiento, Vigilancia y Aplicación de los Derechos de los Menores que tiene como objetivo proteger a los menores de edad, garantizando el ejercicio y respeto a sus derechos fundamentales, conformado como un Organismo Plural, a su interior convergen Dependencias Públicas y Organizaciones Sociales, estableciéndosele sus atribuciones y dejando como materia del Reglamento que para el efecto se expida, su forma de sesionar y las funciones de cada uno de los integrantes del mismo.

En el Título Sexto denominado "De las Instituciones Auxiliares Encargadas de Dar Albergue y Atención a los Menores de Edad" se señala la obligación que tienen estas Instituciones de respetar sus derechos y garantías de los menores; promover el restablecimiento y la preservación de los vínculos familiares, tomando en cuenta que éstos no resulten en su perjuicio; brindar un ámbito seguro que resguarde su integridad física, moral y emocional; entre otras; se plasma que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, coordinará una Red de Atención, integrada por Instituciones Públicas, Organizaciones Sociales de Asistencia Privada y Casas Hogar. Es importante destacar que con la inclusión de este Capítulo se busca que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, sea el órgano encargado de vigilar para que se cumplan y respeten los derechos de los menores en las Instituciones, garantizando que reciban un trato digno, sin maltrato o explotación.

En el Capítulo II se estipula que la ciudadanía puede participar auxiliando en la realización de tareas básicas de asistencia social para menores de edad, bajo la dirección y control de las autoridades correspondientes; asimismo y a fin de fortalecer la participación de la ciudadanía los Gobiernos Estatal y Municipales fomentarán y brindarán apoyo para la constitución y permanencia de asociaciones civiles que tengan como propósito la realización de acciones en beneficio de los menores. En el Título Séptimo denominado "De las Sanciones", Capítulo Único integrado por los artículos 122 al 127 hace referencia que las infracciones a lo estipulado en esta Ley serán sancionadas; disponiendo a la autoridad encargada de sancionarlas con los medios de apremio necesarios para hacer valer sus determinaciones; siendo las resoluciones recurribles de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Que de las consideraciones vertidas, puede constatarse que la expedición de la nueva ley tiene como objetivo fundamental establecer las bases, normas y procedimientos para el desarrollo integral; así como la protección y promoción de los derechos de los menores de edad en el Estado de Guerrero, razón por la que procede su aprobación.

Que con base en lo anterior, los Diputados integrantes de esta Comisión de Justicia, aprobamos el presente Dictamen y Proyecto de Ley; en tal virtud y para los efectos de lo dispuesto por los artículos 51 de la Constitución Política Local; 134 párrafo segundo; 137 párrafo primero y 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, lo sometemos a la consideración de la Plenaria, solicitando su voto favorable al mismo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 8 fracción I y 127 Párrafos Primero y Segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 286,

LA QUINCUAGESIMA SEXTA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
 SOBERANO DE GUERRERO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE:

LEY PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS MENORES EN EL ESTADO DE GUERRERO

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO I DEL OBJETO Y PRINCIPIOS RECTORES

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de Guerrero.

ARTÍCULO 2.- La presente Ley tendrá como objeto garantizar la protección y desarrollo pleno integral de los menores de dieciocho años del Estado de Guerrero, y su aplicación le corresponde, en el ámbito de su competencia a los Gobiernos Estatal y Municipales.

ARTÍCULO 3.- En caso de incompatibilidad o de duda entre las disposiciones de esta Ley y de otra que tengan por objeto la protección de los menores de edad, habrá aplicarse la más favorable a su protección y desarrollo integral.

ARTÍCULO 4.- Son principios rectores de la protección y del desarrollo integral de los menores de edad:

I.- El del interés superior;

II.- El de la no discriminación;

III.- El de la igualdad;

IV.- El de la libertad;

V.- El de vivir en familia como espacio primordial de desarrollo;

VI- El de la tutela plena de los derechos humanos y de las garantías constitucionales; y

VII.- El de la protección del Estado.

ARTÍCULO 5.- El Gobierno del Estado y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad a sus recursos presupuestales, deberán proporcionar a los menores de edad:

I.- Asistencia y protección para la salud física y mental;

II.- Condiciones propicias para que reciba su educación básica;

III.- Apoyos necesarios para la libre expresión o manifestación de sus ideas;

IV.- Protección en los casos en que sean víctimas de abandono, acoso sexual, crueldad y maltrato de familiares o terceros;

V.- Asistencia prioritaria en los casos de desastres y accidentes;

VI.- Atención jurídica y asistencia social cuando infrinjan las leyes penales o administrativas;

VII.- Respeto a su cultura, religión o lengua;

VIII.- Orientación y asistencia para el ejercicio de sus derechos;

IX.- Medidas contra los traslados ilícitos o la retención ilegal en el País o en el extranjero, ya sea por uno de sus padres o terceras personas;

X.- Protección contra toda la información y material perjudicial para su bienestar; y

XI.- Seguridad de que, en caso de adopción, estén reunidas todas las garantías de legalidad, en cumplimiento a las resoluciones de la autoridad competente a fin de que prevalezca el interés superior de los menores.

CAPÍTULO II DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES DE EDAD

ARTÍCULO 6.- Son derechos fundamentales de los menores:

I.- Derecho de prioridad;

II.- Derecho a la vida;

III.- Derecho a la no discriminación;

IV.- Derecho a vivir en condiciones de bienestar;

V.- Derecho a ser protegido en su integridad;

VI.- Derecho a la identidad;

VII.- Derecho a vivir en familia;

VIII.- Derecho a la salud;

IX.- Derecho a la educación;

X.- Derecho al descanso y al juego;

XI.- Derecho a participar;

XII.- Derecho al debido procedimiento como infractor de la Ley Penal o Administrativa;

XIII.- Derechos de los menores con discapacidad; y

XIV.- Los demás que otros ordenamientos les otorguen.

ARTÍCULO 7.- Las Autoridades Estatales y Municipales a través de los organismos y dependencias correspondientes, vigilarán el respeto irrestricto de los derechos de los menores de edad; atenderán de manera prioritaria a aquéllos que requieran de asistencia jurídica, social y médica, y apoyarán de conformidad a sus respectivos presupuestos, a los que por carencias familiares o económicas, pongan en riesgo su formación, subsistencia y desarrollo, coadyuvando con los padres o tutores en el cumplimiento de sus deberes.

CAPÍTULO III
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PADRES, DE QUIENES EJERZAN LA PATRIA POTESTAD O
LA TUTELA DE LOS MENORES DE EDAD

ARTÍCULO 8.- Son obligaciones de los padres, de quienes ejerzan la patria potestad o la tutela de los menores de edad:

I.- Propiciar un ambiente familiar estable y solidario, para lograr en condiciones normales el desarrollo físico, psíquico y moral;

II.- Proporcionar alimentos que comprenderán: la comida, el vestido, la habitación, los gastos necesarios para la educación, para ejercer un oficio, arte o profesión y la asistencia en caso de enfermedad;

III.- Respetar su personalidad, opinión e integridad;

IV.- Llevar una conducta positiva y respetable que sirva de ejemplo a éstos;

V.- Fomentar una conciencia nacional y social que les permita tener plena identidad con la comunidad, el Estado y la Nación;

VI.- Brindar las condiciones mínimas para que puedan disfrutar de descanso y sana recreación;

VII.- Velar en todo momento por la salud, otorgándoles atención y protección ante las enfermedades;

VIII.- Evitar en la potestad de corrección, incurrir en conductas de acción u omisión que impliquen maltrato, crueldad física y psíquica;

IX.- Cumplir con los trámites del Registro Civil;

X.- Acudir a las Clínicas o Centros de Salud para que reciban la aplicación de las vacunas que contempla el esquema básico; y

XI.- Las demás que marquen las leyes, respecto a los menores de edad.

ARTÍCULO 9.- Para los efectos de garantizar y promover los derechos fundamentales señalados en esta Ley, los Sistemas Estatal y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, instrumentarán los mecanismos para que las instituciones asistan y apoyen a los padres, a quienes ejerzan la patria potestad o la tutela de los menores de edad en el cumplimiento de obligaciones.

TÍTULO SEGUNDO PROTECCIÓN BIOLÓGICA DE LOS MENORES

CAPÍTULO I PROTECCIÓN PRENATAL Y DEL RECIÉN NACIDO

ARTÍCULO 10.- Para efectos de esta Ley, se entenderá:

I.- Por Protección Prenatal, las precauciones y medidas que deben tomar los padres y personal médico tratante hacia el ser concebido, manteniéndolo sano hasta el momento de su nacimiento; y

II.- Por Protección del Recién Nacido, los cuidados que proporcionen los padres y personal médico encargado de la salud del infante, para que siempre conserve ésta hasta cumplir un año de edad.

ARTÍCULO 11.- Los hombres y las mujeres en edad de procrear, tienen él deber de prepararse para que la paternidad y maternidad, se realicen en las mejores condiciones biológicas, éticas y sociales, buscando que la salud y desarrollo de sus futuros hijos sea de la mejor manera posible.

ARTÍCULO 12.- El médico, enfermera o partera autorizados oficialmente que atiendan a una mujer embarazada, deberán asegurarse previamente al parto, de que se le han practicado las pruebas sanguíneas señaladas en la Ley, en su defecto ordenar que se practiquen inmediatamente.

Debe asegurarse de que a los padres se les hayan practicado investigaciones sobre los grupos A, B y O y el factor Rh (positivo o negativo) .

ARTÍCULO 13.- Si las pruebas mencionadas en el artículo anterior, pudieran originar problemas al producto por incompatibilidad sanguínea, deberá tratarse a la persona embarazada de manera inmediata.

ARTÍCULO 14.- En caso de existir la posibilidad de anemia hemolítica, deberán tomarse las medidas profilácticas o curativas del caso, dando intervención al pediatra para que se proceda a la profilaxis o tratamiento de los menores.

ARTÍCULO 15.- Todas las clínicas y hospitales públicos o privados, deberán contar con un servicio de cuna que estará a cargo del médico pediatra y de enfermeras para atender menores. La finalidad del servicio de cuna será la de cuidar al recién nacido, sano o enfermo y se aprovechará la estancia de las madres en el hospital para instruirlas en el cuidado de sus hijos.

ARTÍCULO 16.- El servicio de cuna dispondrá de incubadoras para que el recién nacido que pese menos de 2,500 gramos sea atendido correctamente.

ARTÍCULO 17.- El Comité Estatal de Seguimiento, Vigilancia y Aplicación de los Derechos de los Menores, solicitará a las instituciones de salud informe de los partos atendidos diariamente.

CAPÍTULO II
PROTECCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA

ARTÍCULO 18.- Se entenderá como protección a la primera infancia, las medidas de crecimiento y desarrollo físico y mental adecuado de los infantes de uno a cuatro años. Estas medidas deberán ser observadas en todas las instituciones oficiales y particulares en que se impartan servicios materno-infantiles, como guarderías y estancias.

ARTÍCULO 19.- El Estado difundirá los conocimientos generales acerca del desarrollo de los menores, a fin de satisfacer las necesidades afectivas, nutricionales, físico-mentales y de lenguaje en la primera infancia y prevendrá las causas de mortalidad como son: enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias graves y enfermedades infecto contagiosas.

ARTÍCULO 20.- La madre debe alimentar a su hijo con la lactancia materna y cuando no sea posible o conveniente, con leches autorizadas por las autoridades de salud, por un tiempo mínimo de tres meses.

ARTÍCULO 21.- El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia llevará un registro de ayas y nodrizas. Ninguna mujer podrá ejercer esta actividad sin previa inscripción en dicho registro.

ARTÍCULO 22.- Sólo podrán registrarse como ayas, las mujeres madres de niños mayores de seis años de edad, o sin hijos y como nodrizas, las madres de hijos sanos alimentados por ellas hasta los seis meses; bajo la condición de que sus hijos sean alimentados por ellas hasta los seis meses, o bien, las madres cuyos hijos hubieren fallecido antes de cumplir los seis meses de edad.

ARTÍCULO 23.- Tanto ayas como nodrizas deberán acreditar mediante certificación médica, que realizará cada seis meses el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, no padecer enfermedades de transmisión sexual ni otras en período infectante. Tal hecho las incapacita para ejercer esta actividad.

ARTÍCULO 24.- Los padres, abuelos, tutores, guarderías e instituciones que tengan a su cargo a los menores de esta etapa, tienen la obligación de procurar se les apliquen las vacunas cuya eficacia se haya demostrado, a juicio de la Secretaría de Salud del Estado y del Sistema Nacional de Salud.

ARTÍCULO 25.- El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, en coordinación con las instituciones de salud, difundirá y aplicará las medidas emergentes para proteger a los menores de esta edad, contra las enfermedades que adopten carácter epidémico.

CAPÍTULO III
PROTECCIÓN A LA SEGUNDA INFANCIA

ARTÍCULO 26.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá como protección a la segunda infancia a la asistencia en los aspectos preventivo, educativo y curativo que sean necesarios del infante, comprendido entre los cuatro a los seis años de edad.

El Estado protegerá al preescolar desde el punto de vista somático, mental y social, a fin de asistirlo en los aspectos preventivo, educativo y curativo que sean necesarios.

ARTÍCULO 27.- Se procurará que todas las fábricas o dependencias en donde trabajen un considerable número de madres se instalen guarderías para la atención de los preescolares.

ARTÍCULO 28.- Los padres, abuelos, tutores, guarderías o instituciones que tengan a su cargo al preescolar, procurarán que se efectúen en él las inmunizaciones correspondientes a su edad.

CAPÍTULO IV
PROTECCIÓN A LA TERCERA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA

ARTÍCULO 29.- Se entenderá como protección a la tercera infancia y a la adolescencia al conjunto de medidas preventivas y a los tratamientos adecuados para resolver los problemas de nutrición y enfermedades endémicas. Se considerarán también aquellas medidas que tiendan a evitar o remediar su abandono, y la prevención de sus conductas antisociales.

ARTÍCULO 30.- Para los efectos de esta Ley, la tercera infancia se inicia a los siete y termina a los doce años de edad y la adolescencia de los doce a los dieciocho años de edad.

ARTÍCULO 31.- Las Autoridades Estatales y Municipales, vigilarán que los menores en esta edad reciban educación primaria y secundaria.

ARTÍCULO 32.- El Estado y los Municipios difundirán y aplicarán los sistemas educativos necesarios para infundir en el adolescente un sentido de responsabilidad integral frente a la vida y prepararlo para ser una persona de bien.

TÍTULO TERCERO
DE LOS DEBERES DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 33.- El Estado y los Municipios a través de los organismos y dependencias correspondientes vigilarán el respeto irrestricto a los derechos de los menores de edad.

ARTÍCULO 34.- El Estado y los Municipios atenderán de manera prioritaria a aquéllos que requieran de asistencia social, médica y jurídica y apoyarán de conformidad a sus presupuestos a quiénes por carencias familiares o económicas pongan en riesgo su formación, subsistencia o desarrollo.

ARTÍCULO 35.- El Estado y los Municipios, con el objeto de garantizar los derechos de los menores deberán implementar los programas que los Acuerdos Nacionales e Internacionales les obliguen en este ámbito.

ARTÍCULO 36.- Las autoridades competentes se coordinarán a fin de salvaguardar el cumplimiento de los derechos establecidos en este Título.

CAPÍTULO II
DEL DERECHO DE PRIORIDAD

ARTÍCULO 37.- Los menores de edad tienen prioridad en el ejercicio de todas las prerrogativas establecidas en esta Ley.

ARTÍCULO 38.- Tienen derecho a que se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria.

ARTÍCULO 39.- Tienen el privilegio de que se les atienda antes que a los adultos en todos los servicios, en igualdad de condiciones.

ARTÍCULO 40.- Asimismo se les considere al diseñar y ejecutar las políticas públicas, necesarias para la protección de sus derechos.

CAPÍTULO III
DEL DERECHO A LA VIDA

ARTÍCULO 41.- Los menores de edad tienen el derecho intrínseco a la vida y a un pleno desarrollo.

ARTÍCULO 42.- Se garantizará su supervivencia y desarrollo en todos sus aspectos.

CAPÍTULO IV
DEL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN

ARTÍCULO 43.- Los menores de edad tienen reconocidos sus derechos y no deberá hacerse ningún tipo de discriminación en razón de raza, color, sexo, idioma o lengua, religión; opinión política; origen étnico, regional o nacional; posición social o económica; discapacidad física, circunstancias de nacimiento o cualquier otra condición no prevista en este artículo.

Las autoridades adoptarán las medidas apropiadas para garantizar el goce de su derecho a la igualdad en todas sus formas.

ARTÍCULO 44.- Las medidas que se tomen para los menores que se encuentren en circunstancias especialmente difíciles por estar carentes o privados de sus derechos y para procurarles el ejercicio igualitario de éstos, no implica ni significa discriminación para los demás menores de edad, ni restringe el goce igualitario.

ARTÍCULO 45.- Es deber de las autoridades, ascendientes, tutores y de miembros de la sociedad, promover e impulsar un desarrollo igualitario entre los menores de edad, debiendo combatir o erradicar desde la primera infancia las costumbres y prejuicios alentadores de una pretendida superioridad de un sexo sobre otro.

CAPÍTULO V
DEL DERECHO A VIVIR EN CONDICIONES DE BIENESTAR

ARTÍCULO 46.- Los menores de edad tienen derecho a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y armónico, tanto físico como mental, material, espiritual, moral y social.

ARTÍCULO 47.- Las madres tienen derecho mientras están embarazadas o lactando, a recibir la atención médica y nutricional necesaria, de conformidad con el derecho a la salud integral de la mujer.

ARTÍCULO 48.- Los padres o quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, serán responsables del desarrollo sano integral de los menores a su cargo, debiendo garantizar lo necesario para su subsistencia, salud, educación y los elementos físico, mental y moral que favorezcan su incorporación al medio social.

ARTÍCULO 49.- El Gobierno del Estado y Municipios brindarán atención especial a los menores de edad que por diversas circunstancias realizan actividades en la calle.

ARTÍCULO 50.- Para efecto del artículo anterior, los Gobiernos Estatal y Municipales establecerán las instituciones de coordinación y concertación, con organismos, instituciones públicas e instancias competentes, para generar la participación efectiva de la comunidad y de las organizaciones sociales en los programas en beneficio de los niños de la calle.

CAPÍTULO VI
DEL DERECHO A SER PROTEGIDO EN SU INTEGRIDAD

ARTÍCULO 51.- Los menores de edad tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su desarrollo integral, el respeto a su dignidad y su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO 52.- Las normas reglamentarias establecerán las formas de prever y evitar las conductas que afecten su desarrollo integral.

ARTÍCULO 53.- Se les protegerá cuando se vean afectados por el descuido, la negligencia, el abandono, el abuso emocional, físico y sexual.

ARTÍCULO 54.- Se les protegerá de la explotación en cualquiera de sus manifestaciones, contra el uso y consumo de drogas y enervantes, el secuestro, en la trata de personas y la pornografía infantil.

ARTÍCULO 55.- Se les protegerá en casos de conflictos armados, desastres naturales, situaciones de refugio o desplazamiento y en acciones de reclutamiento para que participen en conflictos armados.

CAPÍTULO VII
DEL DERECHO A LA IDENTIDAD

ARTÍCULO 56.- El derecho a la identidad les garantizará a los menores de edad a tener un nombre y los apellidos de los padres desde su nacimiento y a ser inscritos en el Registro Civil. Por lo tanto, deberán tener nacionalidad y conocer su filiación y origen, salvo en los casos que las Leyes lo prohiban.

ARTÍCULO 57.- Tienen las garantías de pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes costumbres, religión, idioma o lengua, sin que esto pueda ser entendido como razón para contrariar sus derechos.

ARTÍCULO 58.- A fin de que los menores de edad puedan ejercer plenamente el derecho a su identidad, se podrá disponer de lo necesario para que la madre y el padre los registren, sin distinción en virtud de las circunstancias de su nacimiento.

CAPÍTULO VIII
DEL DERECHO A VIVIR EN FAMILIA

ARTÍCULO 59.- Los menores de edad tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de sus padres o de los familiares con los que convivan, ni causa de la pérdida de la patria potestad.

ARTÍCULO 60.- El Estado velará porque sólo sean separados de sus padres o de alguno de ellos, mediante sentencia u orden preventiva judicial que declare legalmente la separación.

ARTÍCULO 61.- También cuidará que en los procedimientos se garantice el derecho de audiencia de todas las partes involucradas, incluidos los menores de edad con sujeción a la Ley.

ARTÍCULO 62.- No se juzgará como exposición ni estado de abandono los casos de padres y madres que por extrema pobreza o porque tengan necesidad de ganarse el sustento lejos de su lugar de residencia, tengan dificultades para atenderlos permanentemente, siempre que los mantengan al cuidado de otras personas, los traten sin violencia y provean su subsistencia.

Se establecerán programas de apoyo a las familias para que esa falta de recursos no sea causa de separación.

ARTÍCULO 63.- Las autoridades definirán y aplicarán las normas y los mecanismos necesarios para que los menores privados de su familia de origen, se procure su reencuentro con ella.

ARTÍCULO 64.- Es un derecho prioritario de los menores cuyos padres estén separados, convivir con ambos, salvo que por disposición de la Ley o mandato judicial, se determine que es contrario al interés superior de los menores.

ARTÍCULO 65.- Cuando los menores de edad se vean privados de su familia, tendrán derecho a recibir la protección del Estado, quien se encargará de procurarles una familia sustituta y mientras se encuentren bajo la tutela de éste, les brindará los cuidados especiales que requieran por su situación de desamparo familiar.

ARTÍCULO 66.- Para efecto del artículo anterior, toda persona deberá reportar al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, los casos de exposición o abandono de un menor de edad de las que tenga conocimiento.

ARTÍCULO 67.- Las Autoridades Estatales y Municipales en el ámbito de sus atribuciones, velarán porque en las adopciones se respeten las normas que las rijan; asimismo, vigilará que se asesore jurídicamente, tanto a quienes consientan la adopción, como a quienes la acepten, a fin de que conozcan las consecuencias del hecho.

ARTÍCULO 68.- Tratándose de adopción internacional, se debe disponer lo necesario para asegurar que los menores de edad sean adoptados por nacionales de países, en donde existan reglas jurídicas de adopción y de tutela de sus derechos cuando menos equivalentes a las mexicanas.

CAPÍTULO IX
DEL DERECHO A LA SALUD

ARTÍCULO 69.- Las Autoridades Estatales y Municipales en coordinación con las Federales, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán programas de reducción de la mortalidad infantil, vacunación, asistencia médica y sanitaria; promoción a lactancia materna, combate a la desnutrición; atención, prevención e información de enfermedades endémicas, epidémicas, de transmisión sexual y del VIH (SIDA) y de atención pre y postnatal a las madres.

ARTÍCULO 70.- Dispondrán de lo necesario para que los menores de edad con discapacidad, reciban la atención apropiada a su condición, que los rehabilite, les mejore su calidad de vida, les reincorpore a la sociedad y los equipare a las demás personas en el ejercicio de sus derechos.

ARTÍCULO 71.- Se establecerán las medidas de coordinación correspondientes para que en los servicios de salud estatales o municipales, se detecten y atiendan de manera especial los casos de infantes y adolescentes víctimas o sujetos de violencia intrafamiliar o abuso sexual.

CAPÍTULO X
 DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN

ARTÍCULO 72.- Los menores de edad tienen derecho a una educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia, en congruencia con lo establecido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO 73.- Los Gobiernos Estatal y Municipales promoverán las medidas de coordinación necesarias para que:

I.- Se les proporcione la atención educativa que por su edad, madurez y circunstancias especiales requieran para su pleno desarrollo;

II.- Se evite la discriminación de las menores de edad en materia de oportunidades educativas;

III.- Los menores de edad que posean cualidades intelectuales por encima de la media, tengan derecho a una educación acorde a sus capacidades;

IV.- Se impulse la enseñanza y respeto de los derechos humanos. En especial la no discriminación y de la convivencia sin violencia;

V.- Se desarrolle la participación democrática en todas las actividades escolares, como medio de formación ciudadana; y

VI.- Se impida en las Instituciones Educativas la imposición de medidas de disciplina que sean contrarias a su dignidad, atenten contra sus derechos, o su integridad física o mental.

CAPÍTULO XI
DEL DERECHO AL DESCANSO Y AL JUEGO

ARTÍCULO 74.- Los menores de edad tienen derecho al descanso y al juego, los cuales serán respetados como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento; así como al disfrute de las manifestaciones y actividades culturales y artísticas de su entorno familiar, escolar y social.

ARTÍCULO 75.- Se procurará no imponer regímenes de vida, estudio, trabajo o reglas de disciplina que impliquen la renuncia o el menoscabo de estos derechos.

ARTÍCULO 76.- Para garantizar la protección de los derechos reconocidos en esta Ley, se reitera la prohibición constitucional de contratar laboralmente a menores de catorce años bajo cualquier circunstancia.

A los que infrinjan tal prohibición y que además pongan en peligro la integridad y desarrollo de los menores de edad, se les impondrán las sanciones que establece el Código Penal del Estado.

ARTÍCULO 77.- Las Autoridades Estatales y Municipales, proveerán lo necesario para que los menores de edad no queden en situación de abandono o falta de protección por el cumplimiento de estas disposiciones.

CAPÍTULO XII
 DEL DERECHO A PARTICIPAR

ARTÍCULO 78.- Los menores de edad tienen derecho a la libertad de expresión, la cual incluye sus opiniones y a ser informados. Dichas libertades se ejercerán sin más límite que lo previsto por las Leyes.

ARTÍCULO 79.- Los menores de edad tienen derecho a ejercer sus capacidades de opinión, análisis, crítica y de presentar propuestas en todos los ámbitos en los que viven, trátese de familia, escuela, sociedad o cualquier otro, dentro del marco legal que nos rige.

ARTÍCULO 80.- Los menores de edad tienen derecho a la información. En cumplimiento de este derecho se diseñarán políticas orientadas al ejercicio del derecho a que se refiere el artículo anterior.

ARTÍCULO 81.- El derecho a expresar opinión implica que se les tome su parecer respecto de:

I.- Los asuntos que les afecten y el contenido de las resoluciones que les concierne; y

II.- Que se escuchen y tomen en cuenta sus opiniones y propuestas sobre los asuntos de su familia, escuela o comunidad.

ARTÍCULO 82.- Los menores de edad tienen derecho a reunirse y asociarse con la finalidad de tratar asuntos inherentes a su condición de infantes y adolescentes. Las autoridades correspondientes deben disponer lo necesario para que puedan ejercerlo sin más límites que los que establecen las normas respectivas.

CAPÍTULO XIII
DEL DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO
COMO INFRACTOR DE LA LEY PENAL

ARTÍCULO 83.- Se garantizará a los menores de edad el ejercicio pleno de los derechos y prerrogativas consignados en esta Ley, en la Ley de Tutela y Asistencia Social para Menores Infractores o en los Tratados Internacionales.

ARTÍCULO 84.- El tratamiento en libertad o internamiento de los menores infractores será distinto al de los adultos y por consecuencia, su internamiento será en lugares diferentes de éstos.

ARTÍCULO 85.- Que entre las medidas de tratamiento que se apliquen a quienes infrinjan la Ley Penal se buscará la orientación, supervisión, asesoramiento, enseñanza y formación profesional; esto con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad.

ARTÍCULO 86.- El menor infractor tiene derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y de cualquiera otra índole y tendrá contacto constante con su familia. ARTÍCULO 87.- En los procedimientos a que se someta un menor infractor, deberán respetarse todas las garantías procesales establecidas en las leyes respectivas, especialmente las dispuestas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO 88.- El menor adolescente que infrinja normas administrativas quedará sujeto a la competencia de las instituciones especializadas en este tipo de conductas.

CAPÍTULO XIV
DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES CON DISCAPACIDAD

ARTÍCULO 89.- Los menores de edad con discapacidad física, intelectual o sensorial no podrán ser discriminados en actividad alguna.

ARTÍCULO 90.- Tienen derecho a desarrollar plenamente sus aptitudes y a gozar de una vida digna que les permita integrarse a la sociedad, participando en los ámbitos familiar, escolar, social, laboral, cultural, recreativo y económico.

ARTÍCULO 91.- Los Gobiernos Estatal y Municipales establecerán mecanismos y programas tendientes a:

I.- Reconocer y aceptar la existencia de la discapacidad;

II.- Ofrecer apoyos educativos y formativos para padres y familiares de los menores de edad con discapacidad, a fin de conseguir los medios necesarios para que puedan fomentar su desarrollo y vida digna;

III.- Promover acciones interdisciplinarias para el estudio, diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación de las discapacidades de los menores de edad que en cada caso necesiten, asegurando que sean accesibles a las posibilidades económicas de sus familiares;

IV.- Fomentar que los Centros Educativos Especiales y proyectos de educación especial le permitan a los menores de edad con discapacidad, integrarse en la medida de su capacidad a los sistemas educativos regulares; y;

V.- Adaptar a las necesidades particulares el medio que rodea a los menores de edad con discapacidad.

TITULO CUARTO
DE LOS MENORES QUE SE ENCUENTRAN O
VIVEN EN CIRCUNSTANCIAS DE DESVENTAJA SOCIAL

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 92. Se consideran como menores que se encuentran o viven en circunstancias de desventaja social, a aquéllos que realizan alguna actividad en la calle, que deambulan en cualquier sitio de la ciudad o población sin tener rumbo y domicilio fijo, adictos a las drogas o enervantes, alcohol o cualquier otra sustancia tóxica o por otra causa que los motive a estar desligados parcial o totalmente de su familia.

ARTÍCULO 93. Toda persona que tenga conocimiento de algún menor que se encuentre en cualquier situación de las señaladas con antelación, tiene la obligación de dar aviso de manera inmediata a las autoridades competentes para que estas tomen las medidas necesarias para su atención y protección. Quien no acate este mandato, será sancionado por las leyes respectivas.

CAPÍTULO II
 DE LOS MENORES EN SITUACION DE CALLE

ARTÍCULO 94. El Gobierno del Estado y los Municipios, en coordinación con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría de la Defensa del Menor y además autoridades competentes, tendrán la obligación de establecer programas específicos para brindar a los menores en situación de calle las medidas de defensa jurídica, de provisión, prevención, protección y asistencia.

ARTÍCULO 95. Las autoridades citadas con anterioridad, también implementarán e impulsarán medidas tendientes a prevenir y evitar que los menores realicen actividades marginales o de sobrevivencia, procurando integrarlos a programas compensatorios, como las becas, desayunos escolares, útiles escolares, entre otros, realizando las acciones que se requieran para protegerlos y evitar su explotación.

CAPÍTULO III
 DE LOS MENORES CON ADICCIONES

ARTÍCULO 96. Los menores adictos a substancias que producen dependencia, tendrán derecho a recibir tratamiento médico tendiente a su rehabilitación física y psicológica, tomándose las medidas necesarias a fin, de que la Secretaría de Salud en coordinación con las otras autoridades competentes, establezcan o refuercen programas integrales enfocados a la problemática asociada a los distintos tipos de drogas y a las formas de dependencia física o emocional.

ARTÍCULO 97. Las autoridades competentes establecerán campañas preventivas tendientes a crear en las familias y la sociedad, la sensibilización y concientización sobre los aspectos nocivos del uso de fármacos o substancias que produzcan adicción.

CAPÍTULO IV
DE LOS MENORES VICTIMAS DEL MALTRATO

ARTÍCULO 98. Se entiende por maltrato, el acto u omisión intencional realizado con el fin de dañar a los menores de edad en sus aspectos físico, psico-emocional o sexual.

ARTÍCULO 99. Cualquier persona, servidor público, autoridad o dependencia que tenga conocimiento de que un menor de edad, haya sufrido o esté sufriendo algún maltrato o se encuentre en riesgo su integridad, tendrá la obligación de hacerlo del conocimiento de la Autoridad competente para que este proceda conforme a derecho.

TÍTULO QUINTO
DE LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA DEFENSA, PROTECCIÓN Y
VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES

CAPÍTULO I
DE LA PROCURADURÍA DE
LA DEFENSA DE LOS MENORES

ARTÍCULO 100.- Para la defensa, protección y vigilancia de los derechos de los menores de edad, se instituye la Procuraduría de la Defensa de los Menores con funciones de autoridad.

ARTÍCULO 101.- La Procuraduría de la Defensa de los Menores es una área administrativa que depende del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.

ARTÍCULO 102.- Son facultades de la Procuraduría de la Defensa de los Menores:

I.- Vigilar la observancia de las garantías constitucionales que salvaguardan los derechos de los menores, las disposiciones contenidas en los Tratados Internacionales suscritos por nuestro País;

II.- Representar legalmente sus intereses ante las autoridades judiciales o administrativas, sin contravenir las disposiciones legales aplicables;

III.- Conciliar en caso de conflicto en el núcleo familiar cuando se vulneren los derechos de los menores;

IV.- Proporcionar alternativas conciliatorias de solución, en casos de controversias de la paternidad que afecten a los menores de edad;

V.- Recibir quejas, denuncias e informes en relación a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela, curatela o guarda y custodia de menores;

VI.- Poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en la fracción anterior, y en su caso, de ser procedente, iniciar y llevar las acciones legales que correspondan;

VII.- Brindar en forma gratuita los servicios de asistencia jurídica y de orientación social a los menores de edad y a sus ascendientes o tutores en los trámites o procedimientos relacionados a éstos;

VIII.- Proporcionar al Ministerio Público o a cualquier órgano jurisdiccional, los elementos a su alcance para la protección de los menores de edad;

IX.- Comparecer ante las autoridades o instituciones competentes, en los casos en que al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia le corresponda o se le designe para ejercer la guarda y custodia provisional y en su caso, la tutela de los menores de edad en los términos de las disposiciones legales aplicables;

X.- Atender las denuncias de maltrato o abandono de los menores de edad que se le presenten;

XI.- Denunciar ante las autoridades que correspondan, los casos de maltrato, lesiones, abuso físico, psíquico o sexual, abandono, descuido o negligencia, y en general, cualquier conducta de acción u omisión que perjudique los menores de edad para lograr la protección jurídica, física y emocional de éstos y la aplicación de las sanciones que procedan;

XII.- Solicitar de cualquier autoridad los informes, datos estadísticos, implementos y auxilio que requiera para el cumplimiento de sus atribuciones;

XIII.- Realizar periódicamente visitas de inspección en la prestación de los servicios de asistencia privada a menores de edad, reportando cualquier anomalía a las autoridades competentes;

XIV.- Gestionar ante las autoridades del Registro Civil la inscripción del registro de nacimiento de menores de edad;

XV.- Proponer a la Junta Directiva del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la celebración de convenios de coordinación para la instalación de Unidades Municipales de Defensa de los Menores de edad; XVI.- Llevar los censos estadísticos de los asuntos que sobre menores conozca;

XVI.- Aplicar las sanciones establecidas en esta Ley; y

XVIII.- Las demás que le confieran otras disposiciones legales.

ARTÍCULO 103.- Cuando exista temor fundado o existencia de un peligro inminente o inmediato a la salud o seguridad para los menores de edad, derivados de maltrato, descuido o abandono podrá separarlos preventivamente del agresor, teniéndolos en custodia temporal en los albergues establecidos por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.

ARTÍCULO 104.- Inmediatamente a la separación de los menores de edad, se deberá hacer la denuncia de hechos ante el Ministerio Público o ejercitar las acciones correspondientes ante los órganos jurisdiccionales competentes, solicitándoles dicten las medidas de protección procedentes.

ARTÍCULO 105.- El Procurador de la Defensa de los Menores será designado y removido por la Junta de Gobierno del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.

ARTÍCULO 106.- Para ser Procurador de la Defensa de los Menores deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II. Tener cuando menos treinta años de edad;

III. Poseer con antigüedad mínima de tres años al día de la designación, Título y Cédula Profesional de Licenciado en Derecho, expedidos por institución legalmente facultada para ello;

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama pública, lo inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena; y

V. Haber residido en el Estado durante los dos años anteriores al día de su nombramiento.

CAPÍTULO II

DEL COMITÉ ESTATAL DE SEGUIMIENTO,
VIGILANCIA Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS
DE LOS MENORES

ARTÍCULO 107.- El Comité Estatal de Seguimiento, Vigilancia y Aplicación de los Derechos de los Menores tiene como objetivo proteger a los menores de edad, garantizando el ejercicio y respeto a sus derechos fundamentales.

ARTÍCULO 108.- El Comité Estatal de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos de los Menores se integrará de la siguiente manera:

I.- Un órgano colegiado denominado "Asamblea";

II.- Una Presidencia, misma que será ocupada por el Titular del Ejecutivo Estatal;

III.- Una Vicepresidencia que será ocupada por la Presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;

IV.- Una Coordinación General a cargo del Director General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, quien suplirá en sus ausencias al Presidente y a la Vicepresidenta;

V.- Una Secretaría Técnica, como organismo auxiliar de la Coordinación General;

VI.- Vocales "A", que serán los responsables de las diferentes áreas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; y

VII.- Vocales "B", que serán los responsables operativos de las dependencias e instituciones públicas, sociales y privadas.

ARTÍCULO 109.- La Asamblea es el órgano colegiado integrado por:

I.- El Gobernador Constitucional del Estado;

II.- La Presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;

III.- El Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado;

IV.- El Presidente de la Comisión de Gobierno del Honorable Congreso del Estado;

V.- El Secretario General de Gobierno;

VI.- El Secretario de Desarrollo Social;

VII.- El Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana;

VIII.- El Secretario de Educación Guerrero;

IX.- El Secretario de Salud;

X.- El Secretario de Desarrollo Económico;

XI.- El Secretario de Asuntos Indígenas;

XII.- La Secretaria de la Mujer;

XIII.- El Secretario de la Juventud;

XIV.- El Procurador General de Justicia del Estado;

XV.- El Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado; y

XVI.- El Director General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;

La Asamblea por conducto de su Presidente, invitará a formar parte de la misma con derecho a voz pero sin voto a Representantes de las Dependencias Federales, Estatales y Municipales, así como a organizaciones de los sectores social y privado cuyas acciones se vean relacionadas con los propósitos del Comité.

ARTÍCULO 110.- El Comité Estatal de Seguimiento, Vigilancia y Aplicación de los Derechos de los Menores tiene las siguientes funciones:

I.- Establecer estrategias interinstitucionales que permitan elaborar y mantener actualizado el análisis situacional de los menores en el Estado;

II.- Diseñar e instrumentar programas y acciones interinstitucionales y de vinculación con la Sociedad Civil que permitan dar cumplimiento a los principios y disposiciones emanadas de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de esta Ley;

III.- Promover estrategias encaminadas a generar un proceso de cambio social para hacer de los derechos de los menores de edad, una práctica cotidiana entre las familias, comunidades y las Instituciones de la Entidad;

IV.- Impulsar acciones de difusión sobre los derechos de los menores de edad establecidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, así como promover la sensibilización comunitaria acerca de su problemática a través de los medios de comunicación;

V.- Diseñar e instrumentar modelos de intervención en los cuales las instituciones puedan articular sus recursos humanos, materiales y operativos para la atención y prevención de la problemática que enfrentan los menores de edad y que limitan su adecuado desarrollo;

VI.- Propiciar que los principios básicos de la Convención sean considerados en el proceso de toma de decisiones y en la formulación e instrumentación de las políticas, programas y presupuestos, que tengan impacto directo en las acciones a favor de los menores de edad que se ejecuten en la Entidad;

VII.- Promover la existencia de canales adecuados de denuncia de violaciones a los derechos de los menores de edad y el adecuado seguimiento a los casos por parte de los organismos pertinentes;

VIII.- Emitir las recomendaciones necesarias a quienes incurran en violaciones a los derechos de los menores de edad;

IX.- Apoyar y colaborar en el diseño y ejecución de los programas de acción a favor de los menores de edad a nivel estatal y municipal;

X.- Promover las reformas de Leyes, Acuerdos y Reglamentos Estatales a fin de hacerlos compactibles con los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención Internacional de los Derechos del Niño;

XI.- Promover la participación permanente de los menores de edad en el conocimiento, difusión y puesta en práctica de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, a fin de permitirles actuar como agentes de cambio en su persona, en su familia, escuela y comunidad;

XII.- Proponer las prohibiciones que estime necesarias para la asistencia de los menores de edad a espectáculos públicos no autorizados expresamente para ellos; y

XVI.- Rendir los informes correspondientes al Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

TITULO SEXTO
 DE LAS INSTITUCIONES AUXILIARES ENCARGADAS DE
 DAR ALBERGUE Y ATENCION A LOS MENORES DE EDAD

CAPÍTULO I
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES
DEL FUNCIONAMIENTO DE LA RED

ARTÍCULO 111.- Las Instituciones Públicas y Organizaciones Sociales de Asistencia Privada y Casas Hogar de atención a los menores de edad, tienen las obligaciones siguientes:

I.- Respetar sus derechos y garantías;

II.- Respetar su diversidad cultural y su dignidad;

III.- Promover el reestablecimiento y la preservación de los vínculos familiares, tomando en cuenta que éstos no resulten en su perjuicio;

IV.- Hacerles de su conocimiento sus derechos y obligaciones;

V.- Llevar el seguimiento y evaluación de los casos atendidos;

VI.- Mantener el secreto profesional y utilización reservada de su historial, a excepción de que sea solicitado por autoridad competente;

VII.- Brindar un ámbito seguro que resguarde su integridad física, moral y emocional; y

VIII.- Promover su creatividad y su capacidad de realización.

ARTÍCULO 112.- El sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia coordinará una Red de Atención, integrada por Instituciones Públicas, Organizaciones Sociales de Asistencia Privada y Casas Hogar a las que se refiere el artículo anterior; la cual tiene los siguientes objetivos:

I.- Establecer una coordinación interinstitucional entre las Instituciones Públicas y Organizaciones Sociales que trabajen con menores de edad en condiciones de desventaja social;

II.- Intercambiar experiencias sobre los modelos de atención que aplica cada Institución, así como los avances y dificultades que se presenten en el desarrollo de los mismos; y

III.- Propiciar los apoyos que requieran los Programas de Atención de las Instituciones y Organizaciones que integran la Red.

ARTÍCULO 113.- Las Instituciones y Organizaciones que integran la Red deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I.- Estar legalmente constitutidas;

II.- Tener como objeto social o fundacional, la protección de los menores de edad en abandono y desventaja social;

III.- Disponer de los medios que permitan una atención adecuada; y

IV.- Observar las normas oficiales para la atención de los menores de edad.

ARTÍCULO 114.- Los menores de edad sujetos a la guarda y custodia en Centros de Alojamiento, Albergues y Casas Hogar tienen los siguientes derechos:

I.- Ser atendidos sin discriminación alguna;

II.- Recibir un trato digno;

III.- Mantener relaciones con sus familiares y recibir visitas; salvo que exista mandamiento judicial;

IV.- Disfrutar de su vida cotidiana, del descanso, recreación y actividades que favorezcan su desarrollo integral;

V.- Conocer su situación legal en todo momento;

VI.- Ser escuchado en las tomas de decisiones implementadas para su desarrollo pleno;

VII.- Recibir atención a sus necesidades inmediatas de alimento y descanso;

VIII.- Informar si son objeto de violencia, maltrato o explotación; y

IX.- Participar en los procesos de mejora de la autoestima.

ARTÍCULO 115.- El sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, vigilará que las Instituciones antes señaladas, cumplan y respeten los derechos de los menores de edad, reportando cualquier anomalía a la Junta Estatal de Asistencia Privada para que determine las sanciones que procedan en términos de la Ley respectiva.

CAPÍTULO II
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PROTECCIÓN
DE LOS MENORES DE EDAD

ARTÍCULO 116.- Todo ciudadano podrá participar como auxiliar en la realización de tareas básicas de asistencia social para menores de edad, bajo la dirección y control de las autoridades correspondientes.

ARTÍCULO 117.- Toda persona tiene la obligación de ejercer las funciones que el Código Civil para el Estado de Guerrero atribuye al Consejo Local de Tutela, previa designación de los Presidentes Municipales o por quien él autorice al afecto.

ARTÍCULO 118.- Los Gobiernos Estatal y Municipales fomentarán y apoyarán la constitución y permanencia de asociaciones civiles que tengan como propósito la realización de acciones en beneficio de los menores de edad.

ARTÍCULO 119.- En las acciones de planeación sobre asistencia social, salud, educación, deporte, cultura y recreación a favor de los menores de edad, se considerará a la participación ciudadana como instancia de opinión y de consulta.

ARTÍCULO 120.- Toda persona que conozca y advierta de acciones u omisiones de maltrato, abandono, negligencia, abuso y en general de cualquier agresión que sufra un menor de edad a su integridad física o moral, bienes o derechos, está obligada a denunciarlas ante la Procuraduría de la Defensa de los Menores.

ARTÍCULO 121.- El Titular del Poder Ejecutivo podrá otorgar reconocimientos a los individuos, asociaciones y sociedades que en el Estado se hubieren distinguido por su altruismo y dedicación en beneficio de los menores de edad.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS SANCIONES

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 122.- Las infracciones a lo dispuesto a esta Ley serán sancionadas con multa por lo equivalente de una a quinientas veces el salario mínimo general vigente en la zona.

ARTÍCULO 123.- En caso de reincidencia o particularmente graves, las multas podrán aplicarse hasta por el doble de lo previsto en el artículo anterior e inclusive arresto administrativo hasta por 36 horas. Se entiende por reincidencia que el mismo infractor incurra en dos o más violaciones del mismo precepto legal durante el transcurso de un año, contado a partir de la fecha de la primera infracción.

ARTÍCULO 124.- Las sanciones por infracciones a esta Ley y disposiciones derivadas de ella, se impondrán por la Procuraduría de la Defensa de los Menores, con base en:

I.- Las actas levantadas por autoridad;

II.- Las indagaciones efectuadas por el personal propio o adscrito de la Procuraduría de la Defensa de los Menores de edad;

III.- Los datos comprobados que aporten los menores de edad o sus legítimos representantes; y

IV.- Cualquier otro dato o circunstancia que aporte elementos de convicción para aplicar la sanción correspondiente.

ARTÍCULO 125.- Para la determinación de las sanciones la Procuraduría de la Defensa de los Menores, estará a lo dispuesto por esta Ley considerando el siguiente orden:

I.- La gravedad de la infracción;

II.- El carácter intencional de la infracción;

III.- La situación de reincidencia; y

IV.- La condición económica del infractor.

ARTÍCULO 126.- La Procuraduría de la Defensa de los Menores, para hacer valer sus determinaciones y citaciones, podrá disponer de los siguientes medios de apremio:

I.- Multa de diez a cincuenta salarios mínimos vigente en la entidad; o

II.- El auxilio de la Fuerza Pública.

ARTÍCULO 127.- Las resoluciones dictadas por la Procuraduría de la Defensa de los Menores con fundamento en las disposiciones de esta Ley, podrán recurrirse de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica del tribunal de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

SEGUNDO.- Se abroga el Código del Menor publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 10 de octubre de 1956.

TERCERO.- Se abroga el acuerdo que crea el Comité de Seguimiento, Vigilancia y Aplicación de la Convención sobre los Derechos de la Niñez, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 25 de abril del 2000.

CUARTO.- Lo relativo a la tutela, la patria potestad, reconocimiento, alimentos, investigación de la paternidad y adopción se regirán de conformidad a lo establecido en el Código Civil y Procesal Civil del Estado Vigentes.

QUINTO.- La Procuraduría de la Defensa de los Menores tendrá la estructura orgánica que determine el Reglamento Interior del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, considerando su disponibilidad presupuestal.

SEXTO.- Los asuntos del Consejo de Protección de Menores iniciados con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, continuarán tramitándose conforme a las disposiciones legales vigentes en el momento en que fueron iniciados.

SEPTIMO.- Los archivos, recursos humanos, materiales y financieros que el Consejo de Protección de Menores haya venido utilizando en el desempeño de sus funciones, pasarán al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia a partir de la fecha de la entrada en vigor de la presente Ley. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia conjuntamente con la Contraloría General y la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, tramitarán ante las instancias correspondientes las transferencias procedentes y proveerán lo necesario a fin de que el personal transferido mantenga sus derechos adquiridos.

OCTAVO.- El Comité Estatal de Seguimiento, Vigilancia y Aplicación de los Derechos de los Menores elaborará en un término que no exceda de noventa días su Reglamento Interior.

NOVENO.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley.

Chilpancingo, Gro., a ____de _______ del 2001.

LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE JUSTICIA

DIP. ERNESTO SANDOVAL CERVANTES

PRESIDENTE

DIP. ESTEBAN JULIAN MIRELES MARTINEZ

SECRETARIO

DIP. JORGE FIGUEROA AYALA

VOCAL

DIP. JUAN GARCIA COSTILLA

VOCAL

DIP. MOISES VILLANUEVA DE LA LUZ

VOCAL

 

 

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