El Principio de Relatividad y el Amparo en Materia Penal

Lic. Julio CÚsar Cabrera Mendieta

El Proceso Constitucional de Amparo se rige, como todas las instituciones jurídicas importantes, por una serie de principios que le dan fundamento y dirección, entre esos principios tenemos el instancia de parte, de agravio personal y directo, de estricto derecho, definitividad, relatividad de la sentencias, y es éste, el que últimamente, ha sido objeto de controversia, principalmente, en cuanto al amparo contra leyes, pues es bien sabido que el principio de relatividad de las sentencias únicamente protege al peticionario del amparo y no a otros gobernados que, estando en la misma situación de iure o hipótesis normativa de la ley, no se ven beneficiados por el alcance protector de una sentencia de amparo que ha declarado inconstitucional la ley.

Pero este principio de relatividad se aplica a todo tipo de amparos, es decir, sean o no contra leyes, no se va a amparar al gobernado que no haya promovido su demanda de amparo.

En este orden de ideas, en materia penal, donde el bien jurídico que se afecta al gobernado es su libertad personal, un gobernado que siendo procesado o sentenciado y no promueve amparo y otro gobernado en la misma situación jurídica, es decir, que también está siendo procesado o fue sentenciado por el mismo delito y en la misma causa o proceso pero que sí promueve amparo y la Justicia de la Unión lo ampara y protege para el efecto de obtener su libertad personal, únicamente éste se vería beneficiado, pues obtendría su libertad personal y el otro u otros gobernados que estando procesados o hayan sido sentenciados en el mismo juicio no hayan promovido amparo y deberían obtener su libertad personal, no la consiguen en razón de que no instaron a la Justicia Federal para que los amparara.

Lo anterior, como se verá, trae una serie de problemas que, si se deja de lado el principio de relatividad de las sentencias, puede traer más beneficios que perjuicios a la sociedad.

  1. EL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD

 

El principio de relatividad o fórmula Otero se encuentra pergeñado en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal y 76 de la Ley de Amparo que nos permitimos transcribir a continuación:

“Art. 107.-

  1. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de los individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare”.

Art. 76.-  Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

La doctrina ha señalado este principio de una forma muy sencilla, sólo a la persona (física o moral) que haya promovido el juicio de amparo, la sentencia que se dicte en éste lo protegerá si es el caso que se le conceda la protección de la Justicia Federal, por tanto, quedarán excluidos de la protección constitucional todos aquellos gobernados que, aunque se encuentren en la misma situación jurídica del quejoso o quejosos que hayan promovido el amparo y obtenido sentencia declarando inconstitucional el acto reclamado, ésta no los protegerá en razón de que ellos al no promover el amparo y, por tanto, no ser parte en el juicio, los beneficios de la sentencia que conceda el amparo no los protegerá.

El connotado jurista Arturo Serrano Robles acerca del principio de relatividad, nos dice: El principio que se examina (el de relatividad de las sentencias) constriñe, como claramente se advierte, el efecto de la sentencia que conceda la protección de la justicia federal solicitada, al quejoso, de manera que quien no haya sido expresamente amparado no puede beneficiarse con la apreciación que acerca de la inconstitucionalidad del acto reclamado haya expresado el juzgado en la mencionada sentencia; es decir, quien no haya acudido al juicio de garantías, ni haya sido amparado contra determinados ley o acto, está obligado a acatarlos no obstante que dichos ley o acto haya sido estimados contrarios a la Carta Magna en un juicio en el que aquél no fue parte quejosa”. (1)

El Ministro de Suprema Corte de Justicia de la Nación Gudiño Pelayo, nos dice lo siguiente en cuanto al principio de relatividad de las sentencias de amparo: “El amparo mexicano tiene un carácter eminentemente individualista, es decir, sólo procede a instancia de parte agraviada y su finalidad se agota en la protección del individuo”. Consecuencia de la mencionada “fórmula Otero” es que la autoriad de cosa juzgada en el amparo tiene el mismo alcance que en materia civil o mercantil. Sólo afecta a quienes son partes en el juicio, lo que no sucedería si la sentencia de amparo tuviera efectos erga omnes, como acontece el sistema  austriaco de justicia constitucional

El Dr. Carlos Arellano García señala en su obra El Juicio de Amparo cuáles son las particularidades que rigen el principio de relatividad de las sentencias:

I.- Sólo se protege y ampara a quien pidió el amparo;
II.- La protección sólo abarca el caso especial sobre el que versa la demanda. Ello significa que el amparo sólo abarcará a las autoridades marcadas como autoridad responsable en la demanda de amparo;
III.- También significa que la protección y amparo se conceden respecto del acto o ley que fueron materia del juicio de amparo y no respecto de actos o leyes que no fueron impugnados en el amparo”. (3)

La importancia, la relevancia y la trascendencia del citado principio los encontramos en las siguientes palabras del destacado amparista Don Ignacio Burgoa: “Uno de los principios más importantes y característicos del juicio de amparo y cuya aplicación práctica también ha contribuido a que dicha institución sobreviva en medio de las turbulencias de nuestro ambiente político y social, es el que concierne a la realidad (sic) de las sentencias que en él se pronuncian… el principio aludido, contenido ya en la Constitución yucateca de 1840, así como en las instituciones jurídicas en las que nuestro juicio de amparo encuentra sus precedentes históricos, es una de las bases sobre las que descansa el éxito y la vida misma de nuestra institución controladora. En efecto, con antelación hemos observado que la causa y motivo del fracaso de muchos regímenes de preservación del orden constitucional, principalmente de aquellos en los que la tutela se impartía por órgano político, ha sido precisamente la circunstancia de que sus resoluciones o consideraciones respecto de la inconstitucionalidad de los actos autoritarios, han tenido efectos  ‘erga omnes’, esto es, contra todos absolutamente, de tal manera que no se referían exclusivamente al agraviado en particular, si es que existía, sino que implicaban una mera impugnación o ataque a la autoridad que desarrollaba la actividad inconstitucional, lo cual, repetimos, significaba una afrenta para aquélla, cuya sucesión, muchas veces reiterada y constante, originaba el desquiciamiento jurídico, social y político, por las repetidas fricciones que provocaba entre las entidades públicas. Radicando, pues, la causa del fracaso, de la decadencia y desaparición de los sistemas de control constitucional cuyas resoluciones tenían efectos absolutos, precisamente en el alcance de éstas, es plausible que los regímenes de preservación de la Constitución por órgano jurisdiccional, como nuestro juicio de amparo, hayan no sólo eliminado dicha eficacia general, sino proclamado como principio característico de su naturaleza al de la relatividad de la cosa juzgada”. (4)
El principio de relatividad de las sentencias tiene pues, como objetivo fundamental el que las sentencias que conceden el amparo y protección  de la Justicia de la Unión al quejoso, no se extienda en cuanto a su ámbito protector al propio quejoso o quejosos, a la autoridad o autoridades responsables y al acto o actos reclamados declarados inconstitucionales, por mucho que éstos afecten a un número indeterminado de individuos, pues, como se señaló si el las sentencias concesorias del amparo tuvieran efectos erga omnes, se produciría un desequilibrio entre los diversos órganos de poder, es decir, habría la superioridad del poder Judicial de la Federación sobre el Legislativo.

A pesar de la todavía vigencia del principio de relatividad de las sentencias, se escuchan voces en el sentido de que dicho principio desaparezca o sea reformado  (5) como las autorizadas de Juventino Castro y Héctor Fix, además existe “la consulta popular a que convocó la Procuraduría General de la República con el propósito de revisar y reformar la legislación federal con el fin de adecuarla a las actuales necesidades, en el sentido de que se revise la fórmula Otero y se establezca, por el contrario, que cuando la jurisprudencia del más Alto Tribunal de la República declare la inconstitucionalidad de determinado precepto de la ley ordinaria, tal precepto pierda su vigencia. Pero mientras tal corriente no sea acogida por el Poder Constituyente y convertida en disposición constitucional, el principio de relatividad conservará su vigencia, sin excepciones”. (6)

LAS SENTENCIAS QUE CONCEDEN EL AMPARO EN MATERIA PENAL.

  1. De las sentencias de Amparo en General.

Con el dictado de la sentencia concluye el proceso jurisdiccional y es en este momento cuando el juzgador va a realizar los razonamientos necesarios a efecto de resolver la litis planteada ante él, es decir, va a formular el análisis lógico-jurídico respecto de la controversia que se le presentó y a condenar o absolver a los demandados.

En el diccionario razonado de legislación civil, penal, comercial y forense de Don Joaquín Escriche, la voz sentencia se define de la siguiente manera: “La decisión legítima del juez sobre la causa controvertida en su tribunal. Se llama así de la palabra sentiendo, porque el juez declara lo que siente según lo que resulta del proceso. La sentencia es de dos manera, interlocutoria y definitiva”, agregando que sentencia definitiva es “Aquella en que el juez, concluido el proceso, resuelve finalmente sobre el negocio principal, condenando ó absolviendo al demandado”. (7) 

En materia de amparo la sentencia puede tener una triple conclusión: a) que sobresea el juicio de garantías, b) que niegue el amparo de la Justicia Federal solicitada (absuelve a la autoridad responsable), y c) que lo conceda (condena a la autoridad responsable). (Artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo).

En el primer caso, se dará el sobreseimiento porque el quejoso haya muerto durante el tramite del juicio y las garantías que se reclaman únicamente afectan a su persona; cuando el quejoso desista expresamente de la demanda; cuando se demuestre que existe una causa de improcedencia o cuando no se haya demostrado la existencia del acto reclamado. (Artículo 74 de la Ley de Amparo).

En el segundo caso, cuando se niegue la protección de la Justicia Federal, es porque el acto reclamado no es inconstitucional o bien porque el quejoso no demostró dentro del proceso de amparo la inconstitucionalidad del acto reclamado.

Por último, cuando se otorga la protección constitucional al quejoso, el efecto de la sentencia que ampara puede ser para efectos, en otras palabras, para que la autoridad subsane las deficiencias relativas; o bien, de fondo para que la autoridad anule el acto reclamado que le atribuye el quejoso.

II.- De las sentencias de Amparo en Materia Penal.

Por regla general, en tratándose del proceso penal (8) lo primero que viene a la mente del jurista, como del lego, es que hay un ataque a la libertad personal (9), ya sea porque una persona haya sido detenida en flagrancia o caso urgente (artículo 16, párrafos cuarto y quinto de la Constitución), porque haya una orden de aprehensión (artículo 16, párrafo segundo), porque se haya dictado un auto de formal prisión (Artículo 19 constitucional) o porque se haya dictado una sentencia en donde se le imponga una pena privativa de libertad (Artículo 21 constitucional, primer enunciado).

En todos los casos referidos anteriormente procede el juicio de amparo; en el último procede el amparo directo y en los demás casos el indirecto. 

Y bien, ¿Cuál sería el efecto de una sentencia que concediera el amparo? Puede ser de dos tipos, primero si las violaciones son de forma, el efecto de la protección constitucional sería que se subsanen esas violaciones formales y continúe el proceso penal respectivo; y en caso de que las violaciones sean de fondo, el efecto de la sentencia sería poner en libertad al inculpado, así lo ha considerado la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

“AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCE CONTRA EL. Para dictar un auto de formal prisión, son indispensables requisitos de fondo y forma que la Constitución señala; y si faltan los primeros, esto basta para la concesión absoluta del amparo; pero si los omitidos son los de forma, la protección debe otorgarse para el efecto de que se subsanen las deficiencias relativas”.
Jurisprudencia Número 50. Primera Sala, tesis 284. Apéndice 1988. Segunda Parte, pág. 499. Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo II. Materia Penal. 1995.

Ahora, ¿Cuáles son esas violaciones de fondo? Fundamentalmente se dan cuando no esté acreditado el cuerpo del delito o la probable o plena responsabilidad del inculpado o sentenciado, que la acción penal o la pena impuesta hayan prescrito o por alguna causa de exclusión del delito, en estos casos la protección de la Justicia de la Unión será para el efecto, reiteramos, que el quejoso quede en absoluta libertad.

Ahora bien, qué sucede cuando existen varios inculpados o reos en una misma situación jurídica y sólo uno de ellos promueve amparo y la Protección Federal que se le otorga es de fondo, es decir, obtiene su libertad, pues que atendiendo al principio de relatividad de las sentencias, únicamente éste será el beneficiado y a los demás reos que estén siendo procesados o condenados a pena de prisión se les seguirá tramitando su proceso o cumplirán su pena privativa de libertad.

Es importante hacer notar que debe dejarse a un lado el muy trillado argumento de que existe gente que no tiene dinero para pagar un abogado para que les haga un amparo, pues para eso están los defensores de oficio, además de que en tratándose del amparo en materia penal existen el principio de suplencia de la queja absoluta, es decir, si el quejoso es el reo, habrá suplencia de la queja en su favor, aun ante la falta de conceptos de violación, según lo ordena el artículo 76 bis., fracción II, de la Ley de Amparo.

Las consecuencias que afectan a la sociedad en su conjunto, de seguir procesando a personas que no deberían estar siendo procesadas y privadas de su libertad y tener cumpliendo una pena privativa de libertad a otros que deberían estar libres por el sólo hecho de no haber promovido amparo que otro coacusado sí promovió, genera muchos problemas al Estado, de índole económico como son los gastos que se generan por procesar a una persona, por mantenerla privada de su libertad pues en estos casos no genera ingresos económicos y por el contrario el Estado tiene que sufragar sus gastos de alimentos, además, de carácter administrativo, pues el estado tiene que estar cuidando su situación jurídica, así como de carácter familiar, pues si el encausado es el sostén de su familia, se deja en estado de abandono a ésta, económica y afectivamente hablando, por tanto, la ratio del presente trabajo es que en materia penal el principio de relatividad de las sentencias se deje de aplicar y cuando un procesado o sentenciado promueva amparo y se le conceda éste para el efecto de obtener su libertad personal, igualmente sean beneficiados otros procesados o sentenciados que se encuentren en la misma situación jurídica, lo anterior debe de hacerse en forma oficiosa por parte de la autoridad que conoció del amparo o de las que tenga que cumplir con la sentencia de amparo o que hayan conocido del proceso penal.   

Para finalizar este apartado diremos junto con el insigne iusfilósofo Don Luis Recasens Fiches: “Porque el hombre tiene fines propios que cumplir por su propia decisión, necesita el respeto y la garantía de su libertad, necesita estar exento de la coacción de otros individuos y de la coacción de los poderes públicos que se interfieran con la realización de tales finalidades, que le son privativamente propias. La libertad jurídica es esencialmente necesaria al ser humano, porque la vida del hombre es la utilización y el desarrollo de una serie de energías potenciales, de una serie de posibilidades creadoras, que no pueden ser encajadas dentro de ninguna ruta preestablecida. El desenvolvimiento de la persona sólo puede efectuarse por medio de las fuerzas creadoras latentes en el individuo humano. Sólo la libertad personal le hace al hombre desenvolver su propia persona”.(10)   

CONCLUSIÓN

Como se ha formulado en el presente trabajo, uno de los principios rectores del proceso constitucional de amparo es el de relatividad, el cual consiste en que si al dictar la sentencia los tribunales federales le conceden el amparo al quejoso, el efecto será que únicamente a éste lo proteja, excluyendo de su ámbito de protección a cualquier otro gobernado que se encuentre en la misma situación de iure que aquél. Este principio tiene como premisa fundamental el que a través de un amparo se impugne una ley, ésta se declare inconstitucional, pero siga vigente pues la sentencia no tendrá por efecto invalidar o anular la ley, para que el Poder Judicial de la Federación no invada los ámbitos de competencia de las autoridades legislativas, ya sean federal o locales.

En materia penal, el acto de autoridad por regla general afecta la libertad personal del gobernado y éste se encuentra en algunos casos internado, privado de su libertad personal, en un centro de readaptación social o en una penitenciaria, por lo tanto, si un procesado o sentenciado promueve amparo y lo gana de fondo, es decir, se le otorga la protección constitucional porque no esté acreditado el cuerpo del delito, la probable o la responsabilidad penal, haya prescrito la acción penal o la pena impuesta o se haya extinguido de alguna otra manera la responsabilidad penal, el efecto será de que obtenga su absoluta libertad, por lo tanto, el amparo que así se haya otorgado a un quejoso, deberá hacerse extensivo también a los demás gobernados que aún sin haber promovido el amparo, estén en el mismo status jurídico que el peticionario de garantías, por tanto, de lege ferenda se adiciona un segundo párrafo al artículo 76 de la Ley de Amparo en el cual se diga: “Cuando en un amparo en materia penal o el acto sea restrictivo de la libertad personal, la sentencia que otorgue el amparo al quejoso y éste obtenga su libertad, los efectos y beneficios de la sentencia se harán extensivos a otros individuos que se encuentren en la misma situación jurídica que el quejoso que obtuvo su libertad”. Lic. Julio César Cabrera Mendieta.


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1. Serrano Robles, Arturo. Manual del Juicio de Amparo. Primera edición, Séptima Reimpresión, enero de 1991. Edit. Themis. México. 1991. pág. 30.
… la decisión judicial  sólo tiene fuerza obligatoria para las partes en el juicio y para quienes sean llamados a éste siempre que la sentencia que se dicte les cause perjuicios, en relación con las cuestiones debatidas ene l caso concreto. Por virtud de la sentencia, “las cuestiones controvertidas quedan resueltas de manera definitiva respecto a las partes en litigio, y las materias objeto del pleito nunca más pueden ser discutidas entre ellas en la vía judicial, porque a diferencia de la ley, que es de observancia general, los efectos de la sentencia se limitan al caso concreto que la ha motivado. Tal es la regla universal de derecho de la res judicata, o cosa juzgada”. (2)

2. Gudiño Pelayo, José de Jesús. Introducción al Amparo Mexicano, 2ª. Edición.  Edit. Noriega editores. México. 1999. pp. 95 a 97.

3. Arellano García, Carlos. El Juicio de Amparo. 1ª. Edición.  Edit. Porrúa.  México. 1982. pp. 369.
10 Recasens Siches, Luis. Tratado General de Filosofía del Derecho. 16ª. Edición.  Edit. Porrúa.  México. 2002. pp. 561 y 561.

4 Burgoa Orihuela, Ignacio. El Juicio de Amparo. 1ª. Edición.  Edit. Porrúa.  México. 1982. pp. 276 y siguientes.

  1. Citados por . Burgoa,  op. cit.  pp. 276 y 277. 
  2. Serrano,  obra citada. Pág. 30.
  3. 7  Escriche, Joaquín. Diccionario Razonado de legislación civil, penal, comercial y forense.  Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. México. 1998. pp. 634 y 635.

    8. Entiéndase el proceso penal en términos del encabezado del artículo 20, apartado “A”, que señala los derechos del inculpado en el proceso penal, el cual incluye desde la etapa de averiguación previa hasta el dictado de la sentencia definitiva.

    9. No en todos los casos el inculpado se ve afectado en su libertad personal, pues existen delitos que traen aparejada pena alternativa o no privativa de libertad, por tanto, en la mayoría de esos casos, no existe una restricción a la libertad personal. En todos los demás casos sí existe una  restricción a la libertad personal aunque el inculpado pueda gozar de su libertad provisional bajo caución.