Antecedentes

En lo concerniente al ejercicio de la acción penal, la sociedad percibe entre otros aspectos tres que resultan relevantes:

1.- Salvo los casos flagrantes con detenido, la mayoría de otros asuntos que se conocen en averiguación previa ya sea federal o local, parecieran estar sujetos a diversas actividades burocráticas que avanzan únicamente en virtud de una tasación económica.

2,- La intermediación que el Representante Social tiene en el proceso penal entre víctima y juez, en la mayoría de las ocasiones se percibe antieconómica por las largas esperas a consecuencia del volumen del trabajo y molesta por el malentendido "visto bueno" que se exige para cualquier solicitud.

3.- La elaboración del escrito de agravios que está obligado a realizar el Ministerio Público, para impugnar las resoluciones sobre las cuales los derechos de la víctima o la propia secuela procesal han sido violados.

Sobre el punto primero, los titulares de las diversas Procuradurías, están obligados a corregir mediante visitas e inspecciones, y sobre todo con mejores remuneraciones; las anomalías relativas al costo y avances de las averiguaciones previas.

El segundo aspecto acontece por un lado, debido a una mople visión de los aplicadores de la Ley sobre los derechos de la víctima y su adecuada participación procesal, aunque por otro lado, la necesidad de suprimir la intermediación ministerial, obedece fundamentalmente a un aspecto normativo constitucional que debe ser modificado y por su amplitud pertenece a un estudio diverso y;

El tercer aspecto del agravio penal, es motivo de la preocupación generalizada, sobre el elevado porcentaje de deserción e inoperancia, por el defecto técnico de la impropia impugnación; aspecto al que nos referimos.

El porqué de la deserción y la inoperancia

Es injusto atribuir a la actividad del Ministerio Público, toda la responsabilidad que resulta de estos dos aspectos, pues existen abundantes casos en los que la resolución de un juez queda firme, en virtud de la esencia misma del caso, por ejemplo: la parte ofendida en un proceso penal, exigirá la interposición del Recurso de Apelación en contra de una sentencia que impone una condena pues subjetivamente cree que su dolor o la contrariedad sufrida por el delito, ameritan una pena máxima; sin embargo en la mayoría de los casos al ser acorde la pena con los hechos y el estudio de personalidad del delincuente, dicho recurso no prosperará, incrementando la estadística negativa sobre el tema.

Hay otros asuntos en que a pesar de los buenos argumentos que en vía de agravio hace valer el Representante Social, tampoco prosperaran, por la imposibilidad de acceder a pruebas eficaces, debido a retractación de testigos, o que incluso de descubra en el proceso que el delito no es tal, por obedecer a denuncias malsanas, como sería la novia que sustituida por otra acusa al enamorado de violación; o las personas que riñen y en la exacerbación de su coraje, añaden haber sido violados pero con violencia. Estos ejemplos harto frecuentes y otras circunstancias similares, hacen ver el porcentaje de recursos ministeriales que no prosperan, como alarmantes; cuando la justicia en esos asuntos ha logrado colocar a los protagonistas sociales en su debido lugar y la estadística en ese sentido tiene una lectura relativa. Influye también la subjetiva resolución de la autoridad jurisdiccional, que a pesar de contener el escrito de agravios los elementos formales, en forma tajante y sin mayor argumento lo declaran desierto, dejando una duda inquietante sobre, si los requisitos formales están satisfechos, ¿Por qué los Tribunales revisores exigen subjetivamente mayores requisitos? o, ¿Por qué dogmáticamente los declaran desiertos sin expresión de motivo alguno?.

Lo verdaderamente trascendente estriba, en que la resolución de los recursos no tengan su fundamento en la desestimación por errores o defecto técnico, pues en esto va implícito un rango de corrupción intelectual por ineptitud, o peor aún, por un interés económico que produce "una impugnación floja" como se conoce en la práctica judicial y en cualesquiera de esos dos aspectos, la mala resolución n queda firma no porque esté correcta (aunque así lo estimen muchos jueces cuando se les confirma una resolución recurrida), sino por una mala técnica para exponer los argumentos penales, lo que implica en si mismo una injusticia.

Concepto de agravio

Tomar una definición de algún autor particular, abriría una amplia polémica sobre el contenido que debe tener el concepto de agravio, y eso lo dejamos a la especulación de los estudiosos del tema, importa en cambio para efectos eminentemente prácticos, señalar los elementos que contiene éste concepto jurídico, pues es la finalidad central del Órgano recurrente y del presente estudio.

El punto central de la materia de agravio, lo constituye tanto su contenido, como su vinculación con la resolución recurrida, y esto en relación con los temas fundamentales del Derecho Procesal Penal, que lo es el cuerpo del delito y la Responsabilidad presunta o definitiva. Visto de una manera muy sencilla, la estructura del agravio debe contener tres aspectos:

1.- La parte de la resolución que causa el agravio (premisa mayor) y,

3.- El concepto o argumento de violación (conclusión); Queda de esta forma integrado el silogismo lógico jurídico necesario para que la autoridad que resuelva el recurso, pueda no solo entrar al estudio de la inconformidad la petición. Cabe hacer la aclaración que la expresión puntual de estos tres rubros, colman la estructura lógica del agravio, pero ello no implica que necesariamente el recurso sea resuelto a favor, pues además la razón óntica le debe corresponder;

En otras palabras, no todo agravio bien estructurado tiene una respuesta favorable, ni la pertenencia de la razón jurídica merece un proveimiento de conformidad, pues en ambos casos el tener la razón y, saberla expresar con técnica, juegan un papel determinante.

Materia del agravio

Pueden distinguirse dos principales recursos en donde el agravio tiene su máxima expresión; la revocación y la apelación. El primero de ellos es en cuanto a su forma, más sencillo que el segundo, pues el silogismo lógico jurídico se integra señalando como premisa mayor el acuerdo que se recurre; como premisa menor, los preceptos violados; y como conclusión, la argumentación necesaria que evidencie la contradicción entre el acuerdo impugnado y las disposiciones legales no respetadas. En tanto que el segundo de los recursos, al tener como tema de estudio las principales decisiones que pueden ser tomadas en el proceso penal, como por ejemplo sería una resolución de libertad provisional o definitiva, o la imposición de una pena; es aquí donde reside como consecuencia, la relevancia de la estructura técnica del agravio, pues una decisión fundamental puede así ser corregida, evitando una lamentable impunidad (recordando únicamente que una mala condena compete al reo y su defensa impugnarla).

Nos ocuparemos de las decisiones que imponen una condena, pues ahí encontramos la mayor complejidad en la expresión de los agravios, ya que en las restantes decisiones se participa de una conformación del agravio mas sencillo, similar a la revocación; en donde la premisa mayor será la parte de la resolución que causa el agravio, como lo pueden ser los motivos para conceder la libertad provisional en algún delito; la premisa menor la disposición legal que impide la libertad en ese delito y ; La conclusión o concepto de agravio en donde se ilustre la contradicción entre el hecho real y la Ley que lo ampara, con la determinación impugnada. Cuando el recurso se interpone en contra de una sentencia definitiva absolutoria, los temas principales del Derecho Penal tienen que ser estudiados, y si tomamos en cuenta que en éste aspecto el agravio tiene que ser demasiado técnico, su contenido será consecuencia mas elaborado a esto nos referimos; en consecuencia, las impugnaciones menores o mas sencillas podrán tomarlo como referencia.

El agravio y la conducta delictuosa

Cuando se realiza el análisis de una conducta delictiva, éste debe hacerse de la manera natural como se observa cualquier acción humana, buscando responder las interrogantes ¿Qué se hizo?, ¿Cuál es el motivo de esa conducta? y, ¿Qué resultados se causaron?; y causalmente enlazar estos aspectos. Para el delito de esas mismas interrogantes subsisten, pues la única diferencia entre ésta y cualquier otra acción humana, lo constituye la censura jurídico-penal en su contra; sin embargo, los profesionistas de la Ley, extraviando el don de la simplicidad, pretenden ver la conducta humana penalmente relevante, a través de múltiples teorías (causalismo, finalismo, funcionalismo, o cualquier otro ismo), introduciendo un confuso lenguaje (llamando al sujeto activo "el señor del hecho", etc.) con lo cual la ciencia jurídica en una apariencia técnica sufre un avance, pero ante la sociedad justiciable, la percepción que se tiene, es que los abogados han creado una intrincada maraña de expresiones, con la que justifican u ocultan en una gran cantidad de casos, la sin razón de algún fracaso.

La impunidad se enseñorea, cuando se escucha decir: No encontré el dolo, no está contemplada la fechoría en una descripción legal, o bien, no se impugnó de manera debida tal sentencia; y la consecuencia de un aspecto de ésta naturaleza es dejar sin castigo a un delincuente. La impugnación de una sentencia es motivo de la crítica constructiva en éstas líneas.

Agravio y cuerpo del delito

Ningún otro concepto en los tiempos recientes, ha creado tal polémica como el del cuerpo del delito; aclamado por unos afirmando la evolución hacia el tipo penal, o VIII pendiado por quienes afirman incluso con marcación cronológica, que tal cantidad de años se han retrocedido por haber vuelto al manejo de dicho concepto.

Existe una realidad ineludible: Por disposición constitucional toda polémica sobre el particular queda eliminada, y en un orden de aprehensión, formal procesamiento, o sentencia de condena; debe acreditarse el cuerpo del delito, que procesalmente tiene 3 tipos de elementos; objetivos, subjetivos y normativos. A éste respecto cabe puntualizar la siguiente interrogante ¿Estos elementos son de cuño reciente o siempre han existido como parte integrante del cuerpo del delito?.

Algo tan sencillo como es una conducta humana, siempre tendrá una connotación interna o subjetiva que impulsa la acción misma, y que al llevarse a cabo en los hechos se exterioriza material u objetivamente, de ahí que se afirme que desde siempre, toda conducta humana tiene elementos objetivos y subjetivos, y cuando es relevante al Derecho penal, los elementos jurídico normativos que lo acompañan. Esta simpleza cuando los profesionistas de la Ley se elevan en múltiples teorías, es frecuentemente olvidado y se presenta un extravío en las disertaciones, que cuando la realidad de los casos concretos se presenta a sus ojo, ésta última los obliga al abandono del extravío y los coloca ante la evidencia indiscutible: La conducta humana aunque sea penalmente relevante tiene elementos objetivos y subjetivos, amén de los normativos que la norma penal añade.

Aunque la normatividad penal positiva reconoció tales aspectos apenas hace algunos años, dichos elementos ya existían con antelación y este aspecto pertenece a la fenomenología de la evolución de tal concepto. Por ser parte fundamental el cuerpo del delito, en las principales actuaciones ministeriales como lo son: el pliego de consignación, el pliego de conclusiones y consecuentemente la estructura del agravio; se realizan las precisiones siguientes:

Evolución del cuerpo del delito

Mario Estuardo Bermúdez Molina, en una conferencia publicada en los anales de Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en abril de 1990, ilustró objetivamente la evolución histórica de este concepto identificándolo en sus orígenes como: "Corpus Instrumentorum" (Instrumento o cosas con las cuales se cometió del delito) o "Corpus Probationem" (Las piezas de convicción, huellas, vestigios o rastros dejados por el delito, verbi gratia la pistola, navaja, la lesión causada, el objeto desapoderado, la sangre producto del disparo de arma de fuego), resaltando este concepto que cuando fue creado, sirvió de freno a la primitiva práctica de que cualquier conducta pudiera haber sido considerada como delito, y con posterioridad a éste concepto, en forma garantista se exigió el acreditamiento de cuando menos la evidencia material del delito, de ahí deviene la falsa percepción de que el hecho delictuoso o cuerpo del delito, únicamente estaba constituído por elementos o evidencias objetivas o materiales. Esta identificación errónea del cuerpo del delito igual a elementos materiales, ha provocado en la mente de muchos profesionistas de la ley Penal tal confusión, que ha provocado el diferimiento del avance de ésta disciplina jurídica por las polémicas estériles en que se han enfrascado.

Eduardo Herrera Lasso y G. en un estudio publicado desde el año de 1973, en la revista Criminalia , titulado "El cuerpo del delito", haciendo gala de extraordinaria síntesis, identificó lo que la doctrina extranjera, doctrina nacional, norma positiva y, precedentes jurisprudenciales, señalaban como contenido de lo que era el cuerpo del delito; concluyendo en 1973, lo que muchos años después en 1993 fue considerado en México como una novedad: Que el cuerpo del delito en cuanto a su ejecución, comprendía:

A) el sujeto activo,
B) el sujeto pasivo,
C) conducta,
D) resultado material,
E) nexo casual y
F) objeto material.

Existiendo a su vez diversas circunstancias del cuerpo del delito, a saber:
1) Referentes al sujeto activo,
2) Referentes al sujeto pasivo,
3) Referentes a la conducta y al resultado como lo son:
   a) medios comisivos,
   b) modos (elementos subjetivos del injusto, dolo o culpa),
   c) lugar,
   d) tiempo y
   e) ocasión;

4) Referentes al objeto material (cosa mueble, inmueble, etc).

Se identifican con claridad los actuales elementos objetivos, subjetivos y normativos del cuerpo del delito, encontrando en el cuerpo del delito y el juicio de tipicidad una vinculación indisoluble al afirmar que: "podemos afirmar que entre cuerpo del delito y juicio de tipicidad la relación es de antecedente a consecuente", y siguiendo el orden de las ideas plasmadas por Herrera Lasso, podemos añadir que cuerpo del delito y tipo penal, es una misma cosa, expresada con dos nombres distintos y basta para ilustrar esto con las expresiones positivas contenidas en la Ley que adelante se detallan:

Antes de 1984, se afirmaba en el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal que: "el cuerpo de los delitos que tenga señalada prueba especial, se justificará por la comprobación de los elementos materiales de la infracción"; tal expresión normativa que obedecía a la época en que fue emitida muchas décadas con antelación al citado año, pertenece a la interpretación de cuando fue creado el concepto del cuerpo del delito, en donde no debía castigarse un delito con pruebas arbitrarías de los hechos, sino cuando en forma mínima se acreditaran los elementos materiales (CORPUS INSTRUMENTORUM O CORPUS PROBATIONE, DE LA ÉPOCA CASI MEDIEVAL).

La interpretación del cuerpo del delito que se hacía antes de 1984, lo era en forma gramatical y por lo tanto parcial, pues se afirmaba que sólo se constituía por los elementos objetivos o materiales del delito; pero si la interpretación tenía su fundamento en un esquema sistemático del conocimiento jurídico-penal de la época (doctrina extranjera, doctrina nacional, disposiciones normativas vigentes y criterios jurisprudenciales positivos), la conclusión era que el delito tiene elementos objetivos, subjetivos y normativos, de la manera pulcra en que Eduardo Herrera Lasso lo había puntualizado, con varios lustros de antelación. Quienes no querían verlo de esa manera eran tan cortos de vista, que el Legislador para enmendar la confusión derivada de lo que se consideraba como cuerpo del delito, a partir de 1984 estableció que: "el cuerpo del delito se tendrá por comprobado cuando se acredite la existencia de los elementos que integran la conducta o hecho delictuoso, según lo determina la Ley Penal", haciendo alusión velada a los elementos materiales u objetivos, subjetivos y normativos, según lo pidiera la Ley; recordando que descripción de los delitos en algunos casos imponen la exigencia única de elementos objetivos, en otros ilícitos se complementa también con elementos subjetivos, en tanto que otros exigen el tercer elemento normativo, sin que implique que por necesidades los tres tipos de elementos tengan que coexistir en todos los cuerpos de los delitos o tipos penales que la Ley establezca.

Finalmente, resultó insuficiente la reforma de 1984, pues la forma de pensar generalizada, respecto de los que debe acreditarse en un hecho delictuoso fue confusa, pues no logró cambiar la forma de pensar de loa Abogados Penalistas, hasta que nuevamente el Congreso de la Unión que en esa fecha tenía el encargo de la elaboración de las Leyes en el Distrito Federal, reformó la codificación penal en el año de 1993, en los ámbitos sustantivo y adjetivo en lo que se denominó " la mayor reforma hecha desde la promulgación del Código de 1931", y entre las muchas modificaciones que se hicieron, lo fue el cambio del acreditamiento del evento delictuoso, a través del cuerpo del delito sustituyéndolo por el concepto de tipo penal, que fue de los mas significativos por introducirse en los artículos 168 del Código Federal de Procedimientos Penales y 122 del Código de Procedimientos Penales en el Distrito Federal, la ejemplificación de los elementos que deben acreditarse en la conducta-tipo penal, que fueron:

I.- La existencia de la correspondiente acción u omisión y de la lesión en su caso el peligro a que ha sido expuesto el bien jurídico protegido.
II.- La forma de interdicción de los sujetos activos; y
III.- La realización dolorosa o culposa de la acción u omisión.

Asimismo, se acreditará si el tipo lo requiere:
A) las calidades del sujeto activo y del pasivo;
B) el resultado y su atribuibilidad a la acción u omisión;
C) objeto material;
D) los medios utilizados;
E) las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión;
F) los elementos normativos;
G) los elementos subjetivos específicos y
H) las demás circunstancias que la ley prevea.

De la información anterior podemos afirmar, que la interpretación sistemática que Eduardo Herrera Lasso, hizo en el año de 1973 respecto de los elementos que integran el cuerpo del delito y lo que el Legislador en el año de 1993 estableció como tipo penal y los elementos que lo constituye; son una misma cosa, pues ambos conceptos se refieren en última instancia a los elementos que acreditados constituyen una conducta delictiva; de ahí que cuerpo del delito, tipo penal y conducta delictiva, tengan una equivalencia de contenido óntico-termático, pudiéndose afirmar con relatividad del caso que se trata de una sinonimia. Claro está, que en un sentido técnico el cuerpo del delito evolucionó con mayo rigor científico a los que se conoce como tipo penal, pero por mas argumentos racionales que se invoquen para decir que son dos cosas distintas, una realidad inobjetable se opone a su separación, y es que ambos conceptos se refieren a lo mismo: A la conducta delictiva, y esto los vuelve a colocar en una equivalencia sinonímica.

La acertada reforma de 1993, por eliminar la confusión existente sobre el contenido de los elementos del cuerpo del delito, pues llevaba de la mano el jurista penal y, le indicaba el camino de lo que era necesario acreditar para que un delito existiera y en esto no había vuelta de hoja, antes de esa fecha, sólo los interpretadores profundos como Herrera Lasso, conseguían derivar de la descripción legal, todos estos elementos; criterio que chocaba con la interpretación mediocre basada en la simple lectura gramatical de la Ley. Se suponía que esta reforma eliminaría la confrontación de los penalistas, pudiendo coloquialmente advertir un llamado de "no se hagan bolas", estos son los elementos de la conducta delictiva y no otros. Sin embargo, la disputa en vez de concluir, se exacerbó al polarizar a los turistas penales en dos grupos: Por un lado los teóricos de la ley penal que hablaban en forma insostenible de la transición de teorías, donde se había abandonado "el causalismo", y se dejaba paso a un "finalismo", y con argumentos técnicos confusos, pretendireon exigir a los aplicadores de la Ley Penal, un cambio de mentalidad; un cambio en las formas de plasmar los argumentos en las resoluciones penales, y un cambio también de apreciación de las conductas delictivas, multiplicando las exigencias de los medios de prueba para acreditar un hecho (no de los elementos del delito, pues siempre fueron los mismos; objetivos, subjetivos y normativos). El resultado fue un caos, en donde la sociedad advirtió con espanto, que los penalistas posiblemente habían extraviado la razón, y el origen de esto parecía estar en el cambio de conceptos que el cuerpo del delito, y del tipo penal y de las teorías que nacían de éste último, así como de las múltiples polémicas que encarnizadamente sostenían los unos (teóricos confusos) y los otros (aplicadores de la Ley que teniendo contacto directo con la realidad, percibían una disfunción entre teoría y práctica). El legislador interpretador de la voluntad popular, escuchó el clamor social para poner fin a la disputa entre los penalistas y diciéndoles entre líneas "no se sigan haciendo bolas", pone fin a las absurdas polémicas teóricas, y en el año de 1999 modifica lo relativo al acreditamiento de tipo penal y lo regresa al acreditamiento del cuerpo del delito, simplificando los requisitos, señalando que los elementos del delito son: objetivos, subjetivos y normativos; y como si esto fuera una solución mágica, las polémicas y los teóricos parece que desaparecieron, y la cordura regresó al foro, penal mexicano.

Algunos afirman un retroceso en la disciplina penal por éste último cambio, y les asiste la razón, en cuanto a la evolución temporal de los conceptos únicamente, pues lo confuso de las ideas penales de la última década del siglo XX en México, logró consolidar en los hechos, que los abogados cuando analizan un delito por ejemplo, el robo, dicen que se integra: Por los elementos

OBJETIVOS:
1.- Conducta de apoderamiento,
2.- Sujetos activo y pasivo,
3.- Resultado material, cuando el objeto sale de la esfera del pasivo o se pone en peligro,
4.- Nexo causal, entre conducta y resultado,
5.- objeto material y bien jurídico tutelado,
6.- Forma de participación,
7.- Circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión;

SUBJETIVOS:
8.- Dolo, intención o propósito de apropiación,

NORMATIVOS:
9.- Cosa mueble y ajena,
10.- Apoderamiento sin consentimiento ni derecho.

En éste orden de ideas afirmamos que el avance de la cultura jurídica que ganamos con la reforma de 1993, no se perdió ni hubo retroceso por la reforma de 1999, pues la manera de interpretar a la conducta delictiva-cuerpo del delito-tipo penal, se ha establecido en forma mas o menos uniforme a nivel nacional, y se hace en términos similares al ejemplo reseñado. Por fin las disputas teóricas volvieron a ser objeto de estudio del ámbito académico y no de farragoso experimento social.

Técnica del agravio y los elementos formales de la sentencia

La estructura física de una sentencia de condena, se identifica por cuatro rubros principales:
1.-Preámbulo, que contiene la información necesario para identificar el asunto particular en el estudio;
2. Resultandos, en donde se resume la historia de la secuela procesal;
3. Considerandos, que es la parte en donde se vierten los argumentos en relación a:
   3.1 la competencia del Organo Jurisdiccional,
   3.2 los elementos del cuerpo del delito que se analiza y la ponderación de las pruebas que lo soportan,
   3.3 el estudio de la Responsabilidad penal e igualmente la valoración de los medios que las sustentan , y
   3.4 estudio de la individualización de la pena;

4.Resolutivos. Se menciona los requisitos de la sentencia de condena, pues es la resolución más amplia que permite un mejor estudio del agravio, pues resoluciones mas sencillas se recurren en forma similar con menos argumentos.

En relación a la técnica del agravio cuya premisa mayor nos impone la obligación de señalar la parte de la resolución que causa el agravio, la identificación precisa de los argumentos que se tienen que impugnar, juega un papel preponderante en la estructura formal del agravio; el preámbulo y los resultandos por contener únicamente información relativa al juicio, no constituirán esta premisa mayor, y los resolutivos únicamente lo serán, como consecuencia del estudio y valoración de las pruebas contenidas en los considerandos. Lo anterior permite concluir que la parte de la resolución que como premisa mayor tiene que mencionarse y de preferencia transcribirse, estará en los considerandos. También es necesario identificar dentro de los considerandos la parte relativa a impugnar, pues como se dijo, un considerando relativo a la competencia raras veces constituirá materia de agravio, al igual que aquél en donde se conceda de conformidad la petición ministerial, podemos ejemplificar los argumentos de una sentencia de la siguiente manera

Considerandos de identificación de la premisa mayor

I. Estudio del cuerpo del delito
Afirme el juzgador que si se integran varios elementos del cuerpo del delito en los argumentos A y B; pero en el C, señala no integrado uno y por ende no hay cuerpo del delito ni responsabilidad
penal.

II.- Estudio de Responsabilidad Penal
Afirma en los argumentos B y C, que a pesar de existir cuerpo del delito las pruebas no son eficaces para acreditar la responsabilidad penal.

III.- Estudio de individualización
Existiendo cuerpo del delito y de la pena. Responsabilidad penal, hay inexactitud en el señalamiento de la pena.

En relación a los tres casos anteriores y a la exigencia rigurosa de los elementos que debe contener el agravio, debe puntualizarse lo siguiente:

1.- Dolo se debe impulsar la parte de la resolución que motive controversia, pues si se afirmó que existe cuerpo del delito y no responsabilidad penal, y se insiste en los agravios que la parte de la resolución que se combate es la relativa al cuerpo del delito; la consecuencia es que la parte relativa a la no responsabilidad penal queda firme, por la sencilla razón de no y haberse impugnado.

2.- En su caso se recomienda la transcripción de ésta parte de los considerandos en el escrito de agravios, y si tomamos en cuenta el primer caso del párrafo anterior, tenemos que sobre los argumentos Ay B no tienen porque citarse, ya que el juez afirmó que parte de los elementos si acreditan, en consecuencia, la parte de la resolución que cause agravio lo será el argumento C, motivo de la transcripción;

3.- Igualmente será materia de agravio la parte conclusiva que afirme, que si no hay cuerpo del delito, tampoco existe responsabilidad penal, teniendo que impugnarse lo relativo a la responsabilidad en agravio aparte, pues en caso contrario queda firme.

La premisa mayor o preceptos legales violados, no requieren de mayor comentario, pues la cita de los preceptos que tenían que aplicarse y que el Juez decidió no hacerlo o simplemente lo omitió, se derivan de la propia lectura de la sentencia.

Concepto de agravio, es donde se debe tener cuidado al expresar la controversia necesaria y no sólo argumentar para llenar cuartillas, aquí es donde se vinculan los argumentos del Juez, con la materia misma de la apelación que es: Verificar la aplicación inexacta de la Ley; la vulneración a los principios rectores de valoración de la prueba; o bien la modificación de los hechos, vinculando estas opciones con los razonamientos negativos contenidos en los considerandos, por ejemplo:

1. Si se tienen en relación al cuerpo del delito tres tipos de argumentos A, B, y C y en todos ellos se afirma no existe cuerpo del delito, el Representante Social debe presentar controversia por cada una de ellos; pues la consecuencia en caso contrario será que quedarán firmes aquellos no combatidos y por ende infructuoso su recurso.

2. Después de controvertir todos los argumentos, se recomienda la reiteración y expresión de cómo se integra el delito y las pruebas que lo acrediten (en términos similares al escrito conclusivo, mismo que puede reiterarse), para que la Sala revisora esté en oportunidad de proveer de conformidad su petición, evitando resoluciones en el sentido de que no se puede suplir la deficiencia del agravio, pues no se señala cómo se integra el delito y los elementos de convicción que lo acrediten.

3. Expresado el agravio en relación al cuerpo del delito, hay que expresar otro respecto de la responsabilidad penal, estableciendo los elementos que la conforman a saber: a) dolo, b) forma de intervención c) antijuridicidad y d) culpabilidad; así como la ponderación de los medios de prueba que los conforman. El Tribunal de Apelación estará obligado a su estudio y se evitará una declaración de inoperancia, diciendo que si bien se tiene por acreditado el cuerpo del delito, al omitirse agravio relativo a la responsabilidad penal, queda firme la parte de la sentencia que agregaba "...y en consecuencia no se entra al estudio de la responsabilidad penal por no acreditarse el cuerpo del delito...".

4. El concepto de agravio relativo a la responsabilidad penal y también a la individualización de la sanción, deberá igualmente controvertir todos y cada uno de los argumentos de la sentencia, y de ésta manera se tendrá mejor expectativa en la calificación positiva de los agravios del Representante Social.

Quizás el subsiguiente riesgo que haya que afrontar, sea el exagerado criterio sustentado por algunos Órganos Jurisdiccionales Federales, que en la aplicación lógica de la exigencia de los elementos del delito, refieren: "...se limitó a citar las pruebas que en particular considera satisfacen ese requisito, sin precisar en el caso cuales eran los elementos objetivos y normativos del delito, así como los subjetivos si es que en el caso el tipo lo requería.

Como también se aprecia, no razonó el contenido de los medios de convicción integrantes de la averiguación previa, ni expresó el valor que cada uno de ellos merecía conforme a las prescripciones legales aplicables al caso, para después señalar cuales de ellos acreditan cada uno de los elementos objetivos, normativos y subjetivos y en el caso cuales tienen el valor de indicios, cuales de categoría de prueba plena, cuales son pruebas directas o circunstanciales, para después concluir si en el caso se encontraban satisfechos tales requisitos y que en su conjunto acreditan el cuerpo del delito y la responsabilidad penal...". Criterio en donde se potencializa las necesidades de la lógica racional, y la llevan a un extremo irracional e injusto, pues existen medios de prueba que en algún aspecto tengan valor pleno y para otro, el mismo medio de prueba tenga una valor indirecto, circunstancial o nulo, y al exigir ésta abundancia de condiciones se torna el análisis de valoración en confuso, de igual manera que acontece al interpretarse en sentido gramatical-estricto una norma de justicia, en donde la exageración la convierte en injusta, de ahí que la lectura de la narración de unos hechos delictivos en los términos que se solicitan en éste estudio los trastoca en inentendibles e ilógicos, por el contrario, lo sencillo pero completo ayuda más al avance de la ciencia del Derecho, que la agudeza intrincada de la exageración lógica.